RAUL HERAS

Se habrán reenviado miles de veces en menos de 24 horas y seguirán de protagonistas navideños durante muchos días. Duran 27 segundos los abrazos que se dan diez de ellos y se cierra la evidente broma navideña, realizada con Inteligencia Artificial y mucho ingenio humano, con un beso que sería la portada de todas las revistas, periódicos y web del mundo. El beso del año. Vestidos con esos jerseis que solo se ponen en estas fechas vemos a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo abrazarse y sonreirse, lo que sería todo un gran acuerdo político para alejarse de los juzgados y dedicarse a discutir del paro, la sanidad, las pensiones, las guerras del exterior, la deuda pública, de todo lo que debería ser verdad, pero es mentira, claro

Ni Pedro Sánchez, ni Alberto Níñez Feijóo pueden hacer otra cosa que lo que ya están haciendo. El presidente del Gobierno es consciente de que debe resistir el acoso constante de la oposición e intentar que sus socios de investidura le aguanten, con concesiones, hasta las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027, que serían la antesala de las generales unos meses más tarde. En la pequeña Numancia en que se ha convertido Moncloa creen que pueden lograrlo pese a lo que llaman “maquinaria de guerra” del Partido Popular. Las fuerzas aliadas de las que disponen y que le permiten a Sánchez gobernar desde mediados de 2018 tienen muy diversos intereses, pero coinciden en un punto esencial: si hay convocatoria anticipadas a las urnas ninguna de ellas, desde Junts a Podemos, van a conseguir mejor resultado que el que ya tienen y por el que logran beneficios que serían impensables con un Gobierno de la derecha que suman el PP y Vox.

No son los muros de Jericó pero los treinta años que lleva el Partido Popular gobernando la Comunidad de Madrid se le parecen y mucho. El 28 de mayo de 1995 comenzaba ese “reinado” ininterrumpido gracias a la aplastante mayoría absoluta que consiguió Alberto Ruíz-Gallardón frente al socialista Joaquín Leguina y el dirigente de IU, Angel Perez.

Tres años antes de que el Papa Benedicto XIV lo incluyera en la lista de los libros prohibidos por la Iglesia, Charles de Montesquieu escribió “ El espíritu de las Leyes”, la base política y jurídica sobre la que ha girado Occidente desde hace casi tres siglos. La necesaria separación de los poderes del Estado en Legislativo, Ejecutivo y Judicial permitiría que los equilibrios en la gobernanza de los países impidiesen las dictaduras, ya fueran estas reales o populares. Un obra cargada de buenas intenciones que ha permitido, sobre todo a partir de mediados del siglo XX que la forma de los Estados y del poder en los mismos no impida que el segundo y el tercero de esos poderes se Impongan al primero. Hoy, aquí, en España la comprobación es fácil y evidente. En el resto del mundo ocurre lo mismo y de forma acelerada merced a la presencia masiva de las nuevas tecnologías en el desarrollo del control de la sociedad.

En 48 horas, las que van del 20 al 22 de noviembre de 1975, España pasó de ser una Dictadura a convertirse en una Monarquía. La democracia parlamentaria que conocemos hoy tardó 19 meses más en llegar, primero con unas elecciones generales, luego con un Refréndum para aprobar la nueva Constitución y, finalmente, para otras elecciones ya con la nueva Carta Magna como guía que ha llegado a nuestros días. La democracia no acabó con Francisco Franco, el Generalísimo murió en la cama de un hospital tras un largo proceso de deterioro físico. Tampoco regresaron las libertades en aquel mes de noviembre. Todo sucedió muy rápido, sin que los ciudadanos se dieran cuenta de la velocidad a la que iba el cambio.

De nuevo hoy, lunes 9 de diciembre, tres encuestas llamadas políticas y con resultados totalmente distintos, confirman que esos sondeos “de encargo” les sirven a los partidos como armas de sus dirigentes para defender las posiciones internas en sus organizaciones. Insistir cada semana en los porcentajes de votos que tendrían en una cita electoral, cuando no está, ni se la espera, y en los escaños que conseguirían de cara a una posible sesión de investidura, es un ejercicio sociológico tan inutil como interesado.

Se han convertido en la mayor amenaza para el presidente Sánchez, para el Gobierno,para el PSOE y para la izquierda en general. Forman la Triple A que, con todos los casos abiertas por presuntas corrupciones en los juzgados, desde los de Instrucción en la plaza de Castilla al Tribunal Supremo, pasando por la Audiencia Nacional, proporcionan más datos, más declaraciones, más documentos, más pen drive encriptados con los que alimentar sus acusaciones.

Al presidente del Gobierno no le queda más remedio que mantenerse en pié, culpar de todos los males que padece a la malvada derecha que encabeza Alberto Núñez Feijóo, echarse políticamente más a la izquierda para mantener los apoyos que necesita, lanzar el señuelo de una empresa pública de vivienda dispuesta a edificar todas las que hagan falta, y afirmar que piensa mantenerse como candidato del PSOE para las futuras elecciones generales de 2027. Ese horizonte es su meta, y no debería ser la de la oposición. La vida política española no puede encajarse dentro del estrecho desfiladero de las mentiras. En esa especie de Termópilas, Pedro se siente como Leónidas y deja a Feijóo el papel de derrotado persa. La historia real no es la mitificada narración que hicieron los macedonios y los griegos, y que ha servido de guión para decenas de películas, pero en estos inicios de la apabullante realidad de la Inteligencia Artificial, lo real tiende a desaparecer devorado por las fantasías y las mentiras.

Con comodidad el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE va ganar el 41 Congreso Federal de su partido. Ninguna de las 17 Federaciones se va a oponer a la renovación de su cargo, al igual que tampoco se van a oponer a que Pedro Sánchez reorganice los órganos de dirección con los más fieles entre los fieles. Y dentro de dos o tres meses veremos cómo ese mismo criterio se impondrá en los Congresos autonómicos. El PSOE es un partido forjado en un proceso de dos caras: asume con dificultades y alguna que otra trampa el proceso democrático de elección de los compromisarios para sus Congresos, sobre todo cuando no goza del poder del Gobierno; y cambia de forma radical cuando la secretaria general coincide con la presidencia de los gobiernos. En ese momento se impone la dictadura del Jefe. Este es uno de esos momentos: Sánchez es el jefe y su autoridad no se discute en público, ni se busca su derrota en un Congreso, algo que llevaría a la convocatoria de nuevas elecciones generales.

El secretario general de los socialistas madrileños sabía desde hace meses que tanto desde el fortín de La Moncloa, con Felix Bolaños y Oscar Lopez como ejecutores, como desde la torre de la sede central del PSOE, con Santos Cerdan como máximo estratega de la operación, habían decidido quitarle de su cargo. En octubre decidió que, una vez muerto nadie acudiría a su entierro, y lo mejor que podía hacer era salir al campo de batalla, con las espaldas jurídicas bien cubiertas

Si Joe Biden, en su larga despedida del poder mundial que se ejerce desde La Casa Blanca, ha aprobado que el presidente ucraniana, Volodomir Zelensky pueda lanzar misiles de largo alcance y el uso de minas personales para sembrar el suelo de su país, en España un sólo hombre, al que se le concedió un “visado de libre tránsito” por las estructuras del Estado, haya sembrado de minas el 41 Congreso Federal del PSOE. Victor de Aldama, a una semana del inicio del gran cónclave, con su testimonio en la Audiencia Nacional, ha abierto el portón del miedo en el partido. Este viernes y sábado, Pero Sánchez está obligado a conseguir una mayoría clara y contundente entre sus compañeros en apoyo a su gestión. Y éstos, con todas las dudas que tengan en su cabeza, a proporcionársela.

Los 350 españoles que están sentados en el hemiciclo del Congreso tienen la obligación de explicar a todos los ciudadanos la tragedia de Valencia, con sus doscientos treinta muertos, sus altos niveles de destrucción y la herencia que el barranco de el Poyo ya ha dejado para varias generaciones de valencianos. No basta con la elección del teniente general Gan Pampols para la reconstrucción, que llevará años, ni con las declaraciones de los partidos atacándose y cargando las culpas en sus rivales, ni las comisiones parlamentarias que se organizan en el Congreso, en el Senado o en las Cortes valencianas. Tampoco bastará con los necesario y obligados sumarios judiciales que depuren las responsabilidades judiciales y económicas. Son los políticos los que deben demostrar que están a la altura de la responsabilidad que se les otorgó en las urnas.

Sin Victor Aldama todo el entramado de gestiones, favores, comisiones y movimientos de dineros que aparecen en los sumarios que se llevan en la Audiencia Nacional y en el Juzgado de Instrucción 41 se encontrarían en un callejón sin salida. Es Victor Aldama el eje de casi todo y se dispone a pactar su salida de la cárcel con el Ministerio Fiscal a cambio, es de suponer, de contar todo lo que sabe y parte de lo que se imagina. El intermediario y conseguidor aparece por todos los sitios, presionando, pactando y, por supuesto, cobrando.

En una semana, con la tragedía de Valencia y la victoria de Donald Trump, los equilibrios dentro de la Unión han cambiado. La alemana Ursula Von der Leyen creía que sus propuestas para formar la nueva Comisión serían aceptadas y podría poner en marcha las medidas que Europa necesita para no convertirse en tan sólo un mercado interior, sin proyecto político común y menos sin los acuerdos necesarios para sobrevivir en el nuevo escenario que el cambio de gobierno en Estados Unidos va a producir.

Todo lo previsto para este viernes en la Comunidad valencina, con la explicaciones del presidente Mazón ante las Cortes, se ha cumplido. No ha dimitido, ni piensa hacerlo. Anuncia los ceses necesarios para intentar callar los ánimos de los ciudadanos, y cambia la estructura interna de su gobierno, creando una vicepresidencia y una consejería para hacer frente al cambio climático y las consecuencias que tendrá en futuras inclemencias. El siguiente paso, que ya ha iniciado con el apoyo total de Núñez Feijóo y el PP, es mantener el ataque a Teresa Ribera como máxima responsable de las Confederaciones Hidrológicas, incluída, por supuesto, la del Jucar.