RAUL HERAS

La alegría nacional por la victoria futbolística durará apenas 48 horas. Ganó la España plurinacional y el ejemplo de la unión de vascos, catalanes, andaluces y castellanos para ganar el Mundial se perderá en la lucha política y en los tribunales.

El 18 de julio de 1936, el Gobierno de la República informó por radio a los españoles de que el Ejército de Marruecos se había sublevado, pero que la situación estaba controlada. Salieron los nombres de los generales Mola, Sanjurjo, Yagüe y el del hombre que finalmente se convertiría en la cabeza del golpe militar, Francisco Franco, que voló el día anterior desde el aeropuerto de Gando, en Canarias, hasta Tetuán, tras una breve parada en Casablanca, en el “Dragon Rapide”, un bimotor que el entonces marqués Luca de Tena había alquilado en Londres, con dinero de Juan March, para un “vuelo turístico” ya ensayado por el mismo piloto unos meses antes. La peor de las heridas que puede sufrir un país, la de una guerra entre hermanos, entre vecinos, entre amigos, comenzó a extenderse por el resto del país durante tres largos años.

El Tribunal de Justicia de la UE avala la amnistía a Puigdemont, un primer paso necesario para el regreso del expresidente de Cataluña. Los otros dos pasan por el Supremo y el Constitucional, que deberán tramitar otros dos recursos.

Los dirigentes de la Europa de los 27 países y de la OTAN de los 34, nacida para defender Europa ante la desaparecida URSS y el Pacto de Varsovia, saben que su dignidad la ha tasado el presidente norteamericano en ochocientos mil millones de euros, no para aumentar la felicidad de sus ciudadanos ni para fortalecer su proyecto histórico de espacio democrático de libertades. No; es para invertir en la compra y fabricación de armas con las que mantener la guerra en Ucrania, vencer a la Rusia de Putin y convertir a cada uno de los países en un arsenal militar.

Los mil tentáculos de Leire Díez conseguirán que el juez Santiago Pedraz no tenga más remedio que llamar al presidente del Gobierno a su juzgado en la Audiencia Nacional. Si fuera como testigo, tendría que responder con la verdad a cada pregunta que pudiera hacerle; si fuera como investigado, toda la causa pasaría al Tribunal Supremo.

Guion cumplido una vez más. Donald Trump atacó a Europa por no apoyarle en la guerra de Irán, pidió de nuevo que Groenlandia pasase a ser un estado más de Estados Unidos, insistió en la necesidad de que los miembros de la OTAN inviertan el 5% de su PIB en defensa y convirtió a Pedro Sánchez en su alumno favorito para regañarle con lo mejor de su florido lenguaje de insultos, primero, y ofrecerle la mejor de sus sonrisas después. España pasó de país perverso y nada fiable a país que se comprometía a invertir todo lo necesario en armamento.

Los calendarios judiciales tienen el ritmo que impongan los jueces, y estos abren diligencias, instruyen sumarios, suman pruebas y terminan elevando a las respectivas salas sus decisiones sobre la apertura de juicios para los acusados. Por medio están las periciales, las acusaciones fiscales y populares, los recursos… Todo ese entramado legal termina casi siempre de la misma manera, en el noventa por ciento de los casos: condenas de distinta graduación y años de cárcel, que generan nuevas rondas legales en la pirámide judicial hasta llegar al Tribunal Constitucional, a Europa e incluso a las Naciones Unidas.

Llegaron al Gobierno como representantes de un “movimiento” que aspiraba a convertirse en partido y que se está deshaciendo de la misma forma que lo hacen los azucarillos en un vaso de agua. Convertida en líder de esa suma de siglas que era Sumar, Yolanda Díaz se convirtió en vicepresidenta y colocó a su lado a Ernest Urtasun en el Ministerio de Cultura, a Mónica García en el de Sanidad, a Pablo Bustinduy al frente de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y a Sira Rego, que representa a la vieja Izquierda Unida de Antonio Maíllo, en el Ministerio de Juventud e Infancia. Una cuota pactada por Pablo Iglesias desde el ya lejano 2018.

Camino de sus 48 años y presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2019, la avispa que estudió Periodismo y esperó con paciencia su tiempo de crisálida política, en la que la colocó Esperanza Aguirre, ha pasado de ser ninguneada a ser temida, de verla como prescindible a considerarla indispensable, de no tener imagen política a explotar su imagen mejor aún de lo que hizo en sus inicios Pedro Sánchez. Surgió como un volcán desafiante e inesperado, cargado de lava y cenizas que asustan. Estas son sus diez fases de larva curiosa a velutina furiosa:

Sin la Ley de Memoria Histórica de 2007, que impulsó el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que Pedro Sánchez amplió y transformó en Ley de Memoria Democrática en 2022, los miedos de Feijóo y Abascal a no conseguir el poder en las próximas elecciones generales no existirían.

Convertido el último Comité Federal del PSOE en el primer gran acto electoral del largo año que nos espera hasta los comicios municipales y autonómicos de 2027, los dirigentes socialistas, los que aplaudieron al líder con el miedo en el cuerpo ante las noticias que se sucedan en los tribunales sobre las corruptelas de quienes fueron sus compañeros desde la sede central de la madrileña calle Ferraz, van a vivir durante los próximos meses con la duda de si su secretario general y presidente del Gobierno hará que las elecciones generales coincidan el 23 de mayo con las que ya están fijadas por ley.

Los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE se irán tramitando en los distintos juzgados y tardarán años en terminar con las condenas o absoluciones que dictaminen los jueces. Ese es el camino de la Justicia, que se encontrará con la autopista de la política y las elecciones, con cambios en los gobiernos que salgan de las urnas.

En una semana, el presidente del Gobierno tendrá que enfrentarse al más duro de los Comités Federales de su partido. Más agrio, más dividido y con más miedo entre sus miembros que el que tuvo que afrontar en el mes de julio de 2025, ya con los escándalos de Ábalos, Koldo, Cerdán, Leire, su mujer y su hermano en los tribunales y en las portadas de todos los medios de comunicación cada día. La presidenta, Cristina Narbona, debe moderar una batalla en la que ella misma está implicada “gracias” a esas agendas de la “fontanera”, tan bien guardadas sobre su mesa.

Cada día, la petición de las varias derechas de este país es la misma: queremos que se celebren elecciones generales. Se lo dicen al único que puede convocarlas, que es quien no quiere. Y reciben la misma respuesta: se celebrarán en 2027, cuando haya terminado la actual legislatura.