La UNED reúne a más de 40 especialistas para debatir sobre justicia climática

La UNED y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) celebraron en Madrid, los días 22 y 23 de octubre, el Congreso Internacional Justicia climática, ciencia y derechos. Desafíos y horizontes. Más de 40 especialistas analizaron los desafíos jurídicos, científicos y sociales del cambio climático y la necesidad de estrechar la colaboración entre ciencia y derecho para proteger los derechos humanos, en particular los de las poblaciones más vulnerables y las generaciones futuras.

El congreso, organizado conjuntamente por ambas instituciones, se celebró en dos sedes: la primera jornada tuvo lugar en el CEPC y la segunda, en la UNED. En la inauguración participaron el rector de la UNED, Ricardo Mairal; la decana de la Facultad de Derecho, Sonia Calaza; la directora del CEPC, Rosario García Mahamut, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, investigador de la UNED y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los participantes estuvieron Elisa Morgera y Astrid Puentes, relatoras especiales de Naciones Unidas en materia de cambio climático y medio ambiente, respectivamente, y Rodrigo Mudrovitsch, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También intervinieron representantes de tribunales internacionales, del Tribunal Constitucional español y de cortes constitucionales latinoamericanas, además de científicos, investigadores y especialistas en derechos humanos.

Ciencia, justicia y protección de derechos

Una de las conclusiones principales fue que la crisis climática no puede abordarse solo desde una perspectiva ambiental o tecnológica: también requiere atender a la justicia, la igualdad y la protección de los derechos fundamentales. Aunque sus efectos se extienden por todo el planeta, sus consecuencias se distribuyen de forma desigual y afectan especialmente a poblaciones que, con frecuencia, han contribuido menos a generar el problema.

Los participantes resaltaron la importancia de incorporar el conocimiento científico a las decisiones jurídicas. La investigación permite identificar riesgos, anticipar daños y evaluar sus consecuencias; el derecho, por su parte, debe establecer mecanismos eficaces de prevención, protección y reparación. Esta colaboración también resulta relevante para determinar las obligaciones de los Estados y las responsabilidades derivadas de ciertas actividades económicas.

Los tribunales internacionales y constitucionales ocuparon un lugar destacado en los debates. Sus decisiones contribuyen a definir las obligaciones de los poderes públicos ante el cambio climático y a garantizar el acceso a la justicia de las personas y comunidades afectadas. El encuentro permitió comparar experiencias de distintos sistemas jurídicos y profundizar en la incorporación de la mejor evidencia científica disponible a la protección de los derechos humanos.

Generaciones futuras, políticas climáticas e información

La protección de los colectivos vulnerables y los derechos de las generaciones futuras fueron otros ejes del congreso. Los especialistas analizaron cómo las decisiones actuales pueden condicionar la vida de quienes todavía no han nacido y subrayaron la necesidad de incluir esta perspectiva intergeneracional en las políticas públicas y en los mecanismos de protección jurídica.

Las nueve mesas de trabajo trataron la prevención de desastres naturales, la sostenibilidad, las obligaciones de las empresas y la participación ciudadana en las decisiones ambientales. También examinaron el potencial de los datos y la inteligencia artificial para analizar riesgos y diseñar políticas climáticas, junto con los desafíos sobre la fiabilidad de la información, la transparencia y las garantías para un uso responsable.

El congreso concluyó con una reflexión sobre el acceso a la información pública y la lucha contra la desinformación climática, aspectos considerados fundamentales para una participación ciudadana informada. La conferencia de clausura estuvo a cargo de Ricardo Pérez Manrique, juez y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el cierre participaron Carlos Vidal Prado, director del Departamento de Derecho Constitucional de la UNED, y Javier Sanz Gonzalo, vicerrector de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica.

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