Las leyes actuales sobre inmigración y acogida de menores no acompañados no facilitan la salida a la crisis. Leyes que se aprobaron durante el Gobierno de Mariano Rajoy y que no se han cambiado. El responsable principal es el inquilino actual de La Moncloa, que tiene a su principal opositor, Alberto Núñez Feijóo, y al auténtico líder de la derecha española, José María Aznar, como dos enemigos —que no adversarios— que demuestran su desprecio por la auténtica imagen de España y por las normas legales que hasta ahora han funcionado para “administrar” una inmigración que España necesita como mano de obra barata y siempre en precario social.
El presidente Sánchez reconoció el 31 de julio que la integridad territorial de España había sufrido un ataque sin precedentes, pero tras ese reconocimiento se marchó de vacaciones a La Mareta, donde permaneció durante 25 días. Una actitud que ni era ni es comprensible. Un presidente tiene la obligación de estar en primera línea y de transmitir con la imagen esa actitud. No basta con las visitas diarias de ministros, ni con las declaraciones de algunos ministros; ni mucho menos con que los titulares de Interior y Defensa, de los que dependen las Fuerzas Armadas, el CNI, la Guardia Civil y la Policía, se enfrenten en público con dos versiones encontradas y que trasladan la responsabilidad de un ministerio a otro.
Ceuta ya era un rehén, al igual que Melilla, de Marruecos, que mantiene desde hace cincuenta años las mismas reivindicaciones sobre las dos ciudades españolas. Ningún Gobierno ha actuado ante ese hecho evidente. Se han comportado bajo el síndrome del cautivo que no desea encolerizar a su captor, a la persona o al país que utiliza el chantaje continuo para obtener posiciones de ventaja.
España carece de una política exterior que vaya más allá del color del Gobierno de turno, algo que Gran Bretaña hace a la perfección desde hace siglos. Con cada cambio de presidente cambia la política hacia los socios más cercanos, Europa, y hacia los adversarios más lejanos. Si nos alejamos de los Estados Unidos de Donald Trump y del Israel de Benjamin Netanyahu, deberíamos saber cuál va a ser el precio a pagar. La ética y la solidaridad hacia los más débiles pasan a un segundo plano. Y eso está pasando con un Gabinete que está partido en varios trozos desde hace muchos meses.
Los ciudadanos de Ceuta son interraciales y, hasta ahora, nada dados a la violencia. Se sienten atacados y tienen razón, sobre todo cuando sus dirigentes no ayudan en los remedios y echan gasolina al incendio. Jesús Vivas ya ha demostrado que, ante la presencia de José María Aznar —quien durante sus ocho años de Gobierno solo fue a Ceuta en una ocasión—, su sumisión era muy parecida a la adoración de un creyente ante una imagen de santo al que se encomienda para pedirle por su futuro.
Pedro Sánchez se equivocó y se sigue equivocando, por un mal análisis de la situación y una falta de actuación más enérgica ante Marruecos y su rey, pero también ante una Unión Europea que vuelve a utilizar a España como laboratorio de ensayo ante sus propias crisis. La realidad de Ceuta no se puede “tapar” con la imagen de un ático en Madrid. Perderá el PSOE y perderá la izquierda de forma global. No son entidades comparables. El primero es un problema de Estado que trasciende a España y afecta a Europa e incluso a otros países como Estados Unidos, Israel, China, Rusia o Irán, como uno de los temas que arrastra la globalización; mientras que el segundo afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su entorno, sin que afecte de forma importante al propio Partido Popular y menos aún a Núñez Feijóo, que siempre puede acotar los efectos de un caso muy mal gestionado desde el principio por Díaz Ayuso y sus principales colaboradores.
