Una contradicción que merece ser analizada. La AIReF, el FMI o la OCDE coinciden en el crecimiento de la economía española en 2026, aunque matizan y subrayan la necesidad imperiosa de contener el desequilibrio fiscal, mejorar la eficiencia del gasto y aprovechar los años de crecimiento para conseguir el superávit presupuestario y reducir sustancialmente la deuda pública.
Cuando una economía avanza, pero incrementa su deuda y expande el gasto por encima de los ingresos, vive una “falsa prosperidad” sostenida con recursos futuros y se hipoteca.
Ahora la clave no es crecer, sino sanear las cuentas públicas.
La joven profesora añade:
—Ahí está la trampa. Crecimiento no significa solvencia. Una familia puede elevar durante años su nivel de vida porque crecen sus ingresos y otra porque se endeuda. En apariencia, ambas parecen más prósperas; hasta que los acreedores llegan con las facturas.
En julio, la AIReF advertía de que el gasto público sometido al control de la UE crecerá en 2026 casi el doble de lo comprometido: un 6,4 %, frente al 3,5 %. Además, advierte de un aumento relevante del déficit y del incumplimiento de las reglas fiscales comunitarias.
Según el Banco de España, en mayo la deuda se situó en el 100,2 % del PIB, dos puntos menos que un año antes. Un magnífico titular propagandístico, aunque oculta que, en términos absolutos, debemos 1,729 billones de euros, es decir, un incremento del 4 % interanual.
Baja el porcentaje, pero seguimos debiendo más dinero. Ambas afirmaciones son ciertas, aunque, si solo se elige una, se puede vender el relato triunfalista.
El marino comenta:
—Es como adelgazar engañando a la báscula: se mejora la cifra, pero no nos cabe la camisa. Hay otros parámetros, más allá de cuánto gastamos, porque también importa cómo se gasta.
El Instituto de Estudios Económicos estima que España podría mantener un nivel similar de servicios públicos con alrededor del 14 % menos de gasto, unos 60.000 millones de euros, solo alcanzando una mayor eficiencia.
El IEE pertenece a la CEOE y su cálculo se podrá discutir, pero esa magnitud obliga, al menos, a plantearse algunas preguntas antes de aumentar el esfuerzo fiscal y permitir que siga creciendo la deuda pública:
¿Hemos demostrado que se administra bien lo que se recauda?
Hay otra parte menos visible, pero que afecta económicamente. La SEPI, el brazo empresarial del Estado, cerró 2025 con 16.504 millones de deuda consolidada, prácticamente el doble que en 2021, y después de 30 años vuelve a financiarse con pagarés.
Correos ha necesitado sucesivas inyecciones públicas; Navantia acumula miles de millones en financiación estatal, mientras que la SEPI aumenta posiciones —con deuda— en Telefónica, Indra o Talgo. Operaciones que pueden tener justificación estratégica, industrial o social, pero el problema está en que lo excepcional se ha convertido en norma y en que ese aumento de participación empresarial se financie con deuda.
La profesora añade:
—Además, una parte de ese coste queda escondida entre empresas públicas y distintos mecanismos de financiación que dificultan saber quién lo acaba soportando. Es fácil anunciar una ayuda de 500 millones; lo difícil es explicar quién la financia y cómo será su retorno.
Este es el espejismo que se está viviendo: el gasto produce actividad; una subvención acaba en consumo, una obra pública genera empleo, una transferencia sostiene renta, una nómina pública paga comercios o un rescate evita despidos.
Todo tiene efectos económicos y algunos son necesarios, pero gastar con dinero prestado puede aumentar la actividad y la cuestión no es si produce crecimiento, sino si, además, genera riqueza suficiente para poder devolverlo.
Después de años de presupuestos prorrogados, fondos europeos, nuevas prestaciones, ampliación del empleo público e intervenciones empresariales, se ha desarrollado la habilidad para aumentar el gasto, pero la fortaleza económica es otra cosa.
La deuda —intereses y amortización— tiene coste de oportunidad. Cada euro destinado a ella no podrá dedicarse a educación, infraestructuras, innovación o, sencillamente, a reducir impuestos.
España debe proteger a los débiles, financiar servicios públicos y realizar inversiones que el mercado no puede acometer, pero también tiene la obligación de priorizar, evaluar resultados y eliminar gasto ineficiente.
Lo contrario supone convertir la política social en dependencia, la inversión en propaganda y la deuda en un sedante que solo aplaza decisiones desagradables.
El viejo marino remata:
—No presumamos de abundancia porque, como relata Quevedo en El buscón, nos podemos ver como aquellos hidalgos que derramaban migajas de pan por la barba y el vestido para simular que habían comido. No gastemos hoy lo que corresponde a los que no han nacido.
Si (
No(
