El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, exige a Sánchez aclarar quién ordenó apartar a la jueza que investigaba a su hermano. Promete una regeneración política y denuncia corrupción en el PSOE.
Cerca de 75,000 hogares en Madrid recibieron más de 44 millones de euros del Ingreso Mínimo Vital en septiembre, beneficiando a 230,752 personas y mostrando un ligero aumento respecto al mes anterior.
El Tribunal Constitucional ha ordenado al Supremo amnistiar el delito de malversación a varios dirigentes del 'procés', incluyendo a Carles Puigdemont y Dolors Bassa. La sentencia, respaldada por la mayoría progresista del TC, considera errónea la interpretación del Supremo sobre la amnistía y podría facilitar el regreso de Puigdemont.
La Justicia desestima la medida cautelarísima pedida por la Comunidad de Madrid apenas unas horas después de que Díaz Ayuso reclamara consecuencias legales y asegurara que la protesta «hace mucho que tendría que haber sido desalojada»
Pedro Sánchez considera adelantar las elecciones generales si caen los decretos sobre vivienda en el Congreso, con una probabilidad del 99%. Las elecciones podrían celebrarse el 29 de noviembre. La presión aumenta sobre PP, Vox y Junts para que se pronuncien sobre su voto en la convalidación de estas medidas.
El PNV apoyará el decreto de vivienda con ayudas fiscales y protección contra desahucios, aunque lo considera insuficiente. Rechaza la renovación automática de alquileres, argumentando que perjudica a pequeños propietarios. El partido exige medidas más serias para abordar el problema habitacional en lugar de soluciones temporales.
Sumar defiende las medidas de vivienda aprobadas como una conquista ciudadana, aunque reconoce concesiones al PSOE. El ministro Bustinduy advierte sobre el coste político de rechazar estas medidas en el Congreso y urge su convalidación, destacando su impacto positivo para cinco millones de personas.
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La muerte de Maricarmen Abascal, anciana desahuciada en Madrid, ha generado indignación y se ha convertido en símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en España. Su fallecimiento ha movilizado protestas y homenajes, reflejando la crisis habitacional y la necesidad urgente de políticas efectivas.
PSOE, Sumar y Podemos acusan a la derecha de importar el discurso de Trump, mientras Vox respalda las sospechas sobre el sistema y Génova intenta marcar distancias con Ayuso sin cerrar del todo el debate
Yolanda Díaz, Mónica García, Antonio Maíllo y Ada Colau son las únicas caras visibles, y con cierto conocimiento popular, de lo que fue la izquierda que dirigió y protagonizó Pablo Iglesias con Podemos. El líder morado, que preconizaba un asalto a los cielos, acabó mordiendo el suelo como vicepresidente del primer Gobierno progresista de la historia de la Transición y fue derrotado por Isabel Díaz Ayuso en su última confrontación antes de refugiarse en su condición de “preboste” de una cadena de televisión. Sus sucesores se entregaron a Sánchez y lo pagarán en las elecciones.
La política española enfrenta alta tensión por la votación en el Congreso sobre dos decretos de vivienda, que incluyen la prohibición de desahucios hasta 2030. La falta de apoyo podría llevar a un adelanto electoral, mientras Junts propone alternativas y los partidos de izquierda se preparan para posibles elecciones anticipadas.
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, anunció que sus diputados apoyarán los decretos de vivienda en el Congreso, a pesar de considerarlos insuficientes. Criticó al Gobierno por dividir las medidas y destacó la importancia de la movilización social para abordar la crisis habitacional y exigir cambios estructurales.
El Gobierno español ha aprobado dos decretos de vivienda para frenar la especulación y proteger a inquilinos, ampliando la protección contra desahucios hasta 2030 y regulando alquileres. Se prohíben compras por fondos buitre hasta 2028 y se establecen bonificaciones fiscales y un nuevo mecanismo de financiación para facilitar el acceso a vivienda.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años. Propuso construir más de un millón de viviendas y pidió una oportunidad para solucionar esta crisis habitacional que ha empeorado en ocho años.
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