El Tribunal Supremo español considera consultar al TJUE sobre la regularización extraordinaria de migrantes, ante dudas sobre su compatibilidad con la normativa europea. Más de 1,2 millones de solicitudes se han registrado antes del cierre del plazo el 2 de julio, generando un debate sobre su impacto y legalidad.
María Gertrudis Alcázar, exsecretaria de Zapatero, se negó a declarar en la comisión del Senado sobre la SEPI, invocando su imputación en el 'caso Plus Ultra'. El PP cuestionó su papel y las joyas halladas en la oficina de Zapatero, anunciando que solicitarán su comparecencia nuevamente.
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha solicitado elecciones generales y garantías de que el PSOE no será imputado. Critica la influencia de Junts y defiende la autonomía del partido, abogando por una lucha contra la corrupción y la necesidad de autocrítica en el contexto actual del PSOE.
El juez José Luis Calama investiga el 'caso Plus Ultra' y ofrece a la Agencia Tributaria personarse como "potencial perjudicada" por joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en el despacho de Zapatero, sospechando delitos fiscales y de contrabando. Se rechaza la personación de Softgestor.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, acusó a Pedro Sánchez de ser el "nexo corruptor" del Gobierno y pidió a sus socios presentar una moción de censura. Criticó la gestión de Sánchez y su falta de responsabilidad, instando a convocar elecciones anticipadas para evitar más corrupción.
Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha solicitado a la Audiencia de Madrid que anule las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado, que incluyen la retirada de su pasaporte y prohibición de salir del país. Su defensa argumenta que no hay riesgo de fuga y que las restricciones son desproporcionadas.
El Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. También fueron condenados su exasesor Koldo García a 19 años y el empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio. La sentencia fue unánime.
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Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, criticó a Pedro Sánchez por la "ingeniería electoral" de la 'Ley de Nietos', que podría sumar 2,5 millones de nuevos votantes. Propone requisitos adicionales para la nacionalidad y advierte sobre la externalización de trámites, buscando garantizar transparencia y legalidad en el proceso electoral.
Junts sostiene que varios líderes del PSOE creen que Pedro Sánchez debería renunciar para evitar un "tsunami" electoral. Josep María Cruset defiende la 'vía Starmer' para facilitar una investidura alternativa, destacando la falta de mayoría estable de Sánchez y advirtiendo sobre el riesgo de fortalecer a la extrema derecha.
La UCO ha detectado irregularidades en contratos públicos adjudicados a Juan Carlos Barrabés por Red.es, revelando arbitrariedad y trato de favor en la evaluación. Estas acciones forman parte del 'caso Begoña Gómez', que involucra presuntos delitos relacionados con fondos europeos y pone en riesgo la transparencia administrativa.
José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado a la Audiencia Nacional la anulación del 'caso Plus Ultra', alegando vulneraciones de derechos fundamentales y solicitando la exclusión de pruebas obtenidas irregularmente. Su defensa argumenta que el proceso no ha respetado garantías legales, lo que podría afectar el desarrollo del caso.
El presidente Pedro Sánchez negó la existencia de corrupción generalizada en España y descartó elecciones anticipadas, defendiendo su Gobierno. Aceptó la condena al exministro Ábalos y rechazó ataques judiciales a su familia, defendiendo su inocencia. Sánchez afirmó que su administración puede erradicar la corrupción persistente en el país.
Gamarra exige al PNV aclaraciones sobre su vinculación con el informe de la UCO, que relaciona al partido con corrupción y condiciona su apoyo a Sánchez. Solicita disolución del gobierno por la situación.
El juez Juan Carlos Peinado citó a Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, para entregar sus pasaportes como medida cautelar tras abrir juicio por delitos de corrupción. Ambas tienen prohibido salir de España y deben comparecer cada quince días en el juzgado. La situación ha generado controversia sobre los escoltas.
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