El Partido Popular solicita a la Comisión Europea que evalúe si el PSOE desvió fondos de campaña para las elecciones europeas de 2024 hacia fines no relacionados. Esto surge tras localizar una factura sospechosa de 18.125 euros vinculada a la trama de Leire Díez, lo que podría afectar la transparencia electoral.
La Guardia Civil ha solicitado al juez Santiago Pedraz que requiera a bancos los movimientos de las cuentas del PSOE desde 2024, en el marco de la investigación del caso Leire Díez. También se pide información sobre pagos sospechosos vinculados a la financiación de actividades del partido y otros investigados.
La investigación del caso Leire Díez ha ampliado su enfoque político y judicial, con registros en Tubos Reunidos y requerimientos a la SEPI. Se examinan posibles conexiones entre rescates públicos y una trama que incluye a Leire Díez, Cristina Narbona y Santos Cerdán, relacionada con influencias en causas judiciales.
El juez Juan Carlos Peinado ha aplazado la audiencia preliminar de Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, al 15 de junio. Gómez y otros investigados deben comparecer personalmente, con riesgo de ser conducidos por la fuerza. La Fiscalía pide el archivo del caso, mientras que acusaciones populares exigen penas de prisión.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha solicitado elecciones anticipadas debido al desgaste del Gobierno y la corrupción en torno al PSOE. Durante su intervención en Barcelona, criticó la falta de agenda económica y se presentó como una alternativa de estabilidad y regeneración institucional para España.
El tribunal ha declarado prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, excluyéndolo del juicio sobre su contratación en la Diputación de Badajoz. El juicio continúa para evaluar otros aspectos de su incorporación en 2017 y posibles irregularidades.
El PNV ha instado a Pedro Sánchez a convocar elecciones, argumentando que la legislatura está agotada y que dejar pasar el tiempo no resolverá la crisis de gobernabilidad. Maribel Vaquero, portavoz del PNV, criticó la falta de Presupuestos y leyes importantes, subrayando que no están negociando una moción de censura.
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Alma Ezcurra del PP denuncia la corrupción del 'caso PSOE' como "delincuencia de Estado", advirtiendo que el abuso del poder pone en riesgo a todos. Exige elecciones y cese de altos funcionarios implicados.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la honestidad de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras revelaciones sobre reuniones con Leire Díez. Aseguró que no toleraría intromisiones en el trabajo policial y reafirmó su apoyo a la UCO, mientras la Audiencia Nacional investiga el caso.
El PP, liderado por Alicia García, anunciará nuevas comparecencias en la comisión del caso Koldo, incluyendo a Salvador Illa y Leire Díez. Se investigarán sospechas sobre la financiación de campañas electorales y contratos de mascarillas. El objetivo es presionar al PSOE y esclarecer posibles maniobras corruptas.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defiende la independencia judicial ante descalificaciones de instituciones estatales, advirtiendo que estas erosionan la confianza ciudadana en el Estado de derecho. Resalta que el respeto a las decisiones judiciales es esencial para una democracia y critica la instrumentalización de la actividad judicial.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, critica a Pedro Sánchez por intentar obtener rédito político de la visita del papa León XIV. Ayuso espera que el foco esté en el pontífice y no en el Gobierno, acusando a Sánchez de ser un "farsante" y alimentar la confrontación política.
El juez Santiago Pedraz ha citado al excomisario José Manuel García Catalán por investigaciones irregulares contra Podemos durante el Gobierno de Rajoy. La declaración, programada para el 25 de junio, busca esclarecer si las acciones policiales fueron legítimas o manipuladas políticamente. La causa también involucra a otros funcionarios.
UGT solicita una reforma del despido en España para garantizar el cumplimiento de normativas internacionales, protegiendo a los trabajadores de decisiones arbitrarias y reforzando la indemnización por despidos improcedentes.
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