La Comunidad de Madrid ha recurrido al Tribunal Supremo el Plan Estatal de Vivienda 2026/30, argumentando que invade competencias autonómicas y limita su capacidad de gestión y autonomía financiera.
La Comunidad de Madrid reporta una deuda del Gobierno central de 12.367 millones de euros, equivalente al 40% del presupuesto autonómico para 2026, afectando servicios públicos y compromisos legales.
