La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central una revisión urgente y exhaustiva del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén), perteneciente al Ministerio del Interior. Esta solicitud se realizó durante la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien estuvo acompañado por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Claves de la noticia
Revisión del sistema VioGén
Se requiere una evaluación profunda del funcionamiento actual del sistema para mejorar su eficacia en la protección de las víctimas.
Casos con valoración baja
Casi el 50% de las mujeres asesinadas en el último año estaban catalogadas con un riesgo bajo en el sistema VioGén.
Falta de recursos
La escasez de agentes para atender a las víctimas es alarmante, con solo un policía por cada 100 expedientes activos.
García Martín destacó que, entre las ocho mujeres asesinadas en el último año en la región, cuatro estaban registradas en VioGén con una valoración baja. Además, solo 132 de los 12.851 casos activos se clasifican como de riesgo alto o extremo. En estas dos categorías, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan vigilancia permanente o frecuente y aleatoria, respectivamente.
Por su parte, Dávila enfatizó la necesidad de revisar los cuestionarios utilizados para evaluar a las víctimas y los algoritmos empleados en el sistema, ya que estos aún no han sido actualizados. También hizo hincapié en la insuficiencia de efectivos disponibles, señalando que actualmente hay un promedio de un agente por cada 100 expedientes destinados a atender a las víctimas.
Problemas detectados en el sistema
En el último año, se identificaron 40 posibles fallos relacionados con las pulseras antimaltrato. Desde entonces, este Observatorio ha enviado cinco solicitudes para reemplazar estos dispositivos y ha alertado sobre el colapso en los órganos judiciales especializados en violencia contra la mujer. Estas peticiones fueron dirigidas a los ministerios del Interior (dos), Igualdad (dos) y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (una), debido a las graves deficiencias observadas. Sin embargo, cuatro de estas solicitudes aún no han recibido respuesta.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha intervenido hasta ahora en 80 procedimientos judiciales relacionados con mujeres madrileñas asesinadas por sus parejas o exparejas. No obstante, recientemente el Gobierno central presentó un recurso de inconstitucionalidad que impide al Ejecutivo autonómico ejercer la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución Española.
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