La huelga se convierte así en una gran arma electoral y, a diferencia de otras, será una protesta que puede terminar dirigiéndose más contra la oposición que contra el poder. Lo acaba de confirmar quien fuera vicepresidenta del Gobierno y actual líder del socialismo andaluz, María Jesús Montero. Vivienda e inmigración serán los dos grandes temas de la campaña y cada bloque parece haber encontrado ya el terreno sobre el que prefiere combatir.
El calendario no puede ser más político. La huelga será el 11 de noviembre, la campaña comenzará oficialmente el día 13 y las elecciones se celebrarán el 29. Si la movilización tiene seguimiento, sus imágenes seguirán ocupando el debate cuando los partidos empiecen a pedir el voto. CCOO y UGT vuelven además a respaldar una huelga general catorce años después de la última, aunque esta vez con una diferencia importante: entonces protestaban contra el Gobierno de Mariano Rajoy y ahora el PSOE intenta situar el foco sobre los partidos que han bloqueado sus medidas de vivienda.
María Jesús Montero ha sido especialmente clara al señalar a PP, Vox y Junts por derribar en el Congreso los decretos impulsados por el Ejecutivo. Su argumento permite al PSOE defender que quienes salgan a la calle no protestarán tanto contra el Gobierno como contra quienes han impedido que determinadas medidas salgan adelante. No significa que los sindicatos hayan convocado la huelga para ayudar a Sánchez, porque el problema de la vivienda y las protestas vienen de mucho antes, pero sí que el Gobierno ha encontrado una forma de incorporar esa movilización a su relato electoral.
La vivienda ofrece además a la izquierda un terreno mucho más cómodo que la inmigración, asunto en el que PP y, sobre todo, Vox llevan meses intentando marcar la agenda. Hablar de alquileres, hipotecas, emancipación juvenil o vivienda pública conecta de forma directa con una preocupación cotidiana y permite al PSOE recuperar un discurso social que moviliza mejor a su electorado. Para los sindicatos, además, el problema tiene una dimensión laboral evidente: cualquier subida salarial pierde efecto si el coste de la vivienda aumenta todavía más.
Antonio Garamendi ha cuestionado precisamente la dimensión política de la convocatoria y ha situado a la patronal en el lado contrario del tablero. La imagen es casi clásica: sindicatos y movimientos sociales reclamando medidas de intervención frente a empresarios y partidos de derechas alertando de sus consecuencias. Esa polarización puede favorecer a Sánchez porque devuelve el debate a una confrontación ideológica más reconocible, aunque también abre un riesgo evidente para el Gobierno.
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