Durante los últimos 45 años se ha tejido una espesa red de intereses partidistas y personales entre el mundo político y el mundo empresarial que está en el centro de muchos de los problemas de convivencia, también de corrupción, una corrupción que aparece en los juzgados y en los medios de comunicación. Se empeñan los dirigentes políticos, sociales y financieros en mirar hacia el pasado, en lugar de hacerlo hacia el futuro. Cuando lo hacen en pequeñas dosis es para aplicar las medicinas del ayer a un futuro que están construyendo con los mismos defectos y aquejado de los mismos virus. Así, entre ellos y con la indiscutible e interesada ayuda de los medios de comunicación —a punto de ser asaltados a lo grande, una vez más, por franceses, italianos y alemanes—, están resucitando la memoria colectiva sobre Fernando VII y su “senda constitucional”.
Se han quedado viejas las palabras del presidente de la CEOE, que aspira a un tercer mandato, Antonio Garamendi, cuando pedía a Pedro Sánchez que estudiara otras fórmulas de gobierno en las que no estuvieran representantes de Podemos y mucho menos que hubiera un vicepresidente llamado Pablo Iglesias. Apelaba entonces, hace apenas tres años, al sendero constitucional de la monarquía que entregó el poder a Napoleón, primero, y luego se lo arrebató a los españoles que habían derrotado al emperador de Europa. Creo que no tienen, y no tenemos todos, más remedio que buscar en la historia de las constituciones españolas las palabras que Fernando VII, de vuelta a España tras la aprobación de la Constitución de 1812, dirigió a quienes consideraba sus amados súbditos.
Al lado de su reconocimiento a que la monarquía española estaba compuesta por “diversas porciones”, frase que aparece entre las 500 palabras que escribió o le escribieron, lo que ha quedado es un párrafo, casi al final del escrito, que merece que representantes políticos y empresariales lean con calma y del que aprendan por su resultado final.
Aquella Constitución liberal que se aprobó en Cádiz, con entusiasmo y demasiado optimismo ante el regreso del absolutismo que iba a invadir Europa, tuvo que “modificarse” hasta en tres ocasiones distintas por la lucha entre los deseos incontenibles del rey y la aristocracia más rancia del continente frente a los deseos más que moderados de los ilustrados de entonces, que deseaban que el poder residiese en el pueblo. Sirvió de modelo para más de medio mundo, mientras que en España la combatían los defensores del monarca, que buscaban en el rey la mejor defensa de sus propios intereses. No ha cambiado mucho la situación doscientos años más tarde, por mucho que las apariencias tiendan al engaño.
Puede que el sendero del que hablaba y sigue hablando Garamendi no sea el de Fernando VII, pero sus intenciones parecían y parecen las mismas. Las elecciones generales, que llegarán en unos meses, sirven para elegir a 350 diputados y para que estos, una vez tomada posesión de sus sillones en el edificio de la Carrera de San Jerónimo, logren un acuerdo de mayoría necesaria entre ellos y conviertan a un candidato en presidente del Gobierno. Es en ese punto en el que los políticos elegidos a través de las listas de los partidos suelen olvidarse de la democracia y abren las puertas, de forma más o menos escandalosa, a la injerencia en la vida política por parte de los poderes económicos. Una injerencia que alcanza a las centrales sindicales desde hace esos mismos 45 años, que está en la base de las causas de la situación actual y de los numerosos ataques con casos de corrupción que aparecen en los juzgados y en los medios de comunicación, ofreciendo a la vista de los ciudadanos la peor y más perversa imagen de la vida pública.
Recordemos lo que Fernando VII escribió y firmó: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional, mostrando a Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación en una crisis que en otras naciones ha sido acompañada de lágrimas y desgracias”. Don Antonio Garamendi creo que fue el último en recordar la primera parte, olvidándose de la segunda, tal vez por desconocimiento del texto real, el mismo que los representantes de la Constitución de 1812 le obligaron a asumir de nuevo el 10 de marzo de 1820, para, de forma inmediata, empezar a combatirlo con todas sus fuerzas.
Si mirar al pasado debería servir para no cometer los mismos errores y dejar a un lado la nostalgia, el resultado que saldrá de las urnas en el próximo año no parece que vaya a ser el mejor, ni mucho menos, para la estabilidad de nuestro país. Pero mucho peor que un pacto entre dos o cinco fuerzas políticas que permitan formar gobiernos totalmente legítimos, de los que se puede discrepar y cuyas decisiones se pueden combatir dentro del marco de la Constitución de 1978, es intentar destruirlos antes de nacer.
Si los doce presidentes autonómicos que tienen en juego sus sillones de mando, junto a los miles de ayuntamientos, grandes y pequeños, que pueden cambiar durante el mes de mayo, leen y piensan en aquel texto de hace doscientos años y en lo que significaba para el mundo que era Europa, puede que dejen a un lado los ataques cruzados y busquen los elementos necesarios para mejorar la vida de sus conciudadanos, los que les han votado. Después, ya sea Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, los únicos con capacidad numérica para formar la mayoría necesaria, si logran los votos necesarios para su investidura y forman un Ejecutivo con miembros de otras formaciones que, no lo olvidemos, cumplen con todas las condiciones para poder presentarse a unas elecciones democráticas, gusten poco o mucho sus planteamientos, habrá que exigirles, por el bien de este país llamado España, exactamente lo mismo.
Apoyados por otros partidos más radicales en sus programas y con otras visiones sobre la estructura del Estado, el campo de batalla político debe estar en el Congreso, por un lado, y en el diálogo, más que en la confrontación, entre las distintas fuerzas económicas y sociales. Con libertad para cada una de ellas, pero con respeto a la esencia de la Constitución que tenemos hoy, que no es otra sino la que tiene en la suma parlamentaria el poder para elegir a un presidente y a un Gobierno. Existe la previsible y tantas veces deseada y combatida “mayoría absoluta de los dos grandes partidos”, la gran coalición de PSOE y PP sobre un programa común que modernice, tal y como ocurrió a comienzos de los años 80 del siglo pasado, y haga competitivo a nuestro país en un mundo cada vez más globalizado y egoísta.
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