La nueva Ley de Dependencia en España ha sido rechazada por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores debido a su falta de respaldo económico. A pesar de su intención de mejorar la atención a personas dependientes, carece de un plan financiero claro y sostenible, lo que podría convertirla en una simple declaración sin impacto real. Las principales deficiencias incluyen la ausencia de un marco presupuestario, falta de fuentes de financiación y omisiones en el estudio del coste real de las prestaciones. La experiencia previa con la Ley de 2006 demuestra que sin adecuada financiación, miles quedan desatendidos. Se exige al Gobierno un plan financiero detallado y garantías económicas para hacer efectiva esta ley, que afecta a más de 1,4 millones de personas dependientes en España. Para más información, visita el enlace.
La nueva Ley de Dependencia: un compromiso sin respaldo económico
La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores ha expresado su firme rechazo al anteproyecto de la nueva Ley de Dependencia, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros. Aunque esta iniciativa busca mejorar la atención a las personas dependientes en España, presenta una grave carencia: la falta de un plan de financiación claro y sostenible.
Desde la Federación, se ha manifestado una profunda preocupación por esta omisión que podría comprometer la viabilidad y efectividad de la ley. Un marco legislativo sin el correspondiente respaldo económico corre el riesgo de convertirse en una mera declaración de intenciones, sin impacto real en la vida de los ciudadanos.
La experiencia adquirida con la anterior Ley de Dependencia, promulgada en 2006, demuestra que sin una financiación adecuada, las listas de espera aumentan, las prestaciones disminuyen y miles quedan desatendidos. No se puede permitir que esta situación se repita.
"Un derecho sin recursos es solo una promesa vacía", ha afirmado Martín Duran, presidente de FOAM. Las personas en situación de dependencia y sus familias requieren más que palabras; necesitan compromisos reales respaldados por inversión pública suficiente.
A través del presente comunicado, se hace un llamado al Gobierno para reconsiderar este anteproyecto e incluir un marco financiero adecuado. Asimismo, se insta a todos los grupos parlamentarios a exigir garantías económicas durante el proceso legislativo para convertir esta ley en una herramienta verdaderamente transformadora.
A día de hoy, más de 1,4 millones de personas dependientes en España y sus familias no pueden seguir esperando por una atención prometida pero nunca adecuadamente financiada ni regulada con garantías jurídicas suficientes.