La nueva Ley de Dependencia: un compromiso sin respaldo económico
La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores ha expresado su firme rechazo al anteproyecto de la nueva Ley de Dependencia, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros. Aunque esta iniciativa busca mejorar la atención a las personas dependientes en España, presenta una grave carencia: la falta de un plan de financiación claro y sostenible.
Desde la Federación, se ha manifestado una profunda preocupación por esta omisión que podría comprometer la viabilidad y efectividad de la ley. Un marco legislativo sin el correspondiente respaldo económico corre el riesgo de convertirse en una mera declaración de intenciones, sin impacto real en la vida de los ciudadanos.
Deficiencias del Anteproyecto
- Ausencia total de un marco presupuestario que garantice la implementación efectiva de las medidas propuestas.
- Falta de concreción sobre las fuentes de financiación y su distribución entre administraciones públicas.
- Carencia de un estudio económico que evalúe el coste real de las prestaciones contempladas.
- Inexistencia de mecanismos para asegurar la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo.
- Omisión de partidas específicas para la formación profesional y mejora de infraestructuras.
- No consideración adecuada de la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los copagos, lo cual afecta los derechos de las personas dependientes.
La experiencia adquirida con la anterior Ley de Dependencia, promulgada en 2006, demuestra que sin una financiación adecuada, las listas de espera aumentan, las prestaciones disminuyen y miles quedan desatendidos. No se puede permitir que esta situación se repita.
Demandas Urgentes para un Cambio Real
- Incorporación urgente de un plan financiero detallado y realista antes de aprobar definitivamente la ley.
- Establecimiento de un fondo específico con dotación suficiente para garantizar cobertura universal.
- Compromiso vinculante para incrementar el presupuesto progresivamente durante los próximos cinco años.
- Mecanismos claros para asegurar transparencia y rendición de cuentas sobre la ejecución presupuestaria.
- Asegurar que los copagos sean considerados como tasas, protegiendo así los derechos económicos y jurídicos de las personas dependientes.
"Un derecho sin recursos es solo una promesa vacía", ha afirmado Martín Duran, presidente de FOAM. Las personas en situación de dependencia y sus familias requieren más que palabras; necesitan compromisos reales respaldados por inversión pública suficiente.
A través del presente comunicado, se hace un llamado al Gobierno para reconsiderar este anteproyecto e incluir un marco financiero adecuado. Asimismo, se insta a todos los grupos parlamentarios a exigir garantías económicas durante el proceso legislativo para convertir esta ley en una herramienta verdaderamente transformadora.
A día de hoy, más de 1,4 millones de personas dependientes en España y sus familias no pueden seguir esperando por una atención prometida pero nunca adecuadamente financiada ni regulada con garantías jurídicas suficientes.
Este artículo ha sido publicado primero en el diario 65 y Más.
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