Ortega & García Abogados logra recuperar más de 57,000 euros para un cliente afectado por hipoteca multidivisa, tras una sentencia que declara nulas las cláusulas abusivas del préstamo.
La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra un Real Decreto que prorroga el reparto forzoso de menores no acompañados entre comunidades autónomas, cuestionando su constitucionalidad.
El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', generando un intenso debate en el Congreso. Feijóo acusa al Gobierno de manipular el censo, mientras Sánchez defiende la igualdad de derechos y denuncia intentos de cercenar el derecho al voto a los descendientes de exiliados.
Alberto Núñez Feijóo propone un plan de reactivación para Ceuta y Melilla con una inversión de 650 millones en seis años, abordando crisis económica y seguridad en la región.
Dimitry Berberoff, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, defiende la independencia judicial como clave para la democracia y advierte sobre los riesgos de deslegitimar a los jueces.
El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha instado al presidente del Gobierno a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones, citando la falta de confianza en la actual legislatura.
El Tribunal Supremo español considera consultar al TJUE sobre la regularización extraordinaria de migrantes, ante dudas sobre su compatibilidad con la normativa europea. Más de 1,2 millones de solicitudes se han registrado antes del cierre del plazo el 2 de julio, generando un debate sobre su impacto y legalidad.
Alfonso Serrano, secretario del PP de Madrid, afirma que las próximas elecciones serán un referéndum sobre el "sanchismo", criticando la legitimidad del voto por correo y defendiendo el voto en urna.
El ministro José Manuel Albares informó que el Gobierno español colabora con Marruecos para prevenir una nueva entrada masiva a Ceuta, programada para el 23 de septiembre. Se activan medidas disuasorias y campañas contra la desinformación sobre derechos de entrada irregular, enfatizando la soberanía española sobre las ciudades autónomas.
Con prisa y sin pausa, la Cataluña política y la Cataluña económica avanzan hacia la ansiada independencia que desea una minoría de su población. El actual Gobierno del socialista Salvador Illa aumenta el número de embajadas y representaciones diplomáticas catalanas en el exterior, mientras el presidente de la Generalitat viajó a principios de este septiembre a Kiev, acompañado del alcalde de Barcelona, para mostrar su apoyo a Zelenski. En julio de 2025 realizó un viaje similar a China.
Antonio Silván critica al ministro Bolaños en el Senado, acusándolo de mentir sobre conflictos judiciales y atribuciones entre el Gobierno y el Senado, cuestionando su integridad y veracidad.
Cuca Gamarra defiende la despolitización en la elección de vocales del CGPJ, acusando al Gobierno de intentar someter el Poder Judicial y manipular la justicia para su beneficio.
El Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. También fueron condenados su exasesor Koldo García a 19 años y el empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio. La sentencia fue unánime.
La indignación de Felipe VI ante lo ocurrido en Ceuta y su llamada a que se tomen todas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir ese ataque a la soberanía nacional deja en el aire más interrogantes que certezas: ¿ha llamado nuestro rey a su “hermano” Mohamed VI para que le explique lo ocurrido, o ha recibido una llamada del monarca alauita en ese sentido? ¿Su mensaje, cargado de lógica indignación, a quién va dirigido cuando insiste en la necesidad de defender la soberanía? ¿Ha fallado el Gobierno de Sánchez? ¿Han fallado los servicios de inteligencia? ¿Ha sufrido España un ataque coordinado por fuerzas externas que buscaban la destrucción de nuestra convivencia interna más allá de la lucha política y electoral? ¿Está en peligro la monarquía?
Si el rey Mohamed VI no hubiese querido, las llegadas de miles de jóvenes marroquíes a Ceuta no se habrían producido. Imposible. La policía alauita lo habría controlado con enorme facilidad. Lo ocurrido hay que verlo como un gran ensayo para una futura invasión de las dos ciudades españolas, muy parecida esta “marcha azul” a la “marcha verde” que Hasán II organizó sobre el Sáhara en 1975, recién muerto Franco y con nuestra democracia dando sus primeros balbuceos.
El presidente de Análisis Relevante y el presidente de la compañía Plus Ultra , con sus escritos y respuestas ante el juez José Luís Calama van a dejar desnuda la estrategia de defensa del expresidente Rodríguez Zapatero. Los consejos de Víctor de Aldama parece que dan sus frutos.
Los mil tentáculos de Leire Díez conseguirán que el juez Santiago Pedraz no tenga más remedio que llamar al presidente del Gobierno a su juzgado en la Audiencia Nacional. Si fuera como testigo, tendría que responder con la verdad a cada pregunta que pudiera hacerle; si fuera como investigado, toda la causa pasaría al Tribunal Supremo.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, criticó a Pedro Sánchez por la "ingeniería electoral" de la 'Ley de Nietos', que podría sumar 2,5 millones de nuevos votantes. Propone requisitos adicionales para la nacionalidad y advierte sobre la externalización de trámites, buscando garantizar transparencia y legalidad en el proceso electoral.
En una semana, el presidente del Gobierno tendrá que enfrentarse al más duro de los Comités Federales de su partido. Más agrio, más dividido y con más miedo entre sus miembros que el que tuvo que afrontar en el mes de julio de 2025, ya con los escándalos de Ábalos, Koldo, Cerdán, Leire, su mujer y su hermano en los tribunales y en las portadas de todos los medios de comunicación cada día. La presidenta, Cristina Narbona, debe moderar una batalla en la que ella misma está implicada “gracias” a esas agendas de la “fontanera”, tan bien guardadas sobre su mesa.
Los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE se irán tramitando en los distintos juzgados y tardarán años en terminar con las condenas o absoluciones que dictaminen los jueces. Ese es el camino de la Justicia, que se encontrará con la autopista de la política y las elecciones, con cambios en los gobiernos que salgan de las urnas.
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El presidente del Gobierno y algunos de sus ministros no solo se juegan seguir en sus cargos en las próximas elecciones generales. Si las diligencias previas que ha puesto en marcha la magistrada María Tardón, en el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, sobre la crisis de Ceuta terminan culpando al Gobierno y a su presidente, podrían enfrentarse a los delitos que se contemplan en el artículo 102 de la Constitución, que trata de la traición y de la seguridad del Estado.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anuncia alegaciones ante la Junta Electoral Central para asegurar que el censo electoral solo incluya a votantes del exterior con residencia comprobada en Madrid.
El Tribunal Supremo rechazó la medida cautelar solicitada por senadores del PP para forzar la comparecencia de ministros en agosto, alegando falta de urgencia y priorizando el derecho de audiencia. El incidente continuará por trámite ordinario, sin afectar el control parlamentario sobre la crisis migratoria en Ceuta.
El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia del general Fernando Mora contra el teniente general Luis del Castillo por presuntos abusos relacionados con una orden de no asistir al acto del Día de la Comunidad de Madrid. Considera que los intercambios fueron inapropiados, pero no delictivos.
Un madrileño de 45 años logró cancelar casi toda su deuda de 41.000 euros con la Seguridad Social gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, gestionada por Arriaga Asociados.
Antes que nada y para que sirva de guía, debo identificar algunos conceptos para que el lector sepa de lo que estamos hablando. Colaborador con la justicia (copartícipe de la actividad criminal) es el que facilita información relevante y por ello recibe incentivos penales. Su testimonio está estructuralmente condicionado por el interés personal y exige corroboración independiente. Confesión/arrepentimiento ordinarios (art. 21,4 CP): cuando el acusado reconoce su propia participación delictiva ante las autoridades, sin necesidad de aportar información sobre terceros. Alertador/Whistlebloower: Quien denuncia hechos ilícitos sin haber participado en ellos. En España está regulado en la Ley 2/2023 de 20 de febrero.
La Comunidad de Madrid ha recurrido al Tribunal Supremo el Plan Estatal de Vivienda 2026/30, argumentando que invade competencias autonómicas y limita su capacidad de gestión y autonomía financiera.
Volverá Puigdemont y se irán a Barcelona empresas que ahora están en Madrid —por ejemplo, la nueva Indra, que ya ha olvidado sus sueños europeos— para equilibrar territorialmente el Estado, y la fase final del proceso electoral de la primavera y el verano de 2027 volverá a sacar a la luz el origen de la batalla jurídica y política entre los órganos judiciales y la izquierda. La corrupción personal de dirigentes políticos es el sarpullido de la corrupción estructural que permanece en nuestro país desde la puesta en marcha de la Constitución de 1978. Por la puerta de su articulado se han ido colando los instrumentos que buscan su destrucción.
Urbagestión, propietaria de la vivienda ubicada en el distrito de Retiro (Madrid) y ocupada hasta ahora por doña Maricarmen, ha emitido una nota de prensa para aclarar los hechos relacionados con el conocido como "Caso Doña Maricarmen". La empresa busca desmentir informaciones erróneas que se han difundido en los últimos días y explicar el contexto legal y social del caso.
El Ministerio de Cultura ha comenzado los trámites para declarar el Palacio de Fontalba, en Madrid, como Bien de Interés Cultural, reconociendo su valor histórico y arquitectónico.
El PP ha solicitado nuevamente la comparecencia de tres ministros que no asistieron al Senado para explicar la crisis de Ceuta, exigiendo responsabilidad y transparencia del gobierno.
El presidente Pedro Sánchez descartó la implicación de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta, destacando la cooperación positiva entre ambos países. Rechazó acusaciones sin fundamento y denunció una campaña de desinformación relacionada con tensiones internacionales. Abogó por la solidaridad europea en la gestión de la migración.
El Gobierno de Marruecos atribuye la crisis migratoria en Ceuta a redes de trata, desinformación y malentendidos sobre decisiones judiciales españolas. Tras la masiva entrada de migrantes, se reportan al menos 72 muertos. Marruecos destaca su actuación proactiva y busca cooperación con España para abordar el fenómeno migratorio.
La crisis migratoria en Ceuta ha generado tensiones diplomáticas en Europa, con Francia reforzando controles fronterizos y Finlandia apoyando la exclusión de España del espacio Schengen. El Gobierno español ha respondido convocando al embajador italiano, rechazando acusaciones sobre su política de regularización y defendiendo la gestión migratoria.
El Tribunal de Justicia de la UE avala la amnistía a Puigdemont, un primer paso necesario para el regreso del expresidente de Cataluña. Los otros dos pasan por el Supremo y el Constitucional, que deberán tramitar otros dos recursos.
El Partido Popular celebra la decisión de la Junta Electoral Central de aumentar la vigilancia sobre la Ley de Nietos, destacando preocupaciones sobre el censo electoral exterior y la necesidad de garantías en su aplicación.
Con cuatro años y medio de condena, de los que solo cumplirá uno en servicios sociales, y con sus tres millones setecientos mil euros en los bolsillos, Víctor de Aldama dio, al salir de la sede del Tribunal Supremo, la clave final de la misma: que los que vienen detrás aprendan. Traducido para que todo el mundo lo entienda: si colaboras con la Justicia tienes premio, no entras en la cárcel y te puedes quedar con el dinero que has conseguido con la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid.
Gamarra exige al PNV aclaraciones sobre su vinculación con el informe de la UCO, que relaciona al partido con corrupción y condiciona su apoyo a Sánchez. Solicita disolución del gobierno por la situación.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido remitir un auto del magistrado Juan Carlos Peinado al Promotor de la Acción Disciplinaria por posibles faltas graves.
Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida, critica la instrucción del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez, calificándola de "aberración" y apoyando un expediente del CGPJ.
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