noticia destacada

El Tribunal de Justicia de la UE avala la amnistía a Puigdemont, un primer paso necesario para el regreso del expresidente de Cataluña. Los otros dos pasan por el Supremo y el Constitucional, que deberán tramitar otros dos recursos.

Los dirigentes de la Europa de los 27 países y de la OTAN de los 34, nacida para defender Europa ante la desaparecida URSS y el Pacto de Varsovia, saben que su dignidad la ha tasado el presidente norteamericano en ochocientos mil millones de euros, no para aumentar la felicidad de sus ciudadanos ni para fortalecer su proyecto histórico de espacio democrático de libertades. No; es para invertir en la compra y fabricación de armas con las que mantener la guerra en Ucrania, vencer a la Rusia de Putin y convertir a cada uno de los países en un arsenal militar.

Guion cumplido una vez más. Donald Trump atacó a Europa por no apoyarle en la guerra de Irán, pidió de nuevo que Groenlandia pasase a ser un estado más de Estados Unidos, insistió en la necesidad de que los miembros de la OTAN inviertan el 5% de su PIB en defensa y convirtió a Pedro Sánchez en su alumno favorito para regañarle con lo mejor de su florido lenguaje de insultos, primero, y ofrecerle la mejor de sus sonrisas después. España pasó de país perverso y nada fiable a país que se comprometía a invertir todo lo necesario en armamento.

Los gobiernos regionales del PP han solicitado al Ministerio de Hacienda un mayor margen de gasto para 2027 y han insistido en reformar la financiación autonómica. Critican la carga de la subida salarial de funcionarios impuesta por el Gobierno central y consideran insuficiente el techo de gasto actual para servicios públicos esenciales.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dado la información que mejor resume la necesidad que tiene la Administración norteamericana de “llevarse bien” con la Europa comunitaria, y explica las razones auténticas de las amenazas y exigencias de Donald Trump sobre la Alianza Atlántica y las inversiones del 5% del PIB que exige a cada país.

Convertido el último Comité Federal del PSOE en el primer gran acto electoral del largo año que nos espera hasta los comicios municipales y autonómicos de 2027, los dirigentes socialistas, los que aplaudieron al líder con el miedo en el cuerpo ante las noticias que se sucedan en los tribunales sobre las corruptelas de quienes fueron sus compañeros desde la sede central de la madrileña calle Ferraz, van a vivir durante los próximos meses con la duda de si su secretario general y presidente del Gobierno hará que las elecciones generales coincidan el 23 de mayo con las que ya están fijadas por ley.

Los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE se irán tramitando en los distintos juzgados y tardarán años en terminar con las condenas o absoluciones que dictaminen los jueces. Ese es el camino de la Justicia, que se encontrará con la autopista de la política y las elecciones, con cambios en los gobiernos que salgan de las urnas.

El PSOE aumenta 1,7 puntos en intención de voto, alcanzando el 33%, mientras el PP cae a 25,1%. A pesar de la condena a Ábalos, el PSOE supera al PP por casi ocho puntos. La confianza en ambos líderes es baja, con un 69% desconfiando de Sánchez y un 80% de Feijóo.

Los mil tentáculos de Leire Díez conseguirán que el juez Santiago Pedraz no tenga más remedio que llamar al presidente del Gobierno a su juzgado en la Audiencia Nacional. Si fuera como testigo, tendría que responder con la verdad a cada pregunta que pudiera hacerle; si fuera como investigado, toda la causa pasaría al Tribunal Supremo.

Los calendarios judiciales tienen el ritmo que impongan los jueces, y estos abren diligencias, instruyen sumarios, suman pruebas y terminan elevando a las respectivas salas sus decisiones sobre la apertura de juicios para los acusados. Por medio están las periciales, las acusaciones fiscales y populares, los recursos… Todo ese entramado legal termina casi siempre de la misma manera, en el noventa por ciento de los casos: condenas de distinta graduación y años de cárcel, que generan nuevas rondas legales en la pirámide judicial hasta llegar al Tribunal Constitucional, a Europa e incluso a las Naciones Unidas.

Llegaron al Gobierno como representantes de un “movimiento” que aspiraba a convertirse en partido y que se está deshaciendo de la misma forma que lo hacen los azucarillos en un vaso de agua. Convertida en líder de esa suma de siglas que era Sumar, Yolanda Díaz se convirtió en vicepresidenta y colocó a su lado a Ernest Urtasun en el Ministerio de Cultura, a Mónica García en el de Sanidad, a Pablo Bustinduy al frente de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y a Sira Rego, que representa a la vieja Izquierda Unida de Antonio Maíllo, en el Ministerio de Juventud e Infancia. Una cuota pactada por Pablo Iglesias desde el ya lejano 2018.

Sin la Ley de Memoria Histórica de 2007, que impulsó el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que Pedro Sánchez amplió y transformó en Ley de Memoria Democrática en 2022, los miedos de Feijóo y Abascal a no conseguir el poder en las próximas elecciones generales no existirían.

El PSOE enfrenta una crisis interna por casos de corrupción que afectan a exdirigentes. Pedro Sánchez defiende que el partido no se ha financiado ilegalmente y destaca las medidas anticorrupción implementadas. A pesar de las tensiones con socios y críticas internas, se busca mejorar la transparencia y establecer un calendario para primarias.

Con cuatro años y medio de condena, de los que solo cumplirá uno en servicios sociales, y con sus tres millones setecientos mil euros en los bolsillos, Víctor de Aldama dio, al salir de la sede del Tribunal Supremo, la clave final de la misma: que los que vienen detrás aprendan. Traducido para que todo el mundo lo entienda: si colaboras con la Justicia tienes premio, no entras en la cárcel y te puedes quedar con el dinero que has conseguido con la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid.