El 18 de julio de 1936, el Gobierno de la República informó por radio a los españoles de que el Ejército de Marruecos se había sublevado, pero que la situación estaba controlada. Salieron los nombres de los generales Mola, Sanjurjo, Yagüe y el del hombre que finalmente se convertiría en la cabeza del golpe militar, Francisco Franco, que voló el día anterior desde el aeropuerto de Gando, en Canarias, hasta Tetuán, tras una breve parada en Casablanca, en el “Dragon Rapide”, un bimotor que el entonces marqués Luca de Tena había alquilado en Londres, con dinero de Juan March, para un “vuelo turístico” ya ensayado por el mismo piloto unos meses antes. La peor de las heridas que puede sufrir un país, la de una guerra entre hermanos, entre vecinos, entre amigos, comenzó a extenderse por el resto del país durante tres largos años.
Noventa años después, cuando la inmensa mayoría de los españoles creíamos y queríamos que aquella herida se cauterizara con la Transición democrática, descubrimos en esta España de 2026 que la clase política no parece haber aprobado el más fácil de los exámenes de Historia y se afana por repetir los mismos errores en los que incurrieron sus antepasados. Hasta las fechas electorales parecen evocar las del siglo pasado, con las futuras municipales y autonómicas de mayo de 2027 y las generales previstas para julio de ese mismo año. Con Europa en una alarmante falta de identidad, y Alemania dispuesta a invertir miles de millones en su industria militar como salida a su crisis social y económica, los parecidos son inevitables.
A las cinco de la tarde de aquel 18 de julio, el general Francisco Franco, ya al frente de la unidad del Ejército más preparada para el combate, proclamó el estado de guerra en el Protectorado. Ni el presidente de la República, Manuel Azaña, ni los sucesivos jefes de Gobierno, como Santiago Casares o Francisco Largo Caballero, lograron que la guerra se detuviera. Todo lo contrario: cuatro años antes, el pacto entre los representantes de los totalitarismos de Italia, Alemania y España ya había hecho un primer intento de golpe militar con el general Sanjurjo a la cabeza, en agosto de 1932, apenas un año después de las elecciones municipales de abril y las generales de junio de 1931, que llevaron al exilio a Alfonso XIII y a la llegada de la II República. España se convirtió en el laboratorio militar y político de lo que sería la II Guerra Mundial.
Las diferencias entre la España de 1936 y la de 2026 son enormes en lo social y en lo económico, pero no en lo político. La misma rabia que destilan los mensajes de los dirigentes, los mismos insultos, el mismo afán por llegar al poder y mantenerse, parecidas influencias exteriores. La prudencia que apareció en 1977 y en 1978, con las elecciones generales y una nueva Constitución en la que la monarquía, por fin, pactaba su existencia con un régimen democrático y la representación de los ciudadanos en manos de un Congreso y un Senado de los que salía un Gobierno, aparece en este verano de 2026 más débil que en los últimos cuarenta años.
La estructura del Estado, que se ha desarrollado de forma acelerada y muy por encima de lo que debieron pensar los redactores de la Carta Magna, se ha convertido en uno de los males con más fácil diagnóstico y peor remedio. En el nuevo paisaje internacional de la globalización no parece que vaya a aparecer un avión De Havilland, ni un piloto inglés como Cecil Bebb, ni financieros o editores de prensa como March o Luca de Tena, ni tampoco independentistas como Cambó dispuestos a aprovechar la debilidad de un Gobierno central y del Estado; pero las dudas sobre las intenciones de los nuevos imperios tecnológicos y la situación estratégica de España dentro de la Unión Europea y de la OTAN son muchas, y todas con capacidad para desarrollar una lógica de poder.
La herida que se abrió hace noventa años y que creíamos cicatrizada se empeñan en abrirla en contra de los deseos de varias generaciones de españoles que quieren que les hablen de su futuro y no de su pasado, ese que muchas veces es conveniente dejar, por otros noventa años, en los libros de Historia y no en el Congreso y el Senado, para impedir la búsqueda de acuerdos y convertirlos en un ring de boxeo.
