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7 de marzo de 2026
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El Gobierno de Almeida defiende la legalidad y eficacia de su plan
Consciente de que estaba buscado, "tomaba todo tipo de precauciones", como residir en nuestro país bajo una identidad "usurpada" de otra persona o eliminarse "de manera intencionada" las huellas dactilares
El distrito de Usera se convertirá un año más en el gran escenario del festival durante los días 20, 21 y 22 de febrero
"No estábamos dispuestos a cooperar en un nuevo dedazo y en un nuevo enchufe de Pedro Sánchez", contesta
Entre los señalados figuran sociedades como Elix Servicios Inmobiliarios SL, Inmho Gestión de la Propiedad SLU y distintos directivos y responsables operativos.
El 75% de las multas han recaído en el sector comercial
| | Imagen de archivo de una anterior protesta, AFA Amadeo Vives |
Reclaman así al Gobierno de Almeida que el futuro Centro de Día y Centro de Mayores del barrio se ubique en la calle Camarena, 277 | | Mariano Ordaz, imagen La Sexta |
Los propietarios del inmueble han reclamado su desahucio alegando la necesidad de reformas en el mismo
El padre Marcelino de Andrés ya declaró cuando fue detenido en marzo de 2025 ante la instructora, quedando en libertad provisional con cargos y con medidas cautelares como no acercarse al colegio ni a las niñas.
| | El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la concejala de Chamartín, Yolanda Estrada, en una imagen de archivo |
La presentación oficial será el 18 de febrero en la Escuela de Ingenieros Industriales
La consulta ciudadana se realizará entre el 16 de febrero y el 2 de marzo a través de Decide Madrid
Una protesta para mostrar su descontento por los recortes de la futura PAC y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, así como de la pérdida de rentabilidad que está llevando al cierre de explotaciones
| | imagen de archivo de una anterior protesta |
Un total de 126 líneas de la EMT --el 60% de la flota-- y decenas de autobuses interurbanos verán afectados sus servicios | | Imagen del centro de Entrevías, UGT |
La Comunidad asegura que está en contacto con la dirección del centro para valorar y ejecutar las "actuaciones necesarias"
El fiscal acusa al procesado de un delito de estafa agravada y solicita una pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y una multa de diez meses con cuota diaria de diez euros
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