El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y la Administración de la Seguridad Social para el periodo 2026-203. El instrumento busca incorporar de forma progresiva y sistemática criterios ambientales en las compras públicas y aprovechar su capacidad para impulsar la transición ecológica.
Claves de la noticia
Alcance
El Plan comprende seis líneas de actuación y 22 medidas.
Objetivo para 2033
Se plantea que se valore incluir al menos una consideración medioambiental en el 100 % de los procedimientos incluidos en su ámbito.
Ámbitos prioritarios
Entre sus medidas figuran criterios de huella de carbono, adaptación climática, economía circular y rehabilitación energética de edificios públicos.
La contratación pública representa aproximadamente el 11,5 % del PIB y cerca del 25 % del gasto público. El Plan pretende utilizar este peso para reducir emisiones, mejorar la adaptación al cambio climático, favorecer la economía circular y estimular soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente.
Al concluir su vigencia, en 2033, se espera que se valore incorporar al menos una consideración medioambiental en el 100 % de los procedimientos de contratación comprendidos en el Plan. Su ámbito se amplía respecto al anterior, vigente entre 2018 y 2025, con la inclusión de las entidades públicas empresariales y las agencias estatales. También abarca a la Administración General del Estado, sus organismos públicos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
Medidas para reducir la huella de carbono
Una de las líneas del Plan busca descarbonizar la contratación pública. Para ello, contempla crear una base de datos centralizada de materiales de construcción que reúna factores de emisión de productos constructivos correspondientes, al menos, al 70 % del volumen medio de obra pública estatal.
Asimismo, se promoverá la incorporación progresiva de la huella de carbono de productos y servicios como condición especial de ejecución o criterio de adjudicación, cuando resulte viable. También se estudiará la posibilidad de crear un registro o repositorio estatal de huella de carbono de producto con valores verificados y normalizados para categorías prioritarias.
El Plan prevé identificar y difundir proyectos de referencia para validar y facilitar la integración gradual de estos criterios en los procedimientos. El propósito es que la huella de carbono pueda utilizarse como parámetro objetivo y comparable al decidir compras e inversiones públicas.
Adaptación climática en contratos e inversiones
Otra línea promueve la adaptación al cambio climático y la resiliencia climática en los contratos públicos. El objetivo es que las inversiones y los servicios públicos, además de contribuir a reducir emisiones, estén preparados para mantener su funcionalidad ante impactos climáticos presentes y futuros.
Entre las medidas se contempla identificar las categorías de contratos especialmente expuestas a riesgos climáticos y promover prescripciones técnicas, criterios de adjudicación y condiciones de ejecución que ayuden a reducir la vulnerabilidad de infraestructuras, obras y servicios.
En particular, se desarrollará una herramienta metodológica denominada test climático, destinada a facilitar la incorporación de criterios de adaptación en las prescripciones técnicas de grandes contratos de obras, concesiones de obras y servicios, así como en contratos de servicios para redactar proyectos. La línea se completará con la identificación y difusión de proyectos de referencia y buenas prácticas.
Economía circular y edificios públicos
El Plan también plantea emplear la capacidad de compra de las administraciones para acelerar la economía circular, reducir residuos y mejorar el aprovechamiento de recursos y materias primas secundarias. En las categorías de contratos que dispongan de metodologías armonizadas o herramientas de cálculo reconocidas, se promoverá el coste del ciclo de vida como criterio de adjudicación.
Ese enfoque permite considerar, además del precio inicial, los costes asociados al uso de los bienes durante su vida útil, incluido el consumo energético. También se impulsarán medidas para prolongar la vida de los bienes públicos y favorecer su reparación, reutilización y remanufactura. En obras y concesiones de obra pública se fomentará el uso de materiales reciclados y materias primas secundarias.
Otra línea se centra en la descarbonización y la transición energética de los edificios públicos. Se prepararán guías y herramientas para facilitar contratos de rehabilitación energética, electrificación de consumos y despliegue de energías renovables; además, se elaborarán modelos de pliegos y se identificarán y difundirán proyectos de referencia y buenas prácticas.
Estas actuaciones buscan facilitar la incorporación de criterios ambientales en las intervenciones sobre edificios públicos y favorecer la reducción de sus emisiones durante su vida útil. El Plan señala que las medidas de economía circular pueden orientar la demanda hacia productos duraderos, reparables y reutilizables, reducir la dependencia de materias primas y reforzar la autonomía estratégica.
Aplicación, gobernanza y seguimiento
El Plan reúne seis líneas de actuación y 22 medidas. Incluye el desarrollo de capacidades y herramientas prácticas para las unidades promotoras y los órganos de contratación. Entre otras actuaciones, prevé reforzar la formación de los empleados públicos, crear una Red de Contratación Pública Ecológica del Sector Público para intercambiar conocimientos y experiencias, y transformar el actual Catálogo de Prescripciones Técnicas Ecológicas en una plataforma interactiva.
La gobernanza corresponderá a la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública, apoyada por un Grupo de Trabajo Permanente que se reunirá al menos cuatro veces al año. La aplicación se concretará en programas anuales de trabajo con actuaciones, responsables e hitos previstos.
El seguimiento se basará en indicadores, en el análisis de los informes de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) y en el desarrollo progresivo de herramientas automatizadas e inteligencia artificial para analizar información de la Plataforma de Contratación del Sector Público y reducir cargas administrativas. Tres años después de su aprobación se elaborará una evaluación intermedia para valorar los avances y proponer posibles mejoras.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Hacienda elaboraron conjuntamente el Plan, que da continuidad al marco de contratación pública ecológica iniciado en 2018 y adapta sus instrumentos a los nuevos objetivos y exigencias ambientales nacionales y europeas.
La noticia en cifras
| Cifra | Dato |
|---|
| 11,5 % | Porcentaje aproximado del PIB que representa la contratación pública. |
| 25 % | Porcentaje aproximado del gasto público que representa la contratación pública. |
| 70 % | Volumen mínimo medio de obra pública estatal que se prevé cubrir con los factores de emisión incluidos en la base de datos de materiales de construcción. |
| 2033 | Objetivo: que se valore incorporar al menos una consideración medioambiental en el 100 % de los procedimientos incluidos en el ámbito del Plan. |
| 6 líneas y 22 medidas | Estructura del Plan. |
| Al menos 4 veces al año | Frecuencia prevista de las reuniones del Grupo de Trabajo Permanente. |
| 3 años | Plazo tras la aprobación para elaborar una evaluación intermedia del Plan. |
| 2018-2025 | Periodo de vigencia del anterior Plan. |
Preguntas sobre la noticia
¿A qué entidades se aplica el Plan?
Se dirige a la Administración General del Estado, sus organismos públicos, las entidades públicas empresariales y las agencias estatales, además de las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
¿Qué objetivo fija para 2033?
Al término de su vigencia, el Plan plantea que se valore incorporar al menos una consideración medioambiental en el 100 % de los procedimientos de contratación incluidos en su ámbito. Es un objetivo referido a valorar esa incorporación.
¿Qué criterios ambientales prevé impulsar en los contratos?
Entre otras medidas, contempla promover el uso de la huella de carbono de productos y servicios cuando sea viable, incorporar criterios de adaptación climática en grandes contratos y fomentar el coste del ciclo de vida y el uso de materiales reciclados en determinadas contrataciones.
¿Cómo se prevé aplicar y evaluar el Plan?
La ejecución se concretará mediante programas anuales de trabajo que identificarán actuaciones, responsables e hitos. El seguimiento se apoyará en indicadores y, transcurridos tres años desde la aprobación, se elaborará una evaluación intermedia.