Son los dos aspectos más llamativos de la nueva ordenanza que comenzará a aplicarse quince días después de que sea publicada en el BOCAM
Jueves 02 de octubre de 2014
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado de forma definitiva la nueva ordenanza de convivencia que contempla sanciones económicas para quienes ejerzan la prostitución y para quienes paguen por ese servicio siempre y cuando se encuentren a menos de 200 metros de zonas residenciales o de actividad económica.
Además, la nueva normativa intentará erradicar la mendicidad con sanciones que, según el consistorio, buscan evitar el acoso a los viandantes y la explotación de menores.
Son los dos aspectos más llamativos de la nueva ordenanza de convivencia de Alcalá que comenzará a aplicarse quince días después de que sea publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Esta normativa fue aprobada este martes en el Pleno Municipal con los votos a favor del Partido Popular y con la oposición de Izquierda Unidad y Partido Socialista, que incidieron en la imposibilidad de llevar a cabo lo dispuesto en la normativa por falta de medios. El portavoz del PP, Jesús Domínguez, ha explicado en el Pleno que "los medios materiales y humanos los tiene la administración" y no deben recogerse en la ordenanza.
En el texto se establece la potestad de los agentes municipales para persuadir a prostitutas y clientes de que abandonen sus negociaciones o prácticas, ya sea en la calle o dentro de algún vehículo, siempre y cuando se encuentren a menos de 200 metros de zonas residenciales o de actividad económica, lo que incluye también los polígonos industriales. Si a pesar de las indicaciones de los agentes se mantiene la actividad, los clientes y las prostitutas podrán ser sancionados con multas que van desde los 300 euros a los 1.500 euros.
Además, a las prostitutas se les ofrecerá la posibilidad de acogerse a planes sociales para que abandonen el ejercicio de la prostitución.
La ordenanza contempla también un endurecimiento de las sanciones para grafiteros, para aquellos que coloquen carteles en la vía pública y especialmente aquellos que contengan mensajes ofensivos y discriminatorios, y también para los dueños de mascotas que no recojan las deposiciones de los animales. Y otro de los puntos polémicos de la norma es la prohibición de que los vecinos cuelguen su ropa a secar en las fachadas de los edificios.
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