El PP nacional se lava las manos y no intervendrá en el conflicto de Caja Madrid

El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, ha asegurado que su partido no interviene en la continuidad o no de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid porque "no hace política de nombres propios" cuando se trata de designar a los máximos responsables de las entidades financieras.

Montoro, en una conferencia de prensa celebrada en la sede nacional del partido, se ha manifestado de esta forma acerca de las supuestas desavenencias entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, acerca de la renovación de Caja Madrid.

El PP en la Asamblea de Madrid dio vía libre hace unos días a la posibilidad de que la designación del máximo responsable de la caja de ahorros dependa en mayor medida del Gobierno autonómico que del consistorio de la capital.

Montoro, a este respecto, ha afirmado que la dirección popular no tiene "opinión formalizada", pues es un asunto que compete a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales.

"Corresponde a ellos desarrollar las prácticas de buen gobierno de las entidades financieras en un momento difícil como éste", ha dicho el portavoz económico del Partido Popular, que ha abogado por anteponer "la estabilidad financiera" a cualquier otra premisa, y con "la menor injerencia política posible".

Eso es lo que defiende la dirección nacional de los populares, que no hace "política de nombres propios" ni interviene en esa clase de nombramientos.

Recordemos que el pleno de la Asamblea de Madrid aprobó, con los votos a favor del PP, la abstención del PSOE y los votos en contra de IU, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad para 2009, que incluye la reforma legal de la representación en Caja Madrid e inicia el proceso de salida a Bolsa del Canal de Isabel II.

La Ley de Acompañamiento o Ley de Medidas Fiscales y Administrativas se ha aprobado tras un debate de apenas una hora, en el que el PP ha rechazado las 49 enmiendas parciales de IU y las 25 del PSOE.

Durante el pleno han sido desalojados una docena de sindicalistas de CCOO y de representantes de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) por proferir gritos y arrojar al hemiciclo panfletos contra la privatización del Canal.

La reforma de la Ley de Cajas madrileña -efectuada a través de diez de las quince enmiendas introducidas por el grupo popular- reduce del 43,7% al 41,5% el "peso político" del Parlamento y las corporaciones locales en Caja Madrid, ha explicado el portavoz de Hacienda del PP, Pedro Muñoz.

Por el contrario, amplía la participación de la entidades representativas y empleados, y da entrada a la Cámara de Comercio y las universidades privadas en el sector de entidades representativas.

También atribuye al presidente de la Caja funciones ejecutivas que el Consejo de Administración no podrá "bloquear" y aclara que la duración máxima de los mandatos será de 12 años.

Los socialistas, que no han propuesto ninguna enmienda a la reforma de la Ley de Cajas, creen que ésta responde a una nueva "lucha de poder interno" entre la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, ha aseverado que es un "disparate" someter a Caja Madrid a una "guerra partidaria", y ha asegurado que su grupo trabajará con "inteligencia" para "restablecer el consenso" en la entidad.

Por su parte, IU considera que la reforma de la Ley de Cajas significa la "intervención" del Gobierno de Esperanza Aguirre en Caja Madrid -la cuarta entidad financiera de España- y ha anunciado que la recurrirá porque es de "dudosa legalidad" y "puede bordear un delito de desviación de poder".

Para IU, con esta reforma pierden peso los municipios (de 100 a 80 representantes) y los impositores, frente al Parlamento (de 42 a más de 50) y las entidades representativas, en lo que, a su juicio, es un "cálculo de ingeniería partidista" que "prima a la base social de Esperanza Aguirre".

Hasta ahora la representación de los municipios en Caja Madrid se establecía en función del número de depósitos, mientras que con la reforma será según los depósitos per cápita, lo que "discrimina de forma clasista" a los ciudadanos de la capital y los municipios del sur en favor de ayuntamientos "afines" a Aguirre, como el de Majadahonda, según el portavoz de Hacienda de IU, Miguel Reneses.

La Ley de Acompañamiento también autoriza al Canal de Isabel II a crear una sociedad anónima, con mayoría de capital público, que gestione las infraestructuras del agua en la región, lo que abre el proceso de la futura salida a Bolsa del 49% de las acciones de esta empresa pública para conseguir los más de 4.000 millones de euros que necesita invertir en infraestructuras en los próximos diez años.

En cuanto a las medidas fiscales, la Comunidad de Madrid conserva en 2009 la deducción de un punto en el tramo autonómico del IRPF, las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento y por arrendamiento de viviendas por parte de menores de 35 años, y la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para ascendientes, descendientes y cónyuges.

Se crean además deducciones nuevas por gastos educativos y por el importe de la subida de los tipos de interés en los pagos de hipotecas, desaparece el Impuesto de Patrimonio y se crea una tasa de 60 euros por derechos de examen para el nuevo certificado que deberán obtener los porteros de discoteca.

Respecto a la Ley de reforma de Caja Madrid, ka presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha recordado que "no va contra nadie ni limita los derechos de nadie" y ha dicho que "quizá" el alcalde Ruiz-Gallardón "no ha tenido tiempo suficiente de leer" la nueva normativa que todos "está obligados" a cumplir.

La presidenta se ha referido a las "respuestas legales" que podría interponer el Ayuntamiento de Madrid contra esta normativa, al considerar que afectará al actual proceso electoral del banco y que reduce la representación de la capital en los órganos de gobierno de la entidad.

Aguirre ha afirmado al respecto que esta ley "no va contra nadie, ni limita los derechos de nadie" y ha asegurado que "ni muchísimo menos pretende que se disuelva la asamblea" de Caja Madrid, que continuará constituida como hasta ahora "hasta que se elijan nuevos miembros".

"La presidencia de Caja Madrid -ha dicho Aguirre- será elegida a partir de septiembre de 2009" que, según ha recordado "es cuando cumple el mandato de seis años" que lleva Miguel Blesa al frente de la entidad bancaria.

Aguirre se ha mostrado "absolutamente convencida" de que el presidente de Caja Madrid, "como ha hecho siempre, cumplirá la ley, que es la expresión de la voluntad general y obliga a todos" y ha añadido que así sucede "con todas las entidades e instituciones españolas".

"Ya pasaron los tiempos de Bodino, donde el príncipe no estaba sujeto a las leyes", ha indicado la presidenta que ha insistido en que las leyes son para todos y de obligado cumplimiento.

El objetivo de la reforma de la Ley de Cajas, según Aguirre, es "dar más participación a la sociedad civil y menos al sector público" así como actuar de la misma manera que han hecho el resto de las autonomías, dando más representación a los ayuntamientos en el Consejo de Administración de la Caja.

Para ello, ha dicho que la Comunidad "limita al 30%" la representación del Ayuntamiento de Madrid en la Caja y que lo ha hecho en virtud de "la importancia" que tiene el Consistorio de la capital en esta región.

Ha recordado que los objetivos de esta reforma son adaptar la Ley de Cajas de Ahorro a la ley nacional (LORCA) "a lo que estamos todos obligados", igual que han hecho otras comunidades autónomas, y "dar más participación a la sociedad civil" en detrimento del sector público cuyo "peso" en las entidades bancarias no puede superar el 50 por ciento.