Volverá Puigdemont y se irán a Barcelona empresas que ahora están en Madrid —por ejemplo, la nueva Indra, que ya ha olvidado sus sueños europeos— para equilibrar territorialmente el Estado, y la fase final del proceso electoral de la primavera y el verano de 2027 volverá a sacar a la luz el origen de la batalla jurídica y política entre los órganos judiciales y la izquierda. La corrupción personal de dirigentes políticos es el sarpullido de la corrupción estructural que permanece en nuestro país desde la puesta en marcha de la Constitución de 1978. Por la puerta de su articulado se han ido colando los instrumentos que buscan su destrucción.
Los jueces españoles, desde los juzgados de instrucción al Supremo y el Constitucional, no gobiernan el Estado como sí lo hicieron en la Grecia clásica, pero sí lo condicionan de manera efectiva en los últimos años. Si se quiere encontrar el primer rastro de una critarquía —gobierno de los jueces— hay que remontarse más de tres mil años y leer lo que de él se dice en el Antiguo Testamento. Ese gobierno de los jueces se daba cuando los políticos se alejaban de la rectitud y el pueblo se ponía a adorar a los becerros de oro. Ahora, son los cambios legales que esperan su aprobación por mayoría absoluta en el Congreso los que busca el Gobierno para cambiar la composición de un órgano judicial que debería haberse renovado hace cuatro años. No parece que vaya a producirse antes de las próximas elecciones generales.
Puede que fuera Samuel el escribidor de los textos o puede que no sepamos nunca quién es el auténtico autor de ese libro sagrado, pero lo cierto, lo que ha llegado hasta nosotros a través de griegos como Aristóteles, Heródoto o Jenofonte, es que los pueblos y las naciones, de forma periódica, buscan en los jueces lo que no encuentran en sus dirigentes políticos. Moral y gobierno se cruzan y se descruzan a lo largo de la historia, y la falta de la primera y la crisis del segundo conducen siempre a la violencia.
En los últimos trescientos años, desde esa parte de Europa que es España y, sobre todo, Cataluña, la política se ha trasladado a los juzgados y al orden público, y antes de que lleguemos a un nuevo referéndum o a una nueva consulta —que son dos maneras de decir lo mismo— tendremos más violencia jurídico-política, con los dos poderes del Estado enfrentados sin remedio por el origen de su propia composición. Vamos a tener víctimas, sin sangre, pero víctimas, con Gobierno y oposición empeñados en que el Congreso y el CGPJ, con el Supremo y el Tribunal Constitucional por medio, pongan en riesgo la convivencia en las más altas instancias de la vida pública. Ya se están poniendo las tablas de los cadalsos judiciales y habrá que soñar y pedir que no se llegue a tener que narrar historias de muertos y heridos.
Seguimos a un paso de que, dentro de la eterna batalla electoral y desde la base de las modificaciones legales en torno a la sedición y la malversación, en Cataluña se viva un conflicto civil —que permanece camuflado de baja intensidad— como no se conocía desde los años treinta del siglo pasado, y que en el resto de España se mire a los catalanes como al enemigo. Ya ha pasado el tiempo de que se aplique en puridad y dentro de la mayor legalidad el artículo 155 de la Constitución, si llegara a cambiar el color del partido gobernante. De forma encubierta, se está aplicando con el control de las finanzas y de los cuerpos de seguridad. Quería el Gobierno un apoyo en el Congreso y tanto el PSOE como Podemos lo han conseguido con sus socios de investidura, evidenciando la división que existe entre las fuerzas parlamentarias respecto a qué hacer frente a la Generalitat, la de hoy, la de ayer y la de mañana, y frente a los setecientos alcaldes de las cuatro provincias catalanas.
Cataluña es una piedra en el camino; lo que ha seguido después es un derrumbe de las instituciones en toda España a través del enfrentamiento entre el Gobierno y el PSOE con los jueces por los casos de corrupción que han aflorado y tienen a exministros, exsecretarios de organización socialistas y, sobre todo, a una figura tan emblemática como Rodríguez Zapatero y su intensa actividad internacional en el centro de la escena, concretada en unas joyas de un valor aún sin cuantificar del todo.
Han saltado por los aires los acuerdos de la Transición, se han roto los pactos que permitieron redactar una Constitución y que España pasara de una dictadura a una democracia con el menor coste posible. Lo que no se hizo antes, la ruptura con el franquismo, se quiere hacer ahora e, incluso, llegar mucho más lejos: redactar una nueva Constitución en la que se contemple el modelo de Estado y se coloque a los ciudadanos en la tesitura de elegir entre una monarquía federal o una república federal. Ni es el momento ni estamos ante una nueva oportunidad de regeneración de la vida pública. Pensar ahora en una presidencia del Estado, que tendría un color político determinado, dentro de la crisis de identidad que vive España y los ataques a nivel internacional como el que se está viviendo en Ceuta, es para echarse a temblar.
El problema de España traspasa los ámbitos de Cataluña, que lo que está haciendo es abrir en canal la convivencia y los equilibrios logrados en estos últimos cuarenta años. Volvemos a escuchar palabras y frases que no se oían desde los años setenta. Solo falta que, cerradas y embargadas las imprentas, los independentistas regresen a las históricas “vietnamitas” que servían a la oposición del franquismo para hacer llegar su mensaje a los ciudadanos que deseaban ver a España convertida en una democracia. Nuestros peores temores pueden convertirse en hechos y los maquinistas que conducen las locomotoras parecen decididos a no poner los frenos, pensando que los jueces y los cuerpos de seguridad del Estado hagan de guardagujas y muevan los raíles para evitar el choque final.