Volverá Puigdemont y se irán a Barcelona empresas que ahora están en Madrid —por ejemplo, la nueva Indra, que ya ha olvidado sus sueños europeos— para equilibrar territorialmente el Estado, y la fase final del proceso electoral de la primavera y el verano de 2027 volverá a sacar a la luz el origen de la batalla jurídica y política entre los órganos judiciales y la izquierda. La corrupción personal de dirigentes políticos es el sarpullido de la corrupción estructural que permanece en nuestro país desde la puesta en marcha de la Constitución de 1978. Por la puerta de su articulado se han ido colando los instrumentos que buscan su destrucción.
Cuca Gamarra defiende la despolitización en la elección de vocales del CGPJ, acusando al Gobierno de intentar someter el Poder Judicial y manipular la justicia para su beneficio.
Antonio Silván critica al ministro Bolaños en el Senado, acusándolo de mentir sobre conflictos judiciales y atribuciones entre el Gobierno y el Senado, cuestionando su integridad y veracidad.
El Gobierno ha aprobado la creación de 69 plazas de jueces y 32 de fiscales en Madrid, aumentando significativamente la plantilla judicial y fiscal. Esta medida histórica busca mejorar el Servicio Público de Justicia.
Hay una clase de relación con el poder que resulta difícil de explicar desde las categorías tradicionales de simpatía, afinidad ideológica o simple proximidad periodística. Es algo más intenso: una especie de fascinación por la confrontación, por el personaje que sobrevive al combate y por la posibilidad de estar cerca de quien ocupa el centro permanente de la batalla. Podríamos llamarlo, recurriendo deliberadamente a una licencia provocadora, agonofilia política. Y esa parece ser la relación que algunos directores de diarios digitales mantienen desde hace tiempo con Pedro Sánchez.
El Gobierno suspende los plazos procesales del 27 al 31 de julio en partidos judiciales afectados por incendios forestales, permitiendo a las personas concentrarse en la emergencia sin repercusiones legales.
La Comunidad de Madrid destina más de 1 millón de euros para agilizar la tramitación de juicios rápidos, aumentando la eficiencia del sistema judicial y reduciendo los tiempos de respuesta.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, destaca la importancia de respetar todas las sentencias judiciales y critica la falta de control en la aplicación de la Ley de Nietos. También denuncia el abandono de Canarias por parte del gobierno central.
Los calendarios judiciales tienen el ritmo que impongan los jueces, y estos abren diligencias, instruyen sumarios, suman pruebas y terminan elevando a las respectivas salas sus decisiones sobre la apertura de juicios para los acusados. Por medio están las periciales, las acusaciones fiscales y populares, los recursos… Todo ese entramado legal termina casi siempre de la misma manera, en el noventa por ciento de los casos: condenas de distinta graduación y años de cárcel, que generan nuevas rondas legales en la pirámide judicial hasta llegar al Tribunal Constitucional, a Europa e incluso a las Naciones Unidas.
Los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE se irán tramitando en los distintos juzgados y tardarán años en terminar con las condenas o absoluciones que dictaminen los jueces. Ese es el camino de la Justicia, que se encontrará con la autopista de la política y las elecciones, con cambios en los gobiernos que salgan de las urnas.
Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida, critica la instrucción del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez, calificándola de "aberración" y apoyando un expediente del CGPJ.
El CGPJ evaluará si abre expediente al juez Juan Carlos Peinado por sus declaraciones sobre los escoltas de Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez. Interior ha presentado una queja, argumentando que sus afirmaciones cuestionan la profesionalidad policial. La decisión se aplazó para un análisis más profundo.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defiende la independencia judicial ante descalificaciones de instituciones estatales, advirtiendo que estas erosionan la confianza ciudadana en el Estado de derecho. Resalta que el respeto a las decisiones judiciales es esencial para una democracia y critica la instrumentalización de la actividad judicial.
El PP, liderado por Alicia García, anunciará nuevas comparecencias en la comisión del caso Koldo, incluyendo a Salvador Illa y Leire Díez. Se investigarán sospechas sobre la financiación de campañas electorales y contratos de mascarillas. El objetivo es presionar al PSOE y esclarecer posibles maniobras corruptas.
Primero desaparecieron las pintadas en las paredes con las que trabajadores y vecinos denunciaban los errores o despropósitos de los políticos, al mismo tiempo que se desvanecían las huelgas, luego fueron menguando las manifestaciones de protesta hasta convertirse en procesiones más o menos grandes que ya no asustan a ningún gobierno ya sea nacional o autonómico, y finalmente los políticos también van perdiendo el miedo a los jueces por más que amenacen con meter en la cárcel a corruptos y miembros de “presuntas organizaciones criminales", como definió al grupo de Abalos, Koldo y Aldama el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)
Alma Ezcurra del PP denuncia la corrupción del 'caso PSOE' como "delincuencia de Estado", advirtiendo que el abuso del poder pone en riesgo a todos. Exige elecciones y cese de altos funcionarios implicados.
Desde la felicitación de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez como vencedor en la moción de censura de junio de 2018 y su posterior adiós del hemiciclo en busca de una comida reparadora en el restaurante de uno de sus mayores defensores, justo al lado de la plaza de la Independencia, mientras el bolso de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría hacía visible el futuro del Partido Popular, al dirigente socialista que lleva ocho años sentado al frente del Gobierno le persigue la obsesión enfermiza que tienen sus adversarios para que se marche.
Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, está bajo investigación por presuntos amaños en obra pública, irregularidades en contratos de la SEPI y una trama para influir en causas judiciales. Su vinculación con la empresa Servinabar y su rol jerárquico en estas operativas han generado múltiples frentes judiciales.
El último fin de semana de junio, Pedro Sánchez intentará demostrar, con la celebración del Comité Federal del PSOE, que controla el partido y que su decisión de resistir hasta el final de la legislatura, pese a los ataques políticos y las actuaciones judiciales sobre posibles corrupciones de los antiguos responsables de la organización, está apoyada por la gran mayoría de los cerca de trescientos miembros que integran el órgano de gobierno de los socialistas.
Avisa de que habrá que indagar en responsabilidades policiales y en el "colaboracionismo" de la Iglesia y determinadas empresas
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La apertura del año judicial en Madrid destaca la necesidad de cubrir 158 plazas de jueces, con una ratio inferior a la media nacional. El consejero de Justicia aboga por más profesionales para mejorar el sistema.
La Comunidad de Madrid ha formalizado 471 contratos para menores infractores en 2025, incrementando un 2,4% respecto al año anterior, con una inversión de 6 millones para su reinserción laboral.
Torrejón de Ardoz acogerá el 17 y 18 de octubre el Urban Climbing, la primera competición de escalada urbana en Madrid, convirtiéndose en el mayor rocódromo urbano de España.
Dimitry Berberoff, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, defiende la independencia judicial como clave para la democracia y advierte sobre los riesgos de deslegitimar a los jueces.
Cuca Gamarra critica la gestión de Sánchez, destacando una "agenda judicial" marcada por corrupción y condenas. Acusa al gobierno de obstaculizar instituciones y carecer de políticas efectivas para enfrentar crisis como los incendios.
Ester Muñoz, portavoz del GPP, critica al Gobierno por crear un "relato político" para evitar dar explicaciones sobre la corrupción que afecta al presidente, señalando el riesgo de ataques a la justicia.
Feijóo propone un Plan de Limpieza Institucional para erradicar la corrupción en España, destacando la necesidad de recuperar la normalidad democrática y la ejemplaridad en la política.
El Tribunal de Justicia de la UE avala la amnistía a Puigdemont, un primer paso necesario para el regreso del expresidente de Cataluña. Los otros dos pasan por el Supremo y el Constitucional, que deberán tramitar otros dos recursos.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha exigido que la judicatura no se involucre en política, denunciando actuaciones judiciales "sospechosas". Defendió la separación de poderes y criticó la creciente judicialización de la política, instando a que cada institución mantenga su ámbito sin interferencias.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, acusó a Pedro Sánchez de estar detrás de supuestas cloacas para presionar a jueces en casos de corrupción. Prometió un Gobierno "limpio y decente" si llega a La Moncloa, centrando su propuesta en decencia, buen gobierno, servicios públicos e igualdad entre españoles.
Gamarra afirma que es necesario convocar elecciones debido a la corrupción del "sanchismo", señalando que todos los implicados actuaban al servicio de Pedro Sánchez, quien es el responsable de la situación actual.
Alberto Núñez Feijóo critica a Rodríguez Zapatero, afirmando que la Justicia determinará su corrupción, pero ya es evidente que ha mentido y arrastrado a otros en sus acciones.
El portavoz del PP, Sémper, exige a Sánchez que convoque elecciones para reconstruir lo que se ha derrumbado en la política española, criticando la corrupción y el agotamiento social.
El ministro Félix Bolaños criticó al PP y Vox por usar casos de corrupción del PSOE para polarizar el debate público. Defendió que estos procedimientos no deben ocultar la realidad económica y social de España, apoyándose en el mensaje del Papa sobre evitar la confrontación política y mantener la confianza en el Gobierno.
Creen que el ministro y otros miembros del Gobierno "tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la honestidad de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras revelaciones sobre reuniones con Leire Díez. Aseguró que no toleraría intromisiones en el trabajo policial y reafirmó su apoyo a la UCO, mientras la Audiencia Nacional investiga el caso.
La investigación del caso Leire Díez ha ampliado su enfoque político y judicial, con registros en Tubos Reunidos y requerimientos a la SEPI. Se examinan posibles conexiones entre rescates públicos y una trama que incluye a Leire Díez, Cristina Narbona y Santos Cerdán, relacionada con influencias en causas judiciales.
La decisión del tribunal de la Audiencia Nacional que preside el magistrado José Ricardo de Prada de dejar fuera del juicio que se sigue contra la famlia Pujol por el presunto envío de dinero a cuentas bancarias de Andorra al patriarca y expresidente de la Generalitat, se explica en un pequeño párrafo: “Imposibilidad de permanecer con plenitud de conocimiento y capacidades en este juicio”. Sus 95 años de edad y tres informe médicos aportados con anterioridad no impidieron que ese mismo tribunal le haya obligado a viajar a Madrid para que le sometieran a un nuevo examen ante los jueces.
La vicesecretaria del Partido Popular, Alma Ezcurra, insta a los socios del Gobierno a elegir entre mantener un Ejecutivo corrupto o abordar problemas sociales urgentes en Parla, como la okupación ilegal.
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