El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, instó a las CCAA a utilizar un incremento histórico de financiación de 6.200 millones para reducir listas de espera y mejorar la atención en dependencia.
El ministro de Derechos Sociales ha mantenido una reunión con los gobiernos autonómicos en un Consejo Territorial, donde se discutió la reciente ampliación de las transferencias estatales para financiar la dependencia. Este aumento representará una inversión histórica de 6.200 millones de euros en un periodo de dos años.
Bustinduy ha instado a las comunidades autónomas a utilizar este incremento para continuar reduciendo las listas de espera, así como para mejorar tanto la intensidad como la calidad de las prestaciones que reciben los usuarios. También enfatizó la necesidad de dignificar las condiciones laborales de quienes cuidan a estas personas.
Durante el encuentro, se destacó que esta ampliación es estructural, lo que significa que se mantendrá en los próximos años y estará protegida por ley para prevenir recortes. Bustinduy subrayó que esto representa una medida histórica que busca reformar el sistema de cuidados, alejándose de un enfoque asistencialista hacia uno más centrado en los derechos y necesidades individuales.
El ministro también comunicó que, además del incremento mencionado, se añadirá una partida adicional de 121 millones de euros para el nivel acordado de protección, lo que elevará la inversión total a más de 904 millones de euros. Esto incluye los recursos destinados a Euskadi y Navarra a través del cálculo del cupo vasco y la aportación navarra, alcanzando un total estimado cercano a los 970 millones.
Bustinduy concluyó su intervención afirmando que "este ministerio ha cumplido con su parte" y resaltó que ahora corresponde a todas las administraciones enfocarse en lo esencial: “cuidar mejor, cuidar antes y cuidar con más dignidad”. Esta declaración pone énfasis en la responsabilidad compartida entre el gobierno central y las comunidades autónomas para mejorar el sistema de atención a la dependencia.
El Gobierno ha aprobado un incremento histórico de 6.200 millones de euros en dos años para financiar la dependencia, lo que representa una mejora significativa en los recursos destinados a este sector.
Los principales objetivos son reducir las listas de espera, mejorar la intensidad y calidad de las prestaciones para los usuarios, y dignificar las condiciones laborales de las cuidadoras.
El Ministerio de Derechos Sociales ha establecido mecanismos de control para asegurar que los recursos aumentados sean utilizados únicamente para la dependencia y no se desvíen a otros fines.
Se está tramitando una reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que busca transformar el sistema de cuidados hacia un enfoque más centrado en los derechos y necesidades de las personas.