La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su rechazo a la "privatización" del servicio de valoraciones de discapacidad y ha reclamado que se "refuerce" los centros base de la red pública de la Comunidad de Madrid.
Tal y como avanzó la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales buscará agilizar la tramitación de solicitudes para valorar el grado de discapacidad.
Para ello, la Consejería que encabeza Ana Dávila va a firmar próximamente un convenio con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid para que preste el apoyo necesario a los profesionales de la red pública que atienden en sus diez centros base.
"Este servicio ha sido desempeñado históricamente y de manera exclusiva por los profesionales de los diez Centros Base de la red pública, dependientes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que cuentan con equipos multidisciplinares especializados y con una trayectoria consolidada", ha señalado el sindicato en un comunicado.
En este punto, CSIF ha criticado que "en lugar de reforzar estos centros con más recursos humanos y materiales, la Comunidad de Madrid pretende destinar 2,3 millones de euros de fondos públicos al Colegio de Médicos". Ha alertado de que esta iniciativa "abre la puerta a la privatización de un servicio esencial y poner en riesgo su calidad, cercanía y carácter público".
"Consideramos que esta medida es inaceptable, pues no responde a las necesidades reales de los Centros Base, donde persisten vacantes sin cubrir y plantillas insuficientes que dificultan la atención adecuada a los ciudadanos", ha recalcado.
ABORDAR "CARENCIAS"
El sindicato ha recordado que en estos centros se ofrecen servicios especializados de orientación, fisioterapia, logopedia, psicomotricidad y atención temprana, que actualmente "no están presentes en todos los dispositivos de la red y que constituyen un pilar fundamental en la atención a las personas con discapacidad y a sus familias".
"Lejos de abordar estas carencias, la Comunidad de Madrid opta por derivar recursos a un convenio que externaliza funciones sin contar con la experiencia y el conocimiento que poseen los profesionales de los centros base", ha criticado.
Asimismo, el sindicato ha cargado contra el Gobierno regional por adoptar una decisión "sin consultar ni a los trabajadores y trabajadoras de los centros base, que conocen de primera mano las dificultades del servicio, ni a las organizaciones sindicales representativas en la Administración".
"Se trata, por tanto, de una iniciativa unilateral que desprecia el diálogo social y la participación de quienes, día a día, sostienen este servicio público con esfuerzo y compromiso. Los facultativos externos carecen de la formación específica, la experiencia acumulada y la visión integral que requieren estas valoraciones, alejándose de la realidad actual y de la especial singularidad de los centros base", ha insistido.
FORTELECER SERVICIOS PÚBLICOS
Por todo ello, el sindicato ha exigido a la Comunidad de Madrid que apueste por "fortalecer" los servicios públicos, "garantizando una atención de calidad y cercana, en lugar de externalizarlos con fórmulas que no solucionan los problemas estructurales existentes".
"Es urgente aumentar la plantilla de profesionales de distintas disciplinas, mejorar las condiciones laborales y salariales para atraer y retener personal cualificado, así como dotar a los centros de los recursos materiales y estructurales necesarios. De este modo se podrán atender las crecientes necesidades, reducir los retrasos acumulados en los reconocimientos y renovaciones de grado y ofrecer una gestión integral, digna y eficaz", ha reclamado.
Asimismo, amparándose en el artículo 49 de la Constitución, ha solicitado que la Comunidad de Madrid active "todos los recursos disponibles" para mejorar la gestión de los centros base, establecer vías de colaboración con los agentes sociales y desarrollar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración que "garantice los derechos de las personas con discapacidad".
"El único objetivo debe ser proporcionar una asistencia integral, digna y resolutiva a la ciudadanía madrileña, sin atajos privatizadores ni derroches de dinero público", ha concluido CSIF.
UNA MEDIDA ANTE LA ESCASEZ DE MÉDICOS
Con esta medida, que contará con una inversión de 2,3 millones de euros, el Gobierno de Ayuso pretende alcanzar los 80.000 reconocimientos anuales, un 33% más que hasta ahora, entre nuevas valoraciones, renovaciones y revisiones de grado.
Además, a lo largo de 2026 se crearán dos nuevos centros base, en la Sierra Noroeste y el sur de la región, hasta alcanzar los 12; se va a reforzar la plantilla del personal administrativo, y se continuará incorporando a los equipos otros profesionales sanitarios como fisioterapeutas para agilizar los reconocimientos, ante la escasez de médicos que afecta a toda España.