El Defensor del Pueblo ha instado a las administraciones a reforzar la prevención y coordinación en la lucha contra los incendios forestales, según su Informe 2023. Ante el aumento de la gravedad de estos incendios, agravados por el cambio climático, se subraya la necesidad de implementar políticas que favorezcan la gestión forestal sostenible y una correcta ordenación del uso del suelo. La institución destaca que es crucial adoptar un enfoque preventivo y aumentar los recursos públicos para la extinción y restauración de montes. Aunque no tiene capacidad ejecutiva, el Defensor del Pueblo supervisará el cumplimiento de estas recomendaciones. Para más información, visita el enlace.
La institución del Defensor del Pueblo ha resaltado, en su Informe 2023, la urgencia de que las administraciones implementen medidas más robustas para la prevención y coordinación en la lucha contra los incendios forestales. Este recordatorio surge ante el aumento constante de la frecuencia y severidad de estos siniestros, exacerbados por el cambio climático.
Tras llevar a cabo una serie de actuaciones con las consejerías competentes de todas las comunidades autónomas, así como con las diputaciones forales y las ciudades autónomas, el Defensor del Pueblo ha emitido un claro mensaje: es imprescindible aplicar políticas que promuevan una gestión forestal sostenible, mejoren la resiliencia de los montes frente al fuego y aseguren una adecuada ordenación del uso del suelo. Además, se hace hincapié en la necesidad de intensificar la coordinación administrativa entre diferentes niveles de gobierno.
El Defensor del Pueblo subraya que “el incremento de las temperaturas, la disminución de precipitaciones y la sequía” son factores que configuran un escenario alarmante para los incendios. Por ello, es crucial cambiar el enfoque tradicional que considera el incendio solo como una emergencia; es vital priorizar las medidas preventivas y adoptar una gestión forestal sostenible.
A su vez, se insta a las administraciones públicas a incrementar los recursos destinados a labores de extinción y restauración de montes. La prevención y minimización de impactos deben ser pilares fundamentales en esta gestión.
A pesar de no contar con capacidad ejecutiva, el Defensor del Pueblo tiene el mandato legal para recordar a las administraciones sus obligaciones y supervisar su cumplimiento. Ángel Gabilondo, en representación de la institución, también expresa su pésame a los familiares de las víctimas y ofrece apoyo a quienes han sufrido pérdidas debido a estos devastadores incendios.
El Defensor del Pueblo recuerda a las administraciones que deben reforzar la prevención y la coordinación en la lucha contra los incendios forestales, especialmente ante el incremento de su número y gravedad debido al cambio climático.
Se insta a aplicar políticas que favorezcan la gestión forestal sostenible, la resiliencia de los montes frente al fuego y una correcta ordenación de los usos del suelo.
El enfoque recomendado es pasar de ver el incendio como una emergencia a priorizar la prevención y la gestión forestal sostenible para minimizar sus impactos.
Se urgió a las administraciones públicas a asumir un aumento de recursos públicos necesarios para atender las labores de extinción y restauración de los montes.
El Defensor del Pueblo no tiene capacidad ejecutiva, pero puede recordar la legislación y supervisar el cumplimiento de los deberes legales por parte de las administraciones.
Ángel Gabilondo, en nombre de toda la institución, expresa su pésame a los familiares de las víctimas y apoyo a todos los afectados por esta catástrofe.