El Gobierno de España ha autorizado la distribución de 68 millones de euros para ampliar la cartera bucodental del Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2025. Esta iniciativa incluye, por primera vez, a las personas mayores de 65 años como beneficiarios de los servicios de salud bucodental, comenzando con aquellos que se encuentran institucionalizados. La medida busca mejorar la equidad y el acceso a la atención bucodental pública, siguiendo los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los fondos se distribuirán entre las comunidades autónomas según la población mayor y otros colectivos priorizados. Se espera que estas medidas se implementen hasta 2027, garantizando una cobertura adecuada en toda España.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la distribución de 68.058.000 euros para la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta decisión, impulsada por el Ministerio de Sanidad, se enmarca dentro del Componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que busca fortalecer la cohesión y equidad del SNS durante el ejercicio presupuestario 2025.
Una de las principales innovaciones es la incorporación progresiva de las personas mayores de 65 años como nuevo colectivo beneficiario. Este grupo comenzará a recibir prestaciones públicas de salud bucodental, priorizando inicialmente a quienes están institucionalizados.
La medida complementa el Plan de acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025–2027, que establece un seguimiento continuo sobre la implementación de los servicios destinados a colectivos prioritarios, ahora ampliados para incluir a los mayores. Por primera vez, los criterios para el reparto territorial incluyen este grupo demográfico como una variable específica.
En concreto, el 10% del presupuesto total se distribuirá según el porcentaje de población mayor de 65 años en cada comunidad autónoma. El restante 90% se asignará basándose en otros grupos previamente priorizados, como niños menores de 14 años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
Se prevé una ejecución total de aproximadamente 67.692.644 euros entre las comunidades autónomas y 365.355 euros para el desarrollo del plan en Ceuta y Melilla. Los fondos deberán estar comprometidos antes del final del año fiscal 2025, permitiendo su ejecución hasta el año 2027.
Para garantizar la efectividad del programa, se establecerán indicadores que evalúen tanto la cobertura como la actividad. Las comunidades autónomas e INGESA tendrán que presentar informes sobre planificación y ejecución antes del 30 de septiembre de 2025.
Desde su lanzamiento, el Ministerio ha destinado un total acumulado de 248.232.000 euros entre 2022 y 2025. En particular, en 2024 se logró una cobertura del 25,2% en población infantojuvenil y del 28,33% en mujeres embarazadas, lo que refleja un aumento significativo respecto a años anteriores.
El objetivo es asegurar un acceso equitativo a la atención bucodental pública, promoviendo así una mejora continua en los servicios ofrecidos a los colectivos más vulnerables.
| CCAA | Población > 65 años | % Población sobre el total | Importe | Población Ponderada Grupos priorizados | % Población sobre el total | Importe | Total Reparto Fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 1.660.899 | 17,49% | 1.190.261,21€ | 1.365.187 | 19,04% | 11.661.088,18€ | 12.851.349,39€ |
Totalmente se transferirán:
A través de esta iniciativa se busca mejorar significativamente la atención bucodental para todos los beneficiarios.
| Concepto | Cifra |
|---|---|
| Total de fondos autorizados | 68.058.000 euros |
| Fondos para comunidades autónomas | 67.692.644,38 euros |
| Fondos para INGESA | 365.355,62 euros |
| Total destinado desde 2022 hasta 2025 | 248.232.000 euros |
El Gobierno ha autorizado un total de 68.058.000 euros para la ampliación de la cartera bucodental durante el ejercicio presupuestario 2025.
La principal novedad es la incorporación progresiva de las personas mayores de 65 años como nuevo colectivo beneficiario, comenzando por aquellas que están institucionalizadas.
El 10% del crédito presupuestario se distribuye según el porcentaje de personas mayores de 65 años en cada comunidad autónoma, mientras que el 90% restante se asigna en función del número de personas incluidas en otros colectivos priorizados.
Los colectivos priorizados incluyen población de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas diagnosticadas con procesos oncológicos del territorio cervicofacial y personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.
El seguimiento del programa se llevará a cabo mediante indicadores de cobertura y actividad, requiriendo informes de planificación y ejecución a las comunidades autónomas e INGESA.
Desde el inicio del programa, se han destinado un total de 248.232.000 euros entre los años 2022 y 2025.
Se ha observado una mejora significativa en la cobertura, alcanzando un 25,2% en población infantojuvenil y un 28,33% en mujeres embarazadas en 2024.