Jueves 02 de octubre de 2014
Casi ciento veinte mil personas perdieron su vivienda en el 2010 por no haber podido hacer frente el pago de su hipoteca. Un problema que lejos de remitir sigue recrudeciéndose y al que formaciones políticas como IU y alcaldes de distintos ayuntamientos tratan de poner freno con la reforma de la Ley Hipotecaria. Una modificación que el regidor de Getafe, Pedro Castro, solicitaba recientemente al Gobierno como presidente de la Federación de Municipios y Provincias de España.
El debate, y la posible solución a una situación que tiene en jaque a muchos ciudadanos, lo abrió un juez de la Audiencia Provincial de Navarra autorizando que una familia saldara su hipoteca impagada entregando la vivienda al banco. Otro magistrado de Sabadell ha ido, incluso más lejos, planteando la inconstitucionalidad de las ejecuciones hipotecarias.
Izquierda Unida y su socio de ICV han llevado esta problemática al Congreso al entender que la actual Normativa Hipotecaria es excesivamente beneficiosa para la banca, aunque la proposición no de Ley de la coalición ha sido rechazada por el PSOE y el PP.
También la sentencia que sentaba los cimientos para no continuar con el pago de una hipoteca una vez perdida la casa, era rectificada poco después por la propia Audiencia de Navarra, tras haber suscitado una profunda alarma tanto en el Gobierno de Zapatero, alguno de cuyos ministro llegó a decir que algo así hundiría el sistema financiero, como en los propios bancos, verdaderos beneficiarios, según IU, de la normativa que rige en estos momentos.
Lo cierto es que la Ley Hipotecaria vigente establece la responsabilidad ilimitada del deudor como criterio general, respondiendo éste con todos sus bienes, presentes y futuros, hasta el pago total de la deuda. Ello provoca que “una persona en una situación económica complicada, como puede ser la que genera la pérdida de trabajo por la crisis, no puede hacer frente a un préstamo hipotecario, termina perdiendo la casa y, además, debe hacer frente a una deuda en muchas ocasiones inasumible”, explica Castro.
Pese a que el Gobierno ha rechazado modificar la Normativa Hipotecaria, Castro ha aprobado en su junta de gobierno municipal solicitar el cambio, algo que previsiblemente harán también los demás consistorios de la FEMP.
En esa búsqueda de alternativas, el Ayuntamiento de Getafe propone, asimismo, la mediación municipal, con el fin de servir de arbitro entre los intereses particulares y los de los bancos, y lograr que nadie tenga que abandonar su vivienda por dejar de pagar de forma temporal la consabida hipoteca.
“La situación ideal es que ni la persona ni el banco pierdan y para que los dos ganen, hay que aplicar soluciones imaginativas, que pasan por que la persona que no puede hacer frente a una hipoteca por pasar por un mal momento económico, pueda dejar de pagarla durante dos años y pagar al banco el alquiler de la misma”, apunta el regidor getafense.
Una fórmula que ya se venía apuntando desde la Plataforma de afectados, integrada por unas dos mil personas, que hace un tiempo contemplaba la posibilidad de que las familias que no pudieran hacer frente a una hipoteca pudieran quedarse en régimen de alquiler en la casa embargada.
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