Esgrime que hay "razones políticas" tras la decisión del presidente de Gobierno
Jueves 02 de octubre de 2014
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este martes que la autorización que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado a Cataluña para endeudarse es "una discriminación clara" a los madrileños.
"Las decisiones que ha tomado el presidente del Gobierno significan una discriminación clara a los madrileños. Se ha atendido de manera diferente esas necesidades en unos casos y otros", ha opinado el primer edil durante una rueda de prensa convocada a última hora por el Consistorio.
Además, Gallardón ha rechazado entrar a valorar las necesidades reales de refinanciación y endeudamiento que tiene la Generalitat de Cataluña, y ha asegurado hasta en tres ocasiones que "de ninguna forma" pretende elevar "una protesta ni discrepancia con el hecho de que se haya atendido la petición de Cataluña, sino con que se haya discriminado a Madrid".
"No tenemos ninguna protesta que hacer al 'sí' de ayer de Zapatero a Cataluña, sino al 'no' de antes de ayer a Madrid", ha afirmado, recordando a renglón seguido que, además, las peticiones "no eran ni siquiera homogéneas" porque la capital pretendía "única y exclusivamente" refinanciar su deuda mientras que la Generalitat quiere ampliar sus créditos.
RAZONES POLÍTICAS
En este sentido, el primer edil ha señalado que no eran "ciertas" las razones argumentadas por Zapatero, para rechazar las peticiones que le planteó en la reunión que mantuvieron en La Moncloa, ya que el presidente apuntó a criterios económicos para la negativa --mantenimiento de los objetivos de déficit y cumplimiento del Plan de Estabilidad-- mientras que en realidad se trata de "razones políticas".
"Estamos obligados a hacer una manifestación dolorosa de lo que supone un trato desigual a unos españoles y otros por parte del presidente", ha indicado, insistiendo en que este comportamiento es "de una gravedad política muy importante" porque "se establece una discriminación expresa" a favor de unos ciudadanos en detrimento de otros.
Además, ha opinado que "no eran ciertas las razones que Zapatero argumentó cuando se habló la petición del Ayuntamiento de Madrid, que era razonable en tanto en cuanto beneficiaba a todos los ayuntamientos de España, sino que además cumplía plenamente los objetivos de déficit y estabilidad".
De hecho, ha subrayado que el ejercicio presupuestario de 2010 del Consistorio se cerrará dentro del escenario previsto, por lo que ha insistido en que "esta discriminación rompe lo que tiene que ser un trato ecuánime por el Gobierno de España a todas las administraciones públicas, única y exclusivamente por razones políticas".
"Los hechos constatan que el Gobierno ha tomado una decisión clara de adoptar medidas que perjudican objetivamente a los ciudadanos de Madrid y las razones no son económicas, sino estrictamente políticas a corto" plazo, ya que el Ejecutivo "está mirando donde está mirando", ha dicho en referencia a las elecciones municipales y autonómicas de mayo.
SIN ESPERANZAS DE RECTIFICACIÓN
Preguntado por si este giro de tuerca llevará al Consistorio madrileño a presentar una vez más sus demandas ante el Ministerio de Economía, Gallardón ha recordado que "la petición ya fue denegada oficialmente" y ha reconocido no tener "ninguna esperanza de que semejante criterio se vaya a modificar".
Eso sí, "si el Gobierno modificara ese criterio, decidiese acabar con la discriminación a la que ha sometido a los madrileños en relación con los catalanes, y lo anunciase, naturalmente" el Ayuntamiento capitalino volvería a insistir en sus demandas. "Pero no tenemos muchas esperanzas de que eso se produzca", ha matizado.
También ha considerado poco probable que esta situación vaya a cambiar por una intervención judicial. "No creo que este debate político pueda ser resuelto por vía judicial, sin perjuicio de que los derechos que pensamos que no se han atendido los reclamaremos. Pero lo que se ha producido es una decisión política que debe tener una respuesta política", ha señalado.
CONSECUENCIAS POLÍTICAS
Es más, Gallardón ha reconocido no saber "cómo va a explicar Zapatero a los proveedores madrileños que lo que sí han conseguido los catalanes, que es reducir el plazo de cobro de créditos que tienen con la Administración pública, sin embargo se ha prohibido aquí en Madrid".
De hecho, según ha apuntado el delegado de Hacienda, Juan Bravo, también presente en la reunión, actualmente el Consistorio madrileño tiene 800 millones de euros en facturas vencidas y pendientes de pago, y los plazos de demora que se están marcando son de unos ocho meses, una situación que "ha mejorado respecto" a finales de 2010 gracias a la puesta a disposición de las pólizas a corto plazo.
Por todo ello, el primer edil ha pronosticado que esta decisión de Zapatero tendrá también "consecuencias políticas" ya que "está haciendo un flaco favor al socialismo de Madrid, porque lo coloca en la disyuntiva de tener que desautorizarle a él o de tener que someterse a una situación de discriminación con relación a cómo trata a los ciudadanos de otras ciudades y comunidades.
Así, tras manifestar su "profundo malestar" por toda esta situación, no ha dejado claro si el Consistorio pedirá formalmente explicaciones al Ministerio. "Se ha producido un hecho grave, discriminatorio por razones estrictamente políticas a unos meses de una confrontación electoral, y por eso es ilegítimo el uso de la discrecionalidad que el presidente del Gobierno tiene en el ejercicio de sus funciones", ha concluido.
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