Miles de personas que no quieren regresar a Marruecos y que prefieren vivir en España y tener capacidad de movimiento para viajar hacia Europa. Con la actual ley en la mano, la tramitación de cada caso a través de resoluciones judiciales se alargará durante meses. Ese es el problema que desde la Comisión Europea y el Parlamento de Estrasburgo temen y para el que no existe otra solución que el cambio de la actual legislación.
En los tres campamentos —provisionales, pero con vocación de permanencia— que se están construyendo en Ceuta para garantizar la seguridad, la sanidad y la alimentación de esas miles de personas, se podrán realizar las labores de triaje —identificación— de cada uno de ellos como único camino para tomar decisiones dentro de la ley. Ese proceso, cuando se termine, será el primer paso y será muy pequeño si se mira el conjunto y el tiempo que tardará en hacerse.
La alternativa era y sigue siendo considerar a los que llegaron como un peligro para la seguridad nacional y la soberanía de España, y proceder a su inmediata devolución a Marruecos; justo lo contrario de lo que se hizo. Era la forma legal de evitar la condición de inmigrantes económicos o políticos y de impedir que se asentaran en Ceuta. Falló el Gobierno en conjunto y, en esta época electoral, fallaron los socios y aún más la oposición. Sin política exterior digna de tal nombre y al margen de los resultados que salgan de las diligencias que ha abierto la magistrada Tardón —que alargará aún más el proceso por la cantidad de pruebas y documentos que ha pedido a varios ministerios—, la crisis de Ceuta no la va a resolver ni a terminar el actual Ejecutivo; lo tendrá que hacer el siguiente, el que salga de las elecciones generales.
Mientras el problema se cronifica y alarga, y llega a la Asamblea de la ONU, con Estados Unidos e Israel firmando nuevos acuerdos de reconocimiento de la soberanía alauita sobre el Sáhara Occidental, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene escasa capacidad de maniobra. A las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla se sumarán las de las zonas marítimas de Canarias. Europa hace declaraciones sobre las fronteras que tiene en España y la obligación de defenderlas, pero sobran las palabras y faltan los hechos. Existen problemas más importantes en los principales países, con Ucrania como víctima de una guerra que camina hacia su quinto año de existencia.
Alemania está partida y el actual Gobierno de Merz pierde elección tras elección; Gran Bretaña cambia de primer ministro, pero sin otra capacidad que no sea la de armar a Zelenski; Italia modifica a ritmo acelerado su visión de la inmigración; Francia tiene elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina; y la Unión Europea acepta de hecho que Trump ha ganado su guerra sobre Groenlandia con el acuerdo con Dinamarca que le entrega el dominio militar en exclusiva.
Estamos en el gran periodo electoral de mayo y julio de 2027 y la inmigración va a sustituir al resto de temas que tradicionalmente han usado los partidos para atraer los votos. Ceuta va a estar en el centro de los debates, con un Gobierno partido en dos y con apoyos menguantes entre sus socios independentistas. Si Sánchez consigue heredarse a sí mismo, los problemas seguirán; y si son Feijóo y Abascal quienes alcanzan el poder, la crisis de la izquierda será de tal magnitud que determinará la paz social y económica durante otros cuatro años al menos. Un futuro que antes de finales de julio era agridulce para España, pero que se ha convertido en agrio. Ya estamos viviendo un remedo de la novela de Dickens, Historia de dos ciudades. Ceuta hace de París y Londres, con la revolución por medio.
