El Gobierno aprueba un decreto ley para impulsar centros de investigación estratégica
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El Gobierno aprueba un decreto ley para impulsar centros de investigación estratégica

viernes 20 de noviembre de 2026, 14:37h

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que prevé un estatus especial para centros de investigación en tecnologías estratégicas y amplía los incentivos a empresas innovadoras.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y del Ministerio de Hacienda, un Real Decreto-ley para reforzar la soberanía científica y tecnológica de España. La norma, denominada Real Decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad y la soberanía tecnológica en el ámbito científico e investigador, establecerá un estatus especial para instituciones públicas que desarrollen líneas de I+D+I directamente vinculadas a la soberanía tecnológica, que podrán ser declaradas Centros de Interés Nacional para la Soberanía Científica y Tecnológica.

Claves de la noticia

Red de centros

El nuevo estatus podrá alcanzar inicialmente a un máximo de 20 centros y tendrá una duración de cinco años, renovable una vez hasta un máximo de diez.

Medidas para el sistema público

La norma prevé más flexibilidad para determinadas líneas de investigación y cambios en la gestión, las condiciones profesionales y la transferencia de conocimiento en el conjunto del sistema público de I+D+I.

Incentivos a las empresas

El texto eleva algunas deducciones fiscales por innovación y amplía las bonificaciones a la Seguridad Social para personal investigador.

El objetivo es que los centros puedan investigar en la frontera del conocimiento y trasladar sus resultados a la economía y a la sociedad con mayor rapidez. La norma plantea reforzar las capacidades estratégicas de España en un contexto de intensa competencia tecnológica y creciente importancia de la seguridad económica, para que el país pueda competir internacionalmente en mejores condiciones.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que el Real Decreto-ley busca que los centros públicos de investigación aceleren el desarrollo de tecnologías críticas y transfieran antes sus resultados a la economía y la sociedad. También ha subrayado el papel de la ciencia pública en la soberanía tecnológica y en la transformación del conocimiento en oportunidades.

Morant ha afirmado que España ha situado la ciencia en el centro de sus políticas y de la transformación social, y que esa apuesta permite afrontar en mejores condiciones un nuevo escenario internacional, en el que el liderazgo científico y tecnológico influye cada vez más en la capacidad de los países para decidir su futuro.

Centros y tecnologías estratégicas

El estatus podrá aplicarse a consorcios y fundaciones del sector público y a entidades públicas acreditadas como centros Severo Ochoa y unidades María de Maeztu, siempre que desarrollen líneas de investigación de alto impacto directamente vinculadas a la soberanía tecnológica. Las diez áreas tecnológicas contempladas son:

  • Semiconductores avanzados.
  • Inteligencia artificial.
  • Tecnologías cuánticas.
  • Biotecnologías.
  • Conectividad, navegación y tecnologías digitales avanzadas.
  • Tecnologías avanzadas de detección.
  • Tecnologías espaciales y de propulsión.
  • Tecnologías energéticas.
  • Robótica y sistemas autónomos.
  • Materiales, fabricación y reciclado avanzados.

El régimen se aplicará inicialmente a un máximo de 20 centros durante cinco años y podrá renovarse una vez, hasta un máximo de diez. Una Comisión Interministerial integrada por 14 ministerios evaluará y aprobará la concesión, previo acuerdo del Consejo de Ministros. La presidirá el MICIU y contará con cuatro vicepresidencias, correspondientes a Defensa, Transformación Digital, Industria y Economía.

Las líneas de investigación seleccionadas tendrán más flexibilidad para contratar personal y ofrecer condiciones retributivas competitivas. También podrán agilizar la compra de equipos, suministros y servicios; simplificar determinados trámites de justificación y contratación; formalizar convenios con mayor rapidez; transferir resultados a terceros, y constituir o participar en sociedades mercantiles conforme al derecho privado.

Medidas para centros y sistema público de I+D+I

El Real Decreto-ley incluye medidas específicas para el Barcelona Supercomputing Center, referente europeo en supercomputación e inteligencia artificial. Prevé crear una fundación pública adscrita a la Administración General del Estado, con mayor autonomía de gestión, y autorizar la creación de una empresa para comercializar los resultados de sus investigaciones. Se mantiene el actual reparto de financiación entre las tres instituciones que participan en el centro.

Para el conjunto del sistema público de I+D+I, la norma simplifica la firma y renovación de convenios y permite que los organismos públicos de investigación sean medios propios. También regula las estructuras mixtas de investigación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, y permite que los ayuntamientos establezcan bancos de pruebas para desarrollar y ejecutar proyectos innovadores o tecnológicos.

En materia profesional, permite retribuciones superiores para investigadores distinguidos financiados con fondos externos y facilita y aclara la movilidad y la doble adscripción. Además, amplía las compatibilidades en funciones docentes y sanitarias para investigadores de centros públicos, abre vías de promoción interna para el personal técnico, mejora las condiciones de los investigadores en puestos de responsabilidad y elimina autorizaciones previas para contratos predoctorales y posdoctorales cofinanciados con fondos externos.

Para acercar la investigación a la sociedad y al tejido productivo, los investigadores y sus grupos podrán contratar con entidades públicas y privadas para valorizar sus resultados. Los centros públicos de investigación también podrán realizar trabajos científicos y de formación para empresas, con nuevas oportunidades de transferencia.

Incentivos fiscales y bonificaciones para empresas

El texto refuerza los incentivos a la innovación tecnológica y al empleo investigador en las empresas. Eleva del 12 % al 15 % la deducción fiscal por innovación tecnológica en los supuestos previstos y aumenta de uno a tres millones de euros el límite anual de monetización directa de estas deducciones para empresas que aún no obtengan beneficios, pero tengan actividad en innovación tecnológica certificada. También reformula determinados apartados de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para reforzar la seguridad jurídica.

Las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para el personal con contrato indefinido dedicado en exclusiva a actividades de I+D o innovación tecnológica se amplían de tres a cinco años. Para los contratos predoctorales, la bonificación aumenta de 115 a 200 euros mensuales durante todo el tiempo que la persona desarrolle su doctorado en la empresa.

Con estas medidas, el Gobierno busca impulsar la competitividad del sistema científico, reducir dependencias tecnológicas estratégicas y acelerar la conversión del conocimiento en innovación, actividad económica y bienestar.

La noticia en cifras

CifraConcepto
Máximo de 20 centrosNúmero de centros a los que se aplicará inicialmente el régimen especial.
5 años, renovable una vez hasta un máximo de 10Duración del régimen especial.
14 ministeriosIntegrarán la Comisión Interministerial que evaluará y aprobará las concesiones, previo acuerdo del Consejo de Ministros.
4 vicepresidenciasCorresponderán a Defensa, Transformación Digital, Industria y Economía.
10 áreas tecnológicasÁmbitos contemplados para el régimen especial.
Del 12 % al 15 %Aumento de la deducción fiscal por innovación tecnológica en los supuestos previstos.
De 1 a 3 millones de eurosAumento del límite anual de monetización directa de las deducciones para empresas que aún no obtengan beneficios y tengan actividad de innovación tecnológica certificada.
De 3 a 5 añosAmpliación de las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para personal con contrato indefinido dedicado exclusivamente a actividades de I+D o innovación tecnológica.
De 115 a 200 euros al mesAumento de la bonificación para contratos predoctorales durante el tiempo que se desarrolle el doctorado en la empresa.

Preguntas sobre la noticia

¿Qué instituciones podrán recibir el estatus de Centro de Interés Nacional para la Soberanía Científica y Tecnológica?

Podrá aplicarse a consorcios y fundaciones del sector público y a entidades públicas acreditadas como centros Severo Ochoa o unidades María de Maeztu, si desarrollan líneas de investigación de alto impacto vinculadas directamente a la soberanía tecnológica. La norma contempla diez áreas, entre ellas semiconductores, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas y energéticas.

¿Cuántos centros podrán acogerse y durante cuánto tiempo?

Inicialmente, el régimen se aplicará a un máximo de 20 centros. Tendrá una duración de cinco años y podrá renovarse una vez, hasta un máximo de diez años. La concesión será evaluada y aprobada por una comisión interministerial de 14 ministerios, previo acuerdo del Consejo de Ministros.

¿Qué cambios prevé el estatus para los centros seleccionados?

Las líneas de investigación seleccionadas contarán con más flexibilidad para contratar personal y ofrecer retribuciones competitivas, agilizar compras y convenios, simplificar determinados trámites y transferir resultados a terceros o participar en sociedades mercantiles conforme al derecho privado.

¿Qué incentivos a la innovación empresarial recoge el Real Decreto-ley?

El texto eleva del 12 % al 15 % la deducción fiscal por innovación tecnológica en los supuestos previstos y aumenta de uno a tres millones de euros el límite anual de monetización directa para empresas sin beneficios con actividad de innovación tecnológica certificada. También amplía de tres a cinco años ciertas bonificaciones a la Seguridad Social para personal indefinido dedicado exclusivamente a I+D o innovación tecnológica, y eleva de 115 a 200 euros mensuales la bonificación para contratos predoctorales.

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