La última decisión sobre la ley de nietos deja una contradicción difícil de explicar y abre una consecuencia electoral inesperada: Vox y el PP podrían encontrarse con el rechazo de algunos de los hijos cuyos padres han quedado excluidos de las urnas.
«Sostenella y no enmendalla». El viejo refrán castellano describe la obstinación de quien prefiere mantener una decisión antes que reconocer que puede haberse equivocado. La última resolución del Tribunal Supremo sobre la ley de nietos parece escrita para ilustrarlo. Los padres no pueden votar, pero sus hijos sí. La razón no está en una diferencia definitiva sobre sus derechos, sino en que el calendario electoral permite mantener una suspensión acordada anteriormente, pero desaconseja extenderla ahora a los descendientes.
La mayoría del Tribunal considera que alterar nuevamente el censo a estas alturas provocaría una grave perturbación del proceso electoral. Una justificación procesal que conduce a un resultado difícil de conciliar con la lógica jurídica que inspiró la primera medida. Si la suspensión de los padres estaba suficientemente justificada, ¿por qué no la de los hijos? Y si ahora resulta desproporcionado intervenir sobre el censo, ¿por qué mantener la restricción anterior? El Supremo ha optado por resolver la contradicción mediante los plazos, sin reconsiderar el alcance de su primera decisión.
La decisión judicial introduce un elemento político que ni los magistrados ni los partidos pueden controlar. Cerca de 190.000 descendientes conservan su derecho al voto mientras más de 162.000 nacionalizados permanecen afectados por la suspensión. No todos los integrantes de ambos colectivos están necesariamente vinculados como padres e hijos, pero las relaciones familiares existentes pueden convertir una controversia jurídica en una cuestión profundamente personal.