Este domingo, miles de jóvenes que durante casi dos años han recorrido Serbia, bloqueado universidades, ocupado las calles y desafiado al Gobierno, harán algo bastante más peligroso para cualquier poder establecido que levantar una barricada o encabezar una manifestación: irán a votar y algunos de ellos aspiran a gobernar. La protesta nacida después de la tragedia de Novi Sad ha recorrido un camino poco habitual en los movimientos estudiantiles europeos. La indignación se convirtió primero en movilización, después en organización y finalmente en una alternativa que pretende disputar el poder político sin reproducir la estructura tradicional de los partidos.
Serbia importa por eso mucho más allá de sus fronteras. No porque podamos trasladar automáticamente lo ocurrido allí a Francia, España, Italia o Alemania, cuyas realidades son diferentes, sino porque plantea una pregunta que empieza a resultar incómoda en buena parte de Europa: qué puede ocurrir cuando una generación convencida de que las instituciones y los partidos tradicionales no están resolviendo sus problemas deja de limitarse a protestar y empieza a buscar formas propias de organización política.
Europa empieza a llenarse de destellos
Todavía es prematuro hablar de una rebelión juvenil europea. No existe una organización común, tampoco unas reivindicaciones idénticas ni una conciencia generacional capaz de articular políticamente todas esas protestas. Pero nos equivocaríamos si ignoraramos que algo se está moviendo. La European Students' Union registró 31 movilizaciones estudiantiles en 13 países entre enero y marzo de este año y elevó el recuento hasta 54 movilizaciones en 22 países entre marzo y mayo.
Las causas de cada movilización son diferentes: educación, coste de la vida, vivienda, financiación universitaria, servicios públicos, derechos democráticos o corrupción. Lo significativo no es encontrar artificialmente una única reivindicación, sino comprobar cómo problemas distintos empiezan a desembocar en una percepción generacional parecida: la sensación de estar entrando en una sociedad que exige mucho más de lo que puede ofrecer.
Francia es el ejemplo más visible de este otoño. España presenta características diferentes, pero también hemos visto a miles de jóvenes movilizarse alrededor de un problema que atraviesa ideologías: la imposibilidad de acceder a una vivienda. Son todavía destellos separados y precisamente por eso resulta interesante observarlos ahora, antes de que algún sociólogo les ponga nombre dentro de diez años.
La generación a la que le quitaron la escalera
Europa ha educado durante décadas a sus jóvenes alrededor de un contrato social bastante sencillo. Estudia, fórmate, trabaja, aprende idiomas, sé competitivo, adáptate y acepta que tendrás que reinventarte varias veces durante tu vida laboral. A cambio, el sistema no garantizaba riqueza, pero sí una expectativa razonable de progreso: independizarte, acceder a una vivienda, formar una familia si lo deseabas y construir poco a poco una vida mejor.
Seguimos exigiéndoles escrupulosamente la primera parte del contrato mientras hemos ido borrando buena parte de la segunda. Una generación extraordinariamente formada encuentra enormes dificultades para cumplir algo tan elemental como abandonar la casa de sus padres. El problema no son únicamente los salarios o los alquileres, sino la pérdida de aquella expectativa de progreso que sostuvo durante décadas a las democracias europeas. Sus padres podían discutir sobre qué dirección debía tomar Europa mientras ascendían por la escalera social; muchos de sus hijos comienzan a sospechar que la discusión continúa mientras alguien ha retirado varios peldaños.
Los hemos educado para alcanzar una sociedad que estamos dejando de ofrecerles.
Les hablamos de emprendimiento mientras tienen dificultades para ahorrar, de movilidad mientras no pueden emanciparse, de natalidad mientras formar una familia se convierte en una decisión económicamente temeraria y de responsabilidad individual mientras algunos de los elementos esenciales para construir una vida adulta han quedado sometidos a una competición cada vez más desigual.
Si el presente incomoda, hablemos de 2065
En España se produce además una paradoja particularmente reveladora. Mientras una parte de los jóvenes comienza a movilizarse por la vivienda y por sus condiciones materiales de vida, el debate político y mediático ha encontrado de repente otro gran conflicto generacional del que ocuparse: las pensiones. Su sostenibilidad, cuánto costarán dentro de unas décadas, quién podrá pagarlas y qué sistema encontrarán quienes hoy tienen veinte o treinta años cuando finalmente alcancen la jubilación.
Por supuesto que el futuro de las pensiones es un asunto serio y que una sociedad responsable debe discutirlo. Lo llamativo es el momento y, sobre todo, la perspectiva. A una generación que no sabe si podrá comprar alguna vez una vivienda, que dedica una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler y que retrasa su emancipación se le invita a preocuparse por la pensión que quizá cobre dentro de cuarenta años. Es casi una sofisticada inversión de prioridades: ofrecerle como gran preocupación política la incertidumbre de su vejez mientras apenas conseguimos responder a la certeza de su precariedad presente.
No hace falta imaginar una conspiración para advertir la utilidad política de ese desplazamiento. La agenda pública siempre compite por un espacio limitado y colocar un problema en el centro inevitablemente empuja otros hacia los márgenes. Hablar del joven como futuro pensionista resulta bastante menos incómodo que hablar de él como inquilino precario, trabajador incapaz de emanciparse o ciudadano que empieza a preguntarse por qué el sistema funciona peor para su generación.
La ironía es considerable: quizá antes de prometerles que dentro de cuatro décadas habrá dinero suficiente para pagarles una pensión convendría conseguir que durante las próximas cuatro semanas puedan pagar el alquiler.
Dividir lo que empieza a ser transversal
Los problemas materiales que afectan a los jóvenes atraviesan fronteras ideológicas. El precio de una habitación no pregunta a quien la alquila si vota a la izquierda o a la derecha; tampoco lo hace un contrato precario o la imposibilidad de ahorrar. Sin embargo, cuando esos problemas llegan al terreno político son inmediatamente introducidos en las categorías tradicionales con las que llevamos décadas organizando el debate público.
Cada espacio ofrece entonces un culpable diferente para una frustración parcialmente compartida. Para unos será la inmigración; para otros, los fondos de inversión; para unos, los impuestos; para otros, los empresarios; para unos, Bruselas y la globalización; para otros, la especulación y la desigualdad. El resultado es extraordinariamente eficaz: dos jóvenes que cobran salarios parecidos, pagan alquileres igualmente imposibles y contemplan con idéntica incertidumbre su futuro pueden terminar percibiéndose como enemigos.
La batalla cultural consigue así organizar verticalmente, entre izquierda y derecha, una parte de un malestar que también podría leerse horizontalmente como un conflicto generacional. Eso no convierte a los jóvenes en una clase política homogénea ni elimina sus diferencias ideológicas. Simplemente ayuda a comprender por qué problemas que los afectan transversalmente terminan produciendo respuestas políticas completamente enfrentadas.
Del problema social al problema de orden público
Cuando las movilizaciones crecen aparece otro mecanismo conocido. El debate sobre sus causas puede transformarse rápidamente en una discusión sobre radicales, extremistas, disturbios y violencia. Francia proporciona estos días un ejemplo evidente. Han existido incidentes y comportamientos violentos que ninguna interpretación seria debería ocultar, pero la cuestión relevante es por qué esos episodios terminan adquiriendo capacidad para definir movimientos integrados por decenas o cientos de miles de personas.
El problema se presenta cuando personas ideológicamente diferentes descubren que comparten motivos para estar en la misma calle.
La violencia de una minoría merece respuesta policial y aplicación de la ley. Lo que no debería conseguir es borrar la pregunta anterior: por qué estaban allí todos los demás. Convertir una movilización social fundamentalmente en un problema de seguridad desplaza el debate desde las causas hacia las consecuencias. Dejamos de hablar del alquiler, del salario o de los servicios públicos y comenzamos a hablar del contenedor quemado, del escaparate roto o del enfrentamiento con los antidisturbios.
El riesgo para el poder, sin embargo, no está realmente en el escaparate roto. Eso se resuelve con policía, tribunales y seguros. El problema mucho más difícil comienza cuando personas ideológicamente diferentes descubren que comparten motivos para estar en la misma calle.
Serbia ha cambiado la pregunta
Eso es precisamente lo que convierte el caso serbio en algo especialmente interesante. El movimiento surgido tras la tragedia de Novi Sad consiguió incorporar sensibilidades políticas diferentes alrededor de exigencias institucionales comunes. No hizo desaparecer las diferencias ideológicas de la sociedad serbia; consiguió que durante un tiempo dejaran de ser la pregunta principal.
En lugar de preguntar a cada ciudadano si era de izquierdas o de derechas, liberal, conservador o nacionalista, apareció otra cuestión mucho más elemental: si estaba dispuesto a seguir aceptando el funcionamiento de las instituciones tal y como las conocía. Después llegó el paso decisivo. Los estudiantes entendieron que protestar podía desgastar al poder, pero que para cambiarlo había que disputárselo.
El temor de la vieja política europea no es que los jóvenes salgan a la calle, sino que algún día descubran que tienen muchas más cosas en común entre ellos de las que sus partidos llevan años diciéndoles.
No sabemos si funcionará. Pueden fracasar electoralmente, dividirse cuando tengan que convertir principios generales en decisiones concretas o descubrir que resulta mucho más sencillo unir a personas diferentes contra un Gobierno que gobernar después con ellas. Pero el precedente ya existe y Europa debería observarlo con atención.
Francia, España y otros países muestran por ahora movimientos distintos, sin coordinación ni una identidad común que permita hablar de una rebelión generacional europea. Quizá sean únicamente destellos. Pero también puede ocurrir que estemos observando las primeras manifestaciones de algo que todavía no sabemos nombrar.
Serbia acaba de introducir una posibilidad que hasta ahora parecía remota: que una generación deje de conformarse con protestar contra el tablero y decida sentarse a jugar.