Tres intentos fallidos y un cuarto que termina con éxito. Urbagestión, el fondo buitre que compró el inmueble número 46 de la madrileña calle Sáenz de Baranda, ha conseguido que la comisión judicial, escoltada por la policía, eche de la casa en la que ha vivido durante 71 años a Mari Carmen Abascal. La ley lo permite. El Gobierno central lo permite. El Gobierno autonómico lo permite y el Gobierno municipal lo permite. Los responsables de Urbagestión y Urbagesa, Juan Manuel Pascual Merchán y Alfonso Javier Pascual Parras, no aceptan más retrasos ni más negociaciones. Mari Carmen, a la calle, y el fondo, a esperar para cambiar por completo el edificio y convertirlo en un buen y lucrativo negocio.
El caso de Mari Carmen, que no es el primero ni el único, puede que sirva para que los ciudadanos y el movimiento ciudadano —que trasciende, por fortuna, a todos los partidos políticos— lo conviertan en la imagen de la protesta ante el fracaso social de la democracia cuando llega la hora de servir a los ciudadanos y no a la élite política. Si los responsables de Urbagesa han llevado hasta el final sus propósitos es porque pueden hacerlo sobre la base de la ley. Sin cambios en la misma, seguirán produciéndose este tipo de problemas. La vulnerabilidad de esta mujer de 87 años y con 71 de vida en ese mismo domicilio es evidente. Los dirigentes políticos miran hacia otro lado. Es más cómodo. El derecho constitucional a una vivienda digna suma otro desafuero que no pasaría en ningún otro país europeo.
Existe un fracaso social que afecta a los más mayores y a los más jóvenes y que se centra en la vivienda y en el acceso a la misma. Un tema que, junto a la inmigración, va a ocupar la mayor parte de las promesas políticas de los partidos. Esas mismas organizaciones que están obsesionadas con mantener o conseguir el poder y que, una vez conseguido, se olvidan de establecer las normas legales que permitan a los ciudadanos vivir con dignidad.
Gritar “asesinos” a la policía es un disparate que sirve para alimentar los enfrentamientos partidistas. La policía no puede hacer otra cosa que cumplir con la orden judicial y la titular del juzgado se limita a hacer cumplir la ley en su más dura y estricta lectura. Mari Carmen no podía pagar el desorbitado aumento de su alquiler, ni los gestores de Urbagesa estaban dispuestos a negociar por más tiempo. Culpables, en el fondo, los políticos.
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