Bruselas ha sido el escenario de una clara advertencia por parte del Parlamento Europeo respecto a la política migratoria del Gobierno de España. Este órgano ha señalado que la regularización masiva de migrantes en situación irregular podría provocar un “efecto llamada”, intensificando la presión migratoria y comprometiendo la seguridad, la cohesión social y el adecuado funcionamiento del espacio Schengen.
El informe final de la misión de Peticiones a Canarias, elaborado en septiembre de 2025, incluye un párrafo crítico propuesto por el PPE. En este texto se expresa la preocupación del Parlamento Europeo ante la decisión del Gobierno español de proceder a la regularización masiva de migrantes en situación irregular.
Advertencias sobre políticas unilaterales
El informe enfatiza que decisiones de tal magnitud no deberían tomarse de manera unilateral. Se subraya que “las políticas con impacto en otros Estados miembros deben respetar el principio de cooperación leal y confianza mutua recogido en los Tratados”. Además, advierte que “iniciativas mal coordinadas pueden debilitar la política migratoria común”.
Asimismo, se establece una conexión entre esta regularización y un posible aumento en las llegadas irregulares, lo que podría agravar la presión sobre rutas ya tensas, como la atlántica hacia Canarias. Esta ruta ha sido calificada como “una de las más peligrosas del mundo” debido a su alta mortalidad.
Consecuencias para la seguridad y cohesión social
El informe destaca que “los sistemas migratorios sobrecargados aumentan el riesgo de muertes, trata de seres humanos y explotación”, lo cual tiene consecuencias directas sobre la seguridad, la cohesión social y la estabilidad económica.
La eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha resaltado que este es el primer aviso oficial del Parlamento Europeo ante las decisiones unilaterales del Gobierno de Sánchez. “Europa no puede permitirse decisiones nacionales unilaterales que impactan al conjunto de los Estados miembros, ya que la solidaridad no debe confundirse con la ausencia de control”, afirmó.
Añadió que es necesario establecer una política migratoria común, firme y responsable, que combine protección fronteriza con cooperación con los países de origen y tránsito.
Mecanismos para mejorar identificación
El informe también plantea preocupaciones sobre la fiabilidad en los sistemas de identificación de migrantes, especialmente en el caso de menores. Las pruebas realizadas por el Gobierno español han demostrado ser a menudo inexactas, generando errores en la determinación de edad. De aproximadamente 1.500 migrantes sometidos a estas pruebas, cerca de la mitad resultaron ser adultos.
Dada esta situación, el Parlamento Europeo insta a reforzar los mecanismos para detectar y prevenir el fraude documental relacionado con edad, nacionalidad y antecedentes penales.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué advertencia ha lanzado el Parlamento Europeo sobre la política migratoria del Gobierno de España?
El Parlamento Europeo ha advertido que la regularización masiva de migrantes en situación irregular podría generar un "efecto llamada", aumentar la presión migratoria y poner en riesgo la seguridad, la cohesión social y el correcto funcionamiento del espacio Schengen.
¿Cuáles son las consecuencias mencionadas por el Parlamento Europeo respecto a la regularización masiva?
El informe menciona que decisiones unilaterales en políticas migratorias pueden debilitar la política migratoria común y que iniciativas mal coordinadas pueden incrementar las llegadas irregulares, así como agravar la presión sobre rutas migratorias ya tensionadas.
¿Qué relación tiene el informe con los sistemas de identificación de migrantes?
El Parlamento Europeo expresó preocupación sobre la fiabilidad de los sistemas de identificación, especialmente en menores, señalando que las pruebas realizadas por el Gobierno de España son a menudo inexactas, lo que puede llevar a errores en la determinación de edad.
¿Qué propone el informe para mejorar la situación migratoria?
El informe sugiere reforzar los mecanismos para detectar y prevenir el fraude documental, así como implementar herramientas europeas como el concepto de tercer país seguro y una lista común de países de origen seguros.
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