El grueso del desalojo tuvo lugar el viernes, pero había cuatro domicilios usurpados en los que no se contaba con todas las notificaciones judiciales oportunas, por lo que se aplazó su lanzamiento
Agentes de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional (UIP) han completado este martes el desalojo de un edificio okupado durante más de una década en Alcobendas con el desahucio de los cuatro últimos pisos, ha informado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
El grueso del desalojo tuvo lugar el viernes, pero había cuatro domicilios usurpados en los que no se contaba con todas las notificaciones judiciales oportunas, por lo que se aplazó su lanzamiento. Así, a las 6 de la mañana de este martes han llegado varias unidades policiales y no han encontrado nadie en estas cuatro viviendas.
Por tanto, la operación policial se ha desarrollado de forma tranquila y sin detenidos. Los agentes se han replegado a mediodía pero mantendrán una vigilancia discreta en la zona para evitar reokupaciones.
Mientras tanto, cerrajeros contratados por la propiedad del inmueble ya han colocado puertas antiokupación y están cambiando las cerraduras de las viviendas. Otros operarios con mascarilla están limpiando las zonas comunes por la basura acumulada durante tantos años. Esta tarde han permitido a los inquilinos desalojados recoger los enseres que puedan.
MÁS DE 300 PERSONAS DESALOJADA
El macrodesalojo comenzó el viernes también a primera hora de la mañana. Aunque fue pacífico, se registraron algunos momentos de tensión, sobre todo durante la detención de un hombre español del 47 años con un reclamación judicial para detención e ingreso en prisión, y otra de detención por quebrantamiento de condena y orden de alejamiento por malos tratos. Y el arresto de una mujer española de 55 años con una reclamación para detención e ingreso en prisión por tráfico de drogas.
El bloque de 64 viviendas, 61 de ellas okupadas, se ubica en el número 26 de la calle Francisco Largo Caballero de este municipio madrileño. En él vivían 300 personas. La mayoría de las familias residían en las viviendas desde hace casi 10 años. Desde el 29 de mayo por la tarde a todas se les notificó del desahucio en persona, para que retiraran los enseres, o por una orden judicial debajo de la puerta si no se encontraban en el domicilio.
En el operativo, compuestos por 250 agentes, participaron miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), de la Unidad de Seguridad Ciudadana, de Extranjería, de la Policía Local de Alcobendas y el equipo de vigilancia aérea, que ha contado con drones y un helicóptero. Además, ha intervenido servicios sanitarios, sociales y Protección Civil, entre otros.
EL AYUNTAMIENTO ATIENDE A 24 FAMILIAS
El Ayuntamiento de Alcobendas, a través del departamento de Servicios Sociales, desplegó un dispositivo de atención desde el pasado lunes para todas las familias afectadas por el desalojo ejecutado esta mañana, ha informado hoy el Consistorio en una nota de prensa.
Asimismo, asistieron a todas las personas que han acudido a Servicios Sociales y también se han desplazado trabajadores de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid hasta dicho inmueble para ofrecer a las familias todos los recursos disponibles en este tipo de situaciones.
A las familias atendidas que se les ofreció las ayudas de emergencia social que tiene el Ayuntamiento a disposición de todos los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Estas ayudas prevén una ayuda individualizada y acorde a su situación sociofamiliar. De modo que no existe una respuesta única para situaciones diferentes, apuntan desde el Consistorio.
"NOS ECHAN COMO PERROS, NO NOS MERECEMOS ESTO"
Algunas de las personas desalojadas se concentraron el viernes a las puertas del edificio. Entre ellas, Paula Agustín que, en declaraciones a Europa Press Televisión, explicó que entre las 60 familias desalojadas hay muchos niños, personas minusválida y otras con problemas de respiración como ella. "Ahora yo tengo que buscar un sitio para enchufar los aerosoles", se quejaba.
Paula reconocía que aunque la mayoría de los okupas son tranquilos y formales, algunos "han venido de fuera a traer problemas". "Son gente que no conocíamos que nos han traído desgracias. Nos han tachado de narcotraficantes y nos han acusado de tener plantaciones. Pero en todos los pisos se cuecen habas. En todos los sitios se venden droga pero van siempre a los que menos tenemos. Pero dónde nos vamos ahora. Nos echan como perros. Tampoco nos merecemos esto. ¿Me voy debajo de un puente a vivir? No me han dejado sacar absolutamente nada", lamentaba.
La joven indicó también que el edificio pertenece a una persona que se fue a Brasil y a otra que "desapareció". "Entonces fueron metiéndose la gente. A mí mi casa la vendió una pareja diciendo que era un piso legal. Nos cobraron 200 euros por las llaves", apuntó.
Por otro lado, el vecino de un edificio colindante detalló que el inmueble okupado ha tenido cortes de luz por impago pero "luego se volvieron a reenganchar". "Ellos cuentan que tienen que vivir de las ayudas, algunos otros trabajan. Hay multitud de tipo de gente que vive aquí. Yo nunca tuve problemas con ellos. Pero sí ha habido algún problema de insalubridad", señaló.
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