La Audiencia Provincial Civil de Madrid ha dado luz verde a 41 familias de Carabanchel afectadas por la venta irregular de viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone para que puedan comprar los pisos por un precio de entre 60.000 y 80.000 euros, el mismo al que los adquirió Fidere.
Así consta en un sentencia, al que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados reconocen el derecho de los perjudicados a adquirir las viviendas al estimar el recurso presentado por el abogado Mariano Benítez de Lugo contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid, que denegó el pasado febrero la pretensión de los demandantes.
De este modo, la Sección acuerda estimar la demanda y declara haber lugar al ejercicio del derecho de retracto sobre las viviendas en las que al tiempo de la venta figuraban como arrendatarias las familias demandantes. Contra la sentencia, no cabe interponer recurso ordinario pero sí de casación o de infracción penal, por lo que no es firme.
"Les mandé un correo a las familias con el asunto 'Regalo de Navidad' y les dije; os mando el mejor regalo", ha comentado a Europa Press satisfecho el veterano letrado, Medalla de Honor del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y abanderado en la lucha judicial de las 1.860 familias afectadas por esta operación irregular que se fraguó y ejecutó en 2013, en la época de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella.
Benítez de Lugo, que defendió al PSOE en el conocido 'caso Guateque, lleva más de 150 demandas de inquilinos que quieren comprar sus viviendas al mismo precio que lo hizo el 'fondo buitre', por lo que cree que si esta resolución se hace firme sentaría jurisprudencia sobre este asunto.
También es el abogado que defiende a los afectados en el plano penal y cuya sentencia sobre la responsabilidad del exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé y el apoderado de Fidere Alfonso Benavides en la venta estaría a punto de conocerse.
La reciente sentencia se refiere al ámbito civil del caso, una esfera que incluso cobraría mayor relevancia que la penal al dar vía libre a los afectados para comprar las viviendas a un precio razonable.
En este caso, se trata del reconocimiento del derecho al retracto, una figura jurídica regulada por el Código Civil y que se refiere al derecho de una persona de quedarse con la cosa que una segunda persona ha vendido a un tercero, a cambio del mismo precio que hubiere pagado éste.
Arantxa Mejías, portavoz de la Asociación de Afectados por la venta de la EMVS y cuyas padres están inmersos en este proceso civil, ha subrayado a Europa Press que "si la sentencia acaba siendo firme se haría Justicia".
No obstante, ha recalcado que los perjudicados siguen "sosteniendo que son las casas más caras de la historia y que el Ayuntamiento de Madrid sigue saliendo airoso de las decisiones tomadas en el mandato de Ana Botella".
Los magistrados señalan en la resolución que no está probado "cuándo el letrado contacta con los demandantes y les traslada a cada uno de ellos el contrato de compraventa que les pemitiría conocer a todos las condiciones económicas concretas por las que se vendió las viviendas y permitirles así el derecho de retracto en plazo".
Al respecto, inciden en que "no se aporta prueba documental que refleje la recepción del documento de venta a los demandantes ni se aporta copia de las diligencias penales de las que se derive de forma indubitada dicha prueba".
JUSTICIA
La portavoz de los afectados espera que también se haga justicia en el ámbito penal y se condene a los únicos responsables que se sentaron en el banquillo de los acusados.
Al final del juicio, el Ayuntamiento de Madrid retiró su acusación al considerar que no existía responsabilidad penal sobre Fermín Oslé y Alfonso Benavides.
El fiscal Salvador Ortolá solicitó su absolución al no concurrir ninguno de los elementos del tipo de los delitos de los que se les acusa.
Ortolá criticó duramente que la prueba del juicio se hubiera enfocado en un "tinte melodramático" en lo relativo a la afectación social a los perjudicados por hacerse alusión por ejemplo a "suicidios", tal y como mencionó en su declaración la portavoz de las víctimas, Arantxa Mejías.
La acusación que ejerce Mariano Benítez de Lugo solicitó hasta ocho años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude. También pidió que se les condene por el artículo 289 del Código Penal.
Si (
No(
