Abren diligencias penales contra la plataforma logística de Villaverde por presunta prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid incoa diligencias previas al entender que la constructora Pavasal, la promotora BNP Paribas y el Ayuntamiento de Madrid como entidad responsable de las licencias administrativas pueden haber incurrido en un delito de prevaricación y contra el medio ambiente en las actuaciones relativas a la plataforma logística de Villaverde (PALM-40), ha informado la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) en un comunicado.

La denuncia fue presentada en julio ante la Fiscalía de Medio Ambiente por la FRAVM y la Plataforma Vecinal Usera-Villaverde contra la PALM-40. Destaca la Federación, que la constructora Pavasal "ha continuado las obras de la planta logística sin que el Ayuntamiento haya aprobado el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos acordado en Pleno".

La FRAVM y las asociaciones vecinales de Orcasur y Guetaria (Usera) y Los Hogares, La Incolora, San Nicolás y La Morada (Villaverde) decidieron acudir a la Fiscalía "después de advertir durante meses que Pavasal seguía ejecutando las obras de la planta logística a pesar de que el proyecto carecía de plan de movilidad y el Ayuntamiento no había aprobado el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos (PECUAU)".

Dicho plan fue abordado en el Pleno del 27 de marzo de 2019, cuando se estableció como requisito previo a la concesión de cualquier licencia de edificación o de actividad. Tal y como sostienen en su escrito los colectivos ciudadanos, "este hecho, que sigue sin ser enmendado, podría conllevar un delito de prevaricación y/o de prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio y el urbanismo".

La vecindad ha alertado de operaciones "de 2.000 vehículos diarios, entre camiones pesados y furgonetas, que conllevarían una grave incidencia sobre el medio ambiente y sobre la salud del vecindario" al generar "niveles inaceptables de ruido, polución y tráfico y, por lo tanto, afecciones en la salud", indicaban en la denuncia presentada ante la Fiscalía.

El proyecto además "carece de acceso directo a la autovía de circunvalación M-40, lo que obligará a los camiones y furgonetas de reparto a utilizar las calles de estos barrios provocando un aumento de la contaminación atmosférica y acústica y severos problemas de movilidad en el entorno".