Almeida acusa a Sánchez de dejar dormir a los refugiados en la calle

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de obligar a decenas de inmigrantes -entre ellos varias mujeres con niños pequeños- de tener que dormir en la calle a pesar de que el Ayuntamiento le ha ofrecido varios edificios municipales para alojarles. En concreto, Almeida ha cedido al Ministerio de Inmigración, que lleva la ministra Magdalena Valerio- la Residencia Nuestra Señora de la Paloma, sita en Cercedilla, y cuyo uso habitual es ser centro vacacional en los meses de verano, pero que ahora está inutilizado. Almeida ha instado a la ministro a hacerse cargo de un problema para el que el Ayuntamiento no tiene competencias pero qye las ha ido asumiendo por falta de actuación gubernamental.

El problema se ha acrecentado no solo porque cada vez hay más inmigrantes que llegan a España y no pueden pasar a otros países europeos, agravado por la llamada ordenanza de Dublin de la Unión Europea, por l que los pai´ses del centro y norte de Europa pueden devolver “en caliente” a los inmigrantes que llegan desde España, Italia, Grecia u otros países mediterráneos, puerta de entrada habitual de los inmigrantes africanos.

El seguimiento y el acompañamiento de los solicitantes de asilo depende del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, pero hasta que entran a formar parte de la red estatal o una vez son excluidas del sistema -como ocurre con los solicitantes devueltos por la aplicación de Dublín-, estas personas no tienen recursos ni lugar donde pasar la noche, por lo que se considera que están en una situación de emergencia social de la que el Consistorio no tiene más remedio hacerse cargo lo que ha provocado que se desborden los centros de ayuda no solo municipales -especialmente el Samur Social- sino también los que tienen centros religiosos como la parroquia de San Carlos Borromeo en Vallecas.

Gabriel San Miguel, director del Gabinete del concejal de Familias, José Aniorte, también apuntaba que la solución tiene que darla el gobierno: "Todas las familias son refugiados y en consecuencia deben ser atendidos por el Gobierno Nacional. Sin embargo, han sido atendidos y se les dará alternativa desde el Samur social".

Durante todo el verano se han repetido las escenas de madres inmigrantes -devueltas a España por otros países europeos- han tenido que dormir en la calle con sus hijos por falta de plazas en los albergues municipales y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha emplazado a la ministra Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, a "dar ya una respuesta rápida" a los solicitantes de asilo y refugio tras concluir ayer la cesión de un centro en Cercedilla ya que depende del Ministerio "proporcionar condiciones necesarias para que no duerman en la calle", algo que el Ayuntamiento "lleva haciendo sin que sea su competencia".

Otro problema que se ha ido agravando ha sido el de los llamados Menas, menores extranjeros no acompañados, de los que Almeida ha asegurado que "son una realidad a la que hay que dar respuesta desde la Administración", así como poner todos los medios para que los MENAS de los centros no generen problemas en el entorno donde se encuentran". P or contra la número dos de la candidatura de Errejón, Marta Higueras, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía y el defensor del Pueblo por los ataques ocurridos en Madrid a estos jóvenes que se encuentra en un centro de acogida que depende y gestiona la Comunidad de Madrid.

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso, formado por PP y Ciudadanos, han negado que la presencia de estos jóvenes tenga nada que ver con el aumento de la delincuencia en la zona como denuncian algunos vecinos y a los que ha respaldado Vox. Otro centro que aceptó el Ministerio, es el pabellón de la Casa de Campo ubicado en la Avenida de Portugal, que también podría utilizarse para este fin "una vez concluya la habilitación de las instalaciones, que depende del Ayuntamiento". En total se podrían habilitar cobijo para 285 personas. Otros cinco sitios propuestos por el Ayuntamiento, en concreto varios antiguos colegios, no han sido aceptado por el Ministerio ya que tendría que hacerse cargo de las obras necesarias. Una vez formalizada la cesión de los espacios por parte del Ayuntamiento, éstos se incorporarán al sistema de acogida de solicitantes de Protección Internacional de la secretaría de Estado de Migraciones, "que asumirá en su totalidad la gestión y los gastos derivados de su funcionamiento".

La solución seguirá siendo muy pobre ya que como ha avisado el Defensor del Pueblo el número de plazas de acogida ofertado "no es suficiente", teniendo en cuenta que los solicitantes de protección internacional superaban los 65.500, según datos del Ministerio del Interior a fecha 31 de julio de 2019. Según el propio Ministerio de Inmigración, el número de plazas del sistema de acogida es de solo 8.929 a fecha 22 de mayo de 2019 y en ellas se ha atendido a 13.214 personas. Además, el sistema de acogida ha atendido en el primer trimestre de 2019 a más de 7.000 personas en recursos de carácter provisional (primera acogida), en los que se garantiza la atención de las necesidades básicas de los solicitantes,y a otras 11.000 personas en la segunda fase de acogida que garantiza la cobertura de las necesidades básicas de los solicitantes.