Canal de Isabel II emprenderá "todas las actuaciones y acciones a su alcance para defender sus derechos y garantías" ante la medida impuesta por la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia, que ha ordenado la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de las acciones de Inassa en Triple A de Barranquilla, que ascienden al 82 por ciento del capital accionariado.
La empresa pública ha manifestado en un comunicado "su enorme preocupación" por las "consecuencias" que puedan derivarse de las medidas adoptadas por la Fiscalía de Colombia para "los servicios públicos esenciales" que su filial lleva prestando desde hace 17 años en el distrito de Barranquilla con "total eficiencia y responsabilidad".
Por ello, ha explicado que en los próximos días se acudirá ante un juez de control de garantías para solicitar defender los intereses de Inassa ante las medidas cautelares practicadas el día de ayer por la Fiscalía "con el fin de preservar sus derechos económicos y patrimoniales".
Canal de Isabel II ha señalado que las autoridades colombianas tuvieron conocimiento de las posibles irregularidades cometidas en su territorio tras la denuncia interpuesta por la misma empresa pública ante la Fiscalía General del Estado español y que dieron lugar a la instrucción del procedimiento 91/2016, la conocida como Operación Lezo, ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 en la Audiencia Nacional.
De ella, derivó la denominada Operación Acordeón en Colombia y en la que se enmarcan las actuaciones de ayer de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, ha explicado el Canal, en relación a esta última decisión.
Según explicó la Fiscalía en un comunicado, entre 2000 y 2017 se detectaron supuestos pagos fraudulentos a través de un "contrato de asistencia técnica" que habrían causado un daño patrimonial en la compañía Triple A cercano a 236.853 millones de pesos --unos 68 millones de euros--.
Además, según la Fiscalía, habría evidencias de "desviación irregular de recursos para beneficiar a terceros", algo que ha motivado la prohibición de salir del país a varios directivos, un total de ocho, cinco de ellos españoles, a los que ha impuesto también multas.
Canal reitera su "total colaboración, como ha venido haciendo hasta ahora", en la denuncia e investigación de las posibles responsabilidades en las que hubieran podido incurrir administradores y directivos colombianos y españoles en estos hechos, "así como la defensa férrea de cuantos derechos les asistan tanto a Inassa como a sus accionistas para proteger sus inversiones y demás intereses económicos y patrimoniales".
PSOE Y PODEMOS PIDE LA COMPARECENCIA DE ROLLAN
Los Grupos Parlamentarios de PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid han registrado este viernes la petición de comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Pedro Rollán, en Pleno y en Comisión, después de que la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia haya ordenado la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de las acciones de Inassa en Triple A de Barranquilla, que ascienden al 82 por ciento del capital accionariado.
En concreto, el diputado socialista Diego Cruz Torrijos ha sido el encargado de registrar la comparecencia en Pleno, en comisión y una pregunta para su respuesta oral en el Pleno al objeto de informar sobre las consecuencias para Canal de Isabel II del embargo por parte de la Fiscalía colombiana y sobre qué consecuencias puede tener para Canal el embargo.
En el caso de Podemos, el diputado Hugo Martínez Abarca también ha pedido que Rollán dé explicaciones en Pleno sobre las acciones que el Canal tenía en "triple A" através de la empresa Inassa. Así, le preguntará cómo va a aplicar el Gobierno autonómico el embargo por parte de la Fiscalía General de Colombia de las acciones que el Vanal II tenía en "Triple A" a través de Inassa y cómo valora la sentencia del juzgado de lo social número 35 de Madrid sobre el despido de María Fernanda Richmond.
"Vamos a preguntar al Gobierno por qué nosotros seguimos pagando el recibo del agua y el saqueo del Canal por la mala gestión del PP. Es intolerable que tengamos que pagar a quien nos ha robado y es una vergüenza que la Fiscalía de Colombia no se pueda fiar del Canal de Isabel II", ha criticado Martínez Abarca.
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