Un juez suspende un acuerdo municipal que quitaba ayuda a un anciano

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid ha decretado la "suspensión de la ejecutividad" de un acuerdo de Junta de Gobierno por la que se extinguía la ayuda social a una persona de la tercera edad procedente de la residencia 'San Pedro y Santa Rosa de Lima'.

El juzgado ha admitido, así, la petición del PP, que había reclamado esta suspensión como medida cautelarísima. Según los 'populares', el juez ha aceptado la decisión --que no es recurrible-- en menos de 48 horas y sin previa audiencia del Ayuntamiento porque la actuación recurrida podía tener "efectos perjudiciales en relación a la salud y situación de dependencia" de la persona.

El Consistorio ha explicado que existe "la imposibilidad legal del Ayuntamiento a la hora de subvencionar, como venía haciendo, las plazas en la residencia privada que gestiona 'Mensajeros de la Paz' por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Esta legislación determina, según el Ejecutivo local, que las Administraciones locales "no tienen competencias para conceder ayudas para el abono de plazas en residencias de la tercera edad".

LA LEY NO AMPARA LA AYUDA

Hasta el momento, la Corporación local pagaba a esta persona mayor la parte proporcional en una residencia privada de Pinto. "Ahora, la actual Corporación, advertida de que la Ley no ampara esa subvención, decide terminar con ella en Junta de Gobierno Local y buscar un acuerdo", han señalado fuentes municipales.

El alcalde de Pinto, Rafael Sánchez ('Ganemos Pinto'), ha exlicado que el Gobierno local "simplemente ha tratado de cumplir la ley y buscar un acuerdo positivo para las partes".

Al tiempo ha acusado a los 'populares' de utilizar de "forma partidista" casos como éste, "menos aún --ha precisado-- cuando se había encontrado una solución que no alteraba la situación en la que se encontraban las personas involucradas antes del 1 de enero de 2016".

Por su lado, la presidenta del PP pinteño, Miriam Rabaneda, ha declarado que "mientras que Podemos exige en la Comunidad de Madrid una Ley para la defensa de las personas mayores, el Gobierno municipal en Pinto desahucia a unos ancianos y les quita las ayudas sociales".