Convocadas por el colectivo Territorio Doméstico, empleadas de hogar se manifestaron el domingo en Madrid
Jueves 02 de octubre de 2014
El secretario de Economía de IU-CM, Eduardo Sánchez, ha exigido la equiparación del Régimen Especial del Empleo de Hogar (REEH) al Régimen General con el fin de acabar con la "fuerte" desregulación y precariedad laboral que sufren los empleados de este sector, en su mayoría mujeres, que tienen una protección legal menor que otras profesiones.
Convocadas por el colectivo Territorio Doméstico, empleadas de hogar se manifestaron el domingo en Madrid, desde la plaza de Jacinto Benavente a la Puerta del Sol, para denunciar las condiciones en las que trabajan, en muchas ocasiones sin un contrato laboral y soportando unos horarios que superan las doce horas diarias, sobre todo en el caso de aquellas personas que trabajan internas en una casa.
En un comunicado, Sánchez ha recordado que el contrato de servicio del hogar familiar no precisa forma escrita ni realizarse a través de la Oficina de Empleo, el horario de trabajo es fijado libremente por el empleador y, además, el empleo doméstico se incluye en un régimen especial de la Seguridad Social que tienen un grado de protección menor que el del Régimen General.
"Una de las situaciones clave de precariedad en las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, es que no tienen derecho al desempleo y así, pueden ser despedidas cuando los empleadores quieran prescindir de sus servicios con una indemnización de 7 días de salario por año trabajado, en vez de 45 días como el resto de los trabajadores", ha subrayado.
Sánchez ha incidido en que las mujeres, y sobre todo las inmigrantes, se ven afectadas por esta situación. "Las mujeres inmigrantes no encuentran reconocimiento de su título y formación, lo que les lleva a aceptar una serie de trabajos con unas condiciones que para las mujeres autóctonas no son aceptables", ha aseverado el secretario de Economía.
Asimismo, ha recalcado que el problema de la mayoría de las trabajadoras inmigrantes, y más en el caso de las que se encuentran en situación administrativa irregular, es que, al no cotizar regularmente a la Seguridad Social, ante accidentes o enfermedades se encuentran completamente desprotegidas.
"Las políticas antilaborales y las políticas restrictivas en materia de inmigración aprobadas por el PP y el PSOE, sitúan a miles de mujer en la informalidad, la falta de derechos laborales y la desprotección más absoluta", ha afirmado Sánchez, quien considera prioritario acabar con las situaciones que provocan la "alegalidad e ilegalidad" de los trabajadores de este sector.
Por todo ello, IU-CM ha propuesto que la Administración central asuma el tiempo de transición empleado para esta equiparación, al hacerse cargo del coste de la protección social dentro de sus políticas activas de empleo y de inserción socio-laboral, además de que dicha protección se ampliara a la cobertura por desempleo.
También ha reclamado que la expansión de derechos laborales llegue a todas las trabajadoras del hogar, al margen de su condición migratoria, la equiparación de las condiciones laborales y de protección social al resto de sectores, y el establecimiento de políticas de formación a las empleadas y facilitar el contacto entre el empleador y el empleado.
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