Aguirre dice que lo que molesta a Gallardón en Cañada Real es que se haya dado voz a los vecinos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, asegura que lo único que ha cambiado en los textos del anteproyecto de Ley que regulará la Cañada Real es la propuesta de la Comunidad de dar "participación" a los vecinos en el proceso, lo que parece "haber molestado" al Ayuntamiento de Madrid.

Así se ha expresado esta mañana la presidenta del PP, en una rueda de prensa posterior a la reunión de su Comité de Dirección Regional, preguntada por las acusaciones de sus compañeros en el Ayuntamiento de Madrid de haberles "engañado" al introducir cambios no pactados en la anterior reunión para intentar resolver el problema de la Cañada Real Galiana.

"Eso no es correcto", ha afirmado Aguirre, para explicar que la propuesta del Gobierno regional es que "lleguen a un acuerdo las Administraciones y sean los ayuntamientos los que califiquen los terrenos como les parezca oportuno".

Sí es cierto, ha señalado Aguirre, que se ha ampliado de uno a dos años el plazo al considerar que podía ser poco tiempo para que los ayuntamientos pudieran tomar decisiones.

"La única novedad es la de dar participación a los vecinos", que algunos cifran en torno a los 40.000, ha recordado Aguirre, y cada uno de los cuales con una historia dentro de la Cañada.

"A lo mejor es eso lo que les ha molestado: que los afectados puedan participar en este proceso", que aún no ha comenzado, ha dicho Aguirre, quien ha valorado el apoyo de los socialistas al texto que seguirá su trámite habitual, del CES al Consejo de Gobierno, y de ahí, a la Asamblea.

Aguirre cree que "a lo mejor está mal redactada, pero lo que busca es acabar con la hipocresía del uso ganadero, del tránsito de ganado, y reconocer que allí no lo hay desde hace más de cincuenta años".

Desde su punto de vista, es "vergonzoso" que exista en Madrid un problema como el de la Cañada Real, en una región "líder" en Europa.

"Parece que la Comunidad quiere obligar a algo, cuando lo que se hace es dar total potestad a los ayuntamientos: que quieren hacer zonas verdes y echar a todo el mundo, pues lo harán, nosotros no vamos a decir que no", ha concluido.

Los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada aseguraron ayer que se sienten "engañados" por el Gobierno regional porque en el anteproyecto de Ley de la Cañada Real ha introducido un punto que no estaba en el acuerdo que alcanzaron el pasado 7 de julio y que permite que en un plazo de dos años se pueda llevar a cabo la venta del suelo ocupado sin haber solucionado el tema de los realojos.

Por ello han considerado "roto" el acuerdo, y han exigido a la presidenta de la Comunidad que modifique o retire el anteproyecto y convoque la mesa de negociación.

Para la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, las declaraciones que hizo ayer la concejala responsable en el Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, son "barbaridades insólitas" y demuestran muy poca lealtad institucional.

Opina la consejera que a los responsables de los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid "les ha dado miedo verse de frente con la realidad" y, en concreto, sobre Pilar Martínez y Alberto Ruiz-Gallardón alega que en sus años en el Gobierno autonómico "podían haber hecho algo".

Mariño ha hecho estas reflexiones a los periodistas al término de la rueda de prensa ofrecida por Aguirre, a la que acompañaron tanto Mariño, como la vicesecretaria del PP, Gádor Ongil, y el secretario de Comunicación, Juan José Güemes.

"El problema es que se ha ido tolerando todo" en la cañada durante "años", ha agregado Mariño, quien afirma que la intención de la Comunidad es "resolverlo de una vez: nosotros sí queremos que esto salga para adelante".

"Pero es más cómodo arrasar: hago todo zona verde y (a los vecinos) los realojo", ha manifestado antes de resumir que la posición del Ayuntamiento de Madrid "es una frivolidad y una falta de rigor de los compañeros".

Desde el PSM, su secretario general, Tomás Gómez, espera que la Comunidad y los ayuntamientos afectados lleguen a un acuerdo que introduzca "alguna mínima modificación" en el anteproyecto de ley de la Cañada Real, aunque la decisión de su Grupo es apoyar el texto aprobado por el Gobierno regional.

"En principio no hay dificultad con el Gobierno autonómico" en este asunto, ha asegurado a Efe el secretario general de los socialistas madrileños, que comprende no obstante que Madrid, Rivas y Coslada "están defendiendo posiciones municipales que ellos entienden que son beneficiosas para sus ayuntamientos".

Gómez ha declarado que el Grupo Socialista de la Asamblea, "después del trámite parlamentario preceptivo en el que probablemente se pueda mejorar algún aspecto del anteproyecto de ley presentado, y en ese sentido vamos a trabajar, apoyaremos una ley que sin duda es un instrumento importante en el que ya se incluye hacer toda una hoja de ruta de carácter social".

A su juicio, "hay voluntad de diálogo por parte de los ayuntamientos, me consta, hay voluntad de diálogo o espero que haya voluntad de diálogo por parte de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, espero que en las próximas horas o días se llegue también a un acuerdo entre las instituciones afectadas".

Para el PSM, la solución a este "problema histórico" e "indigno en un Madrid del siglo XXI" debe llegar "cuanto antes mejor" si no "inmediatamente".

Recordemoss que los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada manifestaron sentirse "engañados" por el Gobierno regional y exigieron a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que modifique o retire el anteproyecto de Ley de la Cañada Real y convoque la mesa de negociación para retomar el acuerdo del pasado 7 de julio.

Si la Comunidad no atiende esta petición y sigue adelante con la tramitación de la ley tal y como salió del Consejo de Gobierno el pasado 23 de julio, los ayuntamientos, que a día de hoy consideran "roto" el acuerdo, no descartan acudir a la justicia y desde luego no piensan autorizar ningún aprovechamiento urbanístico en esos terrenos.

Así lo manifestó la delegada madrileña de Urbanismo, Pilar Martínez, el alcalde de Rivas, José Masa, y un representante del Ayuntamiento de Coslada al Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad, cuya representación sindical ha anunciado después que ahora llamará a la Delegación del Gobierno, quinta pata del acuerdo, para conocer su opinión.

Según expñlicaron Martínez y Masa en declaraciones a la prensa, el problema radica en que el Gobierno autonómico ha introducido en el anteproyecto una alteración en el orden del proceso que iba a dar solución al problema de la Cañada Real: en vez de abordar primero el problema social y después desafectar el suelo, se podrá hacer al contrario.

Aunque el acuerdo era "absolutamente claro, concreto y preciso", según Masa, los ayuntamientos aseguran que el ejecutivo autonómico ha introducido un punto cuarto al artículo 3 que permite que en un plazo de dos años se pueda llevar a cabo la venta del suelo ocupado sin acuerdo social previo, es decir, sin una solución a los realojos de los habitantes de la Cañada que puedan tener derecho a ello.

Martínez ha advertido de que ese punto que en principio "puede parecer inocuo", en realidad "agrava el problema de ocupación ilegal de un bien de dominio público" y puede "asentar" en la Cañada Real actividades ilegales como la venta de drogas -o incluso de armas, como ha sugerido Martínez dentro de la reunión, según han indicado a Efe fuentes sindicales-.

Los tres ayuntamientos están de acuerdo en que así, las administraciones perderán el control de la situación incrementándose las disputas jurídicas con los nuevos propietarios del suelo y se abrirá la puerta a que los clanes de la droga, a través de personas interpuestas, se asienten en la zona con títulos de propiedad manteniendo un tipo de asentamientos marginales favorables para su negocio.

Masa ha resumido así su opinión: "ahora mismo Esperanza Aguirre, desde la irresponsabilidad, pone en riesgo y en dificultad la solución del problema de los que menos tienen y el problema de que la Cañada Real se convierta todavía en algo muchísimo más peligroso desde el punto de vista social, de la exclusión".

Para "volver a la cordura y al sentido común", la delegada madrileña defiende retornar a la "hoja de ruta acordada" y seguir su orden: aprobar la ley en los términos pactados con los Ayuntamientos; elaborar el censo y analizar la situación social de cada familia; alcanzar un acuerdo social entre las administraciones; hacer los cambios en la ordenación urbanística que procedan; y, "sólo entonces", desafectar.

Para impedir que se produzca lo que Masa ha llamado hoy "tropelía", los ayuntamientos ya avisan a los potenciales compradores del suelo de la Cañada Real de que ejercerán la totalidad de sus competencias urbanísticas sin consentir ningún tipo de "especulación", no modificarán la calificación del suelo y dejarán todo ese espacio como zona verde especialmente protegida.

"Si Esperanza Aguirre lleva esta tramitación de ley hasta el final la gente sólo comprará zonas verdes", ha puntualizado el alcalde de Rivas.