Aguirre considera que se han dado los pasos adelante para acabar con el lastre de Cañada Real

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha dicho que las Administraciones implicadas en la Cañada Real han "dado pasos adelante" para acabar con "una instalación ilegal" que representa "un lastre y un balde" para la Comunidad y un foco de conflictividad social, exclusión y muchas veces, de delincuencia.

Aguirre ha hecho hoy estas declaraciones tras una entrega de llaves de viviendas protegidas, donde se ha referido al preacuerdo alcanzado ayer por la Comunidad, la Delegación de Gobierno y los Ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada que puede suponer el fin de más de 25 años de negociaciones para legalizar la Cañada Real, una vía pecuaria donde viven 40.000 personas.

Fuentes de la Comunidad han comentado que existe "cierto malestar" en el Gobierno regional respecto a las repercusiones de la reunión de ayer y al hecho de que se le esté dando "una utilización política" al asunto por parte de algunos partidos y administraciones implicadas cuando, aseguran, el "liderazgo" en este tema lo ostenta la Comunidad de Madrid.

Mientras tanto, la presidenta ha pedido cautela pues, aunque considera que se ha avanzado en la solución al problema de la Cañada Real, opina que, por ahora, "no hay que echar las campanas al vuelo".

Ha dicho además que las negociaciones entre las administraciones implicadas "van por el camino de acabar con la ficción, la falsedad" y la "hipocresía de decir que la Cañada Real era un paso de ganado" cuando "desde hace 40 o 50 años por lo menos", por allí no pasan animales.

Ahora, ha indicado, les toca actuar "urbanísticamente" a los ayuntamientos afectados (Rivas, Coslada y Madrid) "cada uno en su territorio" y a las administraciones, en general, acometer "las medidas sociales que sean necesarias" para integrar a las personas que viven ilegalmente en la Cañada "y sacar a muchas de ellas de la indigencia, de la exclusión y muchas veces, de la delincuencia".

Según Aguirre, una Comunidad "de vanguardia" como Madrid que es "la número uno de España económicamente y una de las primeras de Europa" no podía permitirse un "lastre" como, en su opinión, ha sido desde hace años la Cañada Real para la región.

Por ello, ha recordado que hace tiempo se comprometió a presentar un proyecto de ley, "fruto del consenso entre las distintas Administraciones, los Ayuntamientos afectados y los distintos grupos políticos" para resolver los problemas de la Cañada Real que "muchas veces tienen su raíz en la ilegalidad de las viviendas" que allí se encuentran.

Fuentes de la Comunidad han explicado que la reunión que se celebró ayer sobre este asunto es una más de las que han mantenido últimamente la Comunidad, la Delegación del Gobierno y los Ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada para buscar una solución a la Cañada Real.

En el encuentro de ayer, según las mismas fuentes, las citadas administraciones participantes aceptaron desafectar el tramo de la Cañada Real Galiana que pasa por los tres municipios, lo que permitirá legalizar la situación de los residentes que acrediten que viven en esa zona desde hace bastante tiempo.

La Comunidad se hará cargo de la Cañada como bien patrimonial, en tanto que los Ayuntamientos decidirán qué hacer con la parte de terreno que le corresponde e incluso, se les permitirá vender suelo y crear zonas verdes.

El acuerdo se plasmará en un anteproyecto de Ley que deberá aprobar el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (lo que probablemente ocurra en la reunión de mañana o del próximo jueves, según fuentes de la Comunidad) para posteriormente enviarlo a la Asamblea de Madrid para su aprobación definitiva.

Por otra parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, ha enviado esta mañana una carta a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en la que le pide una "reunión a la mayor brevedad" para "poner en común" sus "análisis" y "propuestas" en relación con la Cañada Real Galiana.

En declaraciones en el Parlamento madrileño, Menéndez ha dicho que los socialistas "saludan" el preacuerdo alcanzado ayer por la Comunidad, la Delegación de Gobierno y los Ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada, pero ha hecho hincapié en que para el PSOE "la solución urbanística no es la prioritaria, sino que hacen falta respuestas sociales y medioambientales" para la Cañada.

A su juicio, el preacuerdo de ayer supone la "posibilidad de establecer un acuerdo basado en un amplio consenso político, social e institucional, para resolver una de las situaciones más graves y lacerantes de esta región", pero ese acuerdo debe contemplar medidas desde una perspectiva "integral".

En su carta, Menéndez recuerda a Aguirre que los socialistas registraron el pasado 3 de julio una proposición de ley para abordar los problemas de la Cañada, que incluía la elaboración de un "plan de actuación integral que contemple soluciones y compromisos en aspectos sociales y medioambientales, no sólo urbanísticos".

"Estamos de acuerdo con la desafectación parcial (de la Cañada Real), pero eso no puede ser un fin en sí mismo, sino un instrumento para una solución solidaria, integral y compartida", ha subrayado la portavoz, tras apelar reiteradamente al "consenso" para resolver este asunto.

También ha recordado que, en su propuesta, los socialistas establecen la elaboración en un plazo de seis meses de un "plan de choque para garantizar las condiciones básicas de salubridad" de la Cañada, ya que el "complejo" proceso la transformación de la zona puede prolongarse "cuatro años o más", ha advertido.

Ecologistas en Acción ha manifestado hoy su rechazo a la conversión en suelo urbano de la Cañada Real y culpan a las administraciones de sembrar un "peligroso precedente" que "respalda" las ocupación ilegal del dominio público.

La organización ha criticado el preacuerdo alcanzado ayer por la Delegación del Gobierno, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada, para desafectar o "hacer desaparecer" 14,2 kilómetros de la histórica Cañada Real Galiana.

Recuerdan que esta vía es una de las nueve vías pecuarias más importantes de España, de las que hoy en día sólo quedan 80.000 kilómetros de los 125.000 que llegó a tener la península.

Los ecologistas, a través de un comunicado, han acusado a las cinco administraciones implicadas de "quererse quitar el muerto de encima" con la conversión a urbano de este suelo no urbanizable protegido con "gran valor histórico, cultural, ambiental y social".

Temen que con esta iniciativa se respalde a "los profesionales de la ocupación ilegal del dominio público" y piden por ello "mano dura contra los ladrones que han ido ocupando la Cañada sin necesitarlo".

En cuanto a los sectores más desfavorecidos que ocupan esta vía pecuaria, la solución es, según los ecologistas, el acompañamiento social y la búsqueda de realojo.

Asimismo, han sugerido que por el contrario, a esta franja que discurre paralela al Parque Regional del Sureste, se le dé un uso para la mejora ambiental.