• El secretario general de Partido Popular Valenciano, Ricardo Costa, "indignado" por la imputación de Garzón
• El actual alcalde de Majadahonda rompió con las empresas del caso Gürtell cuando sustituyó a Guillermo Ortega
El alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, del PP, ha anunciado su dimisión y ha solicitado a la dirección del partido la "suspensión cautelar" de su militancia tras figurar entre los imputados en la presunta trama de corrupción que investiga en el juez Baltasar Garzón.
En una declaración escrita, Sepúlveda niega "todas las imputaciones" recogidas en el auto de Garzón hecho público en la tarde de ayer.
"Todas las imputaciones que se vierten (en el auto) son radicalmente falsas, carecen del menor fundamento y se refieren a indicios falsos que la propia Fiscalía Anticorrupción ha rechazado por inconsistentes en relación a otros imputados", afirma Sepúlveda en el escrito.
Explica que con el objetivo esencial de que la defensa de su honorabilidad que ahora debe llevar a cabo no perjudique al PP "he solicitado voluntariamente a la dirección del PP la suspensión cautelar de mi militancia hasta que se aclare la situación actual".
Asimismo, con la finalidad de dejar al margen al Ayuntamiento de Pozuelo, a todos sus vecinos y "por coherencia personal con lo que siempre he pensado y defendido durante toda mi trayectoria política, anuncio que presento mi dimisión como alcalde de Pozuelo de Alarcón", recoge la declaración.
Por su parte, el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, del PP, también ha anunciado su dimisión como primer edil y como miembro de la corporación municipal, así como la suspensión voluntaria de militancia del PP, tras su imputación en el 'caso Gürtel' por parte del juez Baltasar Garzón.
López ha hecho este anuncio en una conferencia de prensa que ha ofrecido esta mañana en el Ayuntamiento de Arganda, en la que ha denunciado que ha conocido su imputación a través de los medios de comunicación, algo "inadmisible en un Estado de Derecho" y que le sitúa en "una situación de indefensión".
El hasta ahora alcalde comunicó oficialmente su decisión a la corporación municipal en un pleno extraordinario que se ha celebrado a mediodía, y ha negado "rotundamente" haber realizado "jamás" situación alguna que pueda situarse fuera de la más estricta legalidad.
Ha asegurado que desconoce totalmente "los hechos vertidos en informaciones de diversos medios de comunicación y en el auto dictado anoche" por el juez Baltasar Garzón.
"Mis únicos intereses en mi etapa pública han sido siempre defender los derechos de los ciudadanos de Arganda y trabajar por la defensa de los valores que hagan una sociedad mejor y más justa", ha afirmado.
"Confío plenamente en la Justicia, poniéndome a su total disposición para aclarar las falsas acusaciones que se me imputan", ha añadido López, quien ha dicho que así demostrará "la honestidad y la transparencia" con la que siempre he actuado y con la que ha exigido que se actúe bajo su responsabilidad.
López ha aclarado que ha solicitado voluntariamente a la dirección regional del PP de Madrid la suspensión cautelar de su militancia "en tanto en cuanto se aclare la situación actual", con la finalidad de "dejar al PP al margen" de la defensa de su honorabilidad, que se ve obligado a llevar a cabo.
Ha relatado que dimite como alcalde y como miembro de la corporación municipal "con la finalidad de dejar completamente al margen" a una institución a la que representa y a la que quiere, además de "por coherencia personal" con lo que siempre ha defendido.
La presidenta regional y presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, ha afirmado que con estas decisiones los dos imputados pretenden "demostrar su inocencia" y ha afirmado que en el PP "respaldamos absoluta y totalmente" su decisión de justificar que no están implicados en el caso.
Recordemos que el juez Baltasar Garzón ha pedido a los tribunales superiores de Justicia de Madrid y de Valencia que asuman la investigación de la trama dirigida por Francisco Correa, de la que dice que se gestó a partir de la relación de éste con dirigentes nacionales del PP que trabajaban en la sede central del partido.
El magistrado de la Audiencia Nacional hace esta afirmación en los autos en los que detalla los indicios de la implicación en la supuesta trama de corrupción del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, del secretario general del PP en esta Comunidad, Ricardo Costa, y de los diputados autonómicos madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.
Además, Garzón ha notificado un tercer auto en el que suma a los 37 imputados hasta la fecha a los alcaldes de las localidades madrileñas de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda; así como a otras cuatro personas, a las que interrogará el próximo día 18 porque, mientras los TSJ de Madrid y de Valencia no acepten el caso, él seguirá practicando diligencias.
Garzón asegura que la organización de Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del PP a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de dicho partido sita en la calle Génova de Madrid y que convirtieron a su empresa Special Events en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política".
El presunto líder de la trama desarrolló "un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público" facilitaban la entrada de sus empresas en la Administración que gobernaban.
El magistrado añade que, para ganarse el favor de los políticos, Correa entregaba "dádivas" de todo tipo, "desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos".
El sistema funcionó entre 1996 y 2004, cuando los cambios en la dirección del PP se tradujeron en la desvinculación del partido de las empresas de Correa, que trasladó sus actividades a Valencia, para lo que creó una sociedad -Orange Market- cuyo responsable, Álvaro Pérez, "El Bigotes", tenía "buenas relaciones" con personas que ocupan cargos de responsabilidad en el PP y en la Generalitat.
Así, entre 2006 y 2009 Orange Market ha obtenido la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo (FITUR, TCV, Expovacaciones, Sitc e Intur) por un importe total de 4.148.595 euros.
En ese periodo de tiempo, y según los datos que obran en la causa, Orange Market ha pagado 12.783 euros por diversas prendas de vestir adquiridas por Francisco Camps, entre ellas un smoking confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano.
Sobre Ricardo Costa, el juez afirma que compró ropa por un importe de 7.325 euros pagados por Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, todas de Correa.
Pero, además, Garzón revela indicios de una presunta financiación ilegal del partido a partir de unos apuntes en la contabilidad "B" de la trama que reflejan un ingreso de un millón de euros de procedencia desconocida de los que 420.000 euros se destinan "hacia el Partido Popular de Valencia".
"No existe lógica en dicho traspaso, ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones", dice el auto.
Además de a Camps y a Costa, el juez ha pedido al TSJ valenciano que investigue por cohecho y tráfico de influencias al ex vicepresidente de la Generalitat y ex conseller de Justicia y Administraciones Públicas, José Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, que también habrían adquirido ropa pagada por empresas de Correa.
En cuanto a la parte "madrileña" de la trama, Garzón sostiene que los diputados autonómicos López Viejo, Bosch y Martín Vasco hicieron operaciones con Correa por un valor de 1.250.728 euros y los seis nuevos imputados por 3.297.566 euros.
Estos últimos, además de los alcaldes de Arganda y Pozuelo, son el director general de Gestión Urbanística de Boadilla (Madrid), Tomás Martín, el ex diputado autonómico Clemente Aguado -que fue asesor del ex ministro de Justicia José María Michavila- y los ex ediles de Boadilla y Estepona (Málaga) José y Ricardo Galeote, padre y hermano, respectivamente, del eurodiputado del PP Gerardo Galeote.
Según Garzón, López Viejo, que dimitió recientemente de su cargo de consejero de Deportes en el Gobierno regional, benefició "en diferentes eventos" a la organización de Correa "a cambio de entregas de dinero", mientras que Martín Vasco intermedió para que la constructora Martinsa -"que habría pagado comisiones a Correa por esta labor"- obtuviera adjudicaciones de obras en Boadilla.
De Bosch dice que "es una persona próxima a Correa" y que éste le habría pagado por mediar para que la empresa Hispánica obtuviera la adjudicación del proyecto de construcción de una ciudad deportiva en Boadilla.