La Comunidad aprueba 34 millones para la Justicia gratuita en 2009

La Comunidad de Madrid ha aprobado un gasto de 34 millones de euros para la Justicia gratuita en 2009, que incluye el turno de oficio, la asistencia letrada, la tramitación de expedientes y gastos de infraestructuras.

El Consejo de Gobierno ha abrogado una partida de 30,8 millones de euros como ayuda para el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid destinada a sufragar estos gastos.

También acordó aprobar un importe de 3,1 millones de euros para el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales dirigido a la prestación de asistencia jurídica gratuita, según informó el vicepresidente y portavoz, Ignacio González.

González explicó que el ejecutivo madrileño está realizando un importante esfuerzo financiero para dotar de la mayor calidad posible la prestación de este servicio a las personas más desfavorecidas de la región como son la población inmigrante, las víctimas de violencia de género o los trabajadores por cuenta ajena, tres de los principales grupos beneficiarios de la justicia gratuita, junto con ciudadanos con escasos recursos económicos.

Para facilitar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la justicia gratuita, el Ejecutivo regional lo presta a través de la Red Regional de Oficinas Judiciales Locales y de Distrito, integrada actualmente por 34 sedes.

A través de estas sedes, los ciudadanos pueden resolver sus dudas acerca de problemas jurídicos, solicitar el reconocimiento de este derecho, así como recabar información sobre los requisitos necesarios para su obtención, y el auxilio técnico y material para cumplimentar el impreso de solicitud.

La asistencia jurídica gratuita se enmarca dentro del traspaso de funciones efectuado por el Ministerio de Justicia a la Comunidad de Madrid.

Este traspaso otorgó a la Administración autonómica la competencia del reconocimiento de este derecho y la gestión de las subvenciones en este ámbito con cargo a sus dotaciones presupuestarias para la prestación del mencionado servicio por los colegios de abogados madrileños, en este caso, el de Alcalá de Henares y el de Madrid.