La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia presentada por el general de División de la Guardia Civil en la reserva, Fernando Mora, contra el teniente general Luis del Castillo. La denuncia se refería a una orden recibida para no acudir al acto del Día de la Comunidad de Madrid, celebrado el 2 de mayo de 2025 y presidido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
El auto del Tribunal Supremo, fechado el 21 de julio, rechaza la denuncia de Fernando Mora contra Luis del Castillo por presuntos delitos de abuso de autoridad, trato degradante y humillante, amenazas, coacciones, injurias y calumnias. Los magistrados destacan que la denuncia se presentó más de un año después de los hechos, ocurridos el 30 de abril de 2025, lo que genera dudas sobre la oportunidad y motivación de la denuncia.
El Tribunal expone que el denunciante realizó una llamada telefónica a su superior, durante la cual decidió grabar la conversación usando el teléfono de su esposa en modo manos libres. En esa grabación se reflejan expresiones y un vocabulario que los magistrados califican como "fuera de todo lugar".
Según la Sala Quinta de lo Militar, lo ocurrido fue un intercambio de mensajes a través de la aplicación Whatsapp, motivado por la negativa de Fernando Mora a excusarse sin motivo para no acudir al acto del Dos de Mayo. El tribunal concluye que el teniente general jefe del Mando de Operaciones no incurrió en delito alguno, ya que simplemente comunicó la orden que había recibido.
El auto señala que la llamada de Fernando Mora pudo ser considerada como inadecuada, impertinente e irrespetuosa al cuestionar la decisión del Ministerio del Interior de impedir su asistencia al acto. Por otro lado, aunque las expresiones empleadas por Luis del Castillo pueden calificarse de groseras, chabacanas y soeces, el tribunal las enmarca en un contexto de familiaridad y confianza entre compañeros.
Este caso pone de manifiesto las tensiones internas dentro de la Guardia Civil en relación con órdenes y protocolos para actos oficiales, en este caso vinculados a la Comunidad de Madrid y su presidenta Isabel Díaz Ayuso. La decisión del Tribunal Supremo de archivar la denuncia refuerza la interpretación de que la comunicación entre los altos mandos, aunque áspera, no constituyó delito.
Además, el retraso en la presentación de la denuncia y la naturaleza de los intercambios evidencian la complejidad de las relaciones jerárquicas y la gestión de conflictos en el ámbito militar y policial.