El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia que avala la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) para la normalización de la situación en Cataluña, estableciendo que esta norma no choca con el Derecho de la Unión Europea. Sin embargo, el Partido Popular (PP) ha advertido que este fallo no se pronuncia sobre toda la Ley de Amnistía ni pone fin al debate político y social que rodea a esta cuestión.
La Gran Sala del TJUE, presidida por Koen Lenaerts, respondió a dos de las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el Derecho de la Unión Europea. En sus sentencias vinculantes, el tribunal concluyó que la LOA no se opone al Derecho de la UE y que su objetivo es reducir tensiones institucionales y políticas, facilitando un escenario de reconciliación.
El fallo se limita a resolver dudas concretas sobre aspectos específicos del Derecho europeo y no examina la constitucionalidad ni la oportunidad política de la Ley. Además, el Abogado General había descartado previamente la existencia de una "autoamnistía" o un impacto en intereses financieros de la UE.
El PP ha subrayado que la sentencia del TJUE no aborda toda la Ley de Amnistía y que el debate no finaliza con este fallo, ya que no es únicamente jurídico. Según fuentes del partido, la resolución europea es un paso más dentro de un proceso judicial largo, y serán los tribunales españoles quienes apliquen esta sentencia en sus decisiones.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que el Gobierno intente presentar esta sentencia como el cierre del debate, cuando para el partido la cuestión central es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria, algo que consideran inaceptable.
Fuentes del PP han insistido en que "ningún presidente debe cambiar poder por impunidad" y que hacerlo contra la voluntad de los españoles es moralmente inaceptable, en alusión directa a Pedro Sánchez.
El PP también ha hecho hincapié en que la sentencia no absuelve la "gravísima irresponsabilidad" cometida por el separatismo y que la responsabilidad política de los líderes independentistas sigue vigente. Aseguran que, diez años después, Cataluña aún intenta recuperarse de un proceso que califican de "tóxico".
En contraposición, el PP ha reafirmado su compromiso con el proyecto presentado en el Congreso del partido en Cataluña, que busca abrir un nuevo tiempo centrado en las necesidades reales de los catalanes, como más vivienda, más médicos, menos impuestos y mayor seguridad.