UGT y CCOO destacan la importancia de la reforma de la Ley de Dependencia para profesionalizar el sector, garantizar servicios de calidad y reducir listas de espera, evitando depender del cuidado familiar.
La reciente votación en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre la reforma de la Ley 39/2006, que promueve la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, ha suscitado reacciones significativas por parte de los sindicatos UGT y CCOO. La propuesta ha sido remitida al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
Aunque ambos sindicatos han valorado positivamente la inyección de más de 2.200 millones de euros a través del Real Decreto-ley 17/2026, lo que representa una financiación extraordinaria sin precedentes para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), advierten que el verdadero éxito de esta inversión dependerá de su capacidad para reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales del sector.
Los sindicatos subrayan que esta decisión política es una respuesta a una demanda histórica para fortalecer el Estado del Bienestar. Sin embargo, insisten en que debe consolidarse como un compromiso presupuestario estable, destinado a garantizar una cobertura completa para las personas dependientes, preferentemente mediante servicios profesionales de calidad.
Tanto UGT como CCOO consideran crucial que la reforma refuerce la profesionalización en el ámbito del cuidado, tal como se establece en el artículo 18 de la LAPAD original. Este artículo señala que la atención debe ser proporcionada principalmente a través de servicios públicos, reservando las prestaciones económicas familiares solo para situaciones donde no sea posible acceder a estos servicios.
Esta distinción no es meramente técnica; es fundamental para asegurar que el cuidado familiar no sustituya al desarrollo necesario de una red pública robusta y efectiva. Después de dos décadas desde la implementación inicial, se espera que esta red ofrezca respuestas adecuadas a todas las personas en situación de dependencia y sus familias.
Desde los sindicatos se reconoce la diversidad en las realidades familiares actuales, pero advierten contra normalizar el cuidado no profesional como una alternativa viable al servicio profesional. En cambio, este último debería ser visto como un recurso prioritario, promoviendo así más empleo cualificado y mejor remunerado en el sector.
El déficit actual de profesionales capacitados en cuidados prolongados es alarmante. Transformar el cuidado familiar en un acceso al sistema sin asegurar atención profesional podría agravar aún más la precariedad laboral existente y comprometer la calidad del servicio ofrecido. Por ello, UGT y CCOO hacen un llamado urgente a crear empleo profesional calificado como parte integral de esta reforma.
Ambos sindicatos reiteran su compromiso con el diálogo social y abogan por un fortalecimiento real del SAAD, advirtiendo que los cuidados no deben seguir basándose en el trabajo invisible realizado por familias—especialmente mujeres—mientras se retrasa la creación de un sector profesional sólido y reconocido.
Finalmente, instan a todos los grupos parlamentarios a garantizar una reversión inmediata de los recortes relacionados con el copago vigentes desde 2012 y establecer un marco regulatorio común que beneficie a todos los beneficiarios del sistema.
UGT y CCOO destacan que la reforma debe centrarse en la profesionalización del sector de cuidados, asegurando que los servicios profesionales sean la opción prioritaria para atender a las personas en situación de dependencia, en lugar de depender del cuidado familiar.
El incremento de más de 2.200 millones de euros por parte del Estado es visto como una oportunidad para mejorar la calidad del empleo en el sector, reducir listas de espera y garantizar una atención adecuada a las personas dependientes, siempre que esta inversión se traduzca en un aumento real de los servicios profesionales.
La dependencia del cuidado familiar, mayoritariamente realizado por mujeres, perpetúa su invisibilización y falta de derechos laborales. UGT y CCOO advierten que esto no debe normalizarse como una opción equivalente al servicio profesional, ya que compromete tanto la calidad de atención como los derechos laborales de estas cuidadoras.