El nuevo Proyecto de Real Decreto sobre el Distintivo de Igualdad en las empresas ha generado controversia al cambiar la representación de los trabajadores de requisito obligatorio a criterio valorativo, lo que podría afectar la equidad laboral.
El reciente Proyecto de Real Decreto (PRD) que regula el Distintivo «Igualdad en la Empresa y por una Sociedad Libre de Violencia de Género» ha suscitado una fuerte controversia entre los sindicatos CCOO y UGT. Ambas organizaciones han expresado su preocupación por la modificación que convierte la declaración de apoyo de la Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLPT) en un criterio de valoración, en lugar de mantenerlo como un requisito obligatorio.
Los sindicatos han señalado que este cambio es inexplicable y carece de justificación. En el preámbulo del PRD se argumenta que la modificación busca facilitar la presentación de solicitudes para diversas empresas, pero CCOO y UGT sostienen que esto socava el equilibrio necesario en las relaciones laborales, donde la RLPT juega un papel crucial en la defensa de los derechos colectivos.
A pesar de que el Distintivo tiene como objetivo reconocer la excelencia en materia de igualdad y prevención de violencia contra las mujeres, su nueva regulación podría desvirtuar su esencia. Los beneficios asociados al distintivo, como ventajas en contratación o reputación empresarial, dependen en gran medida del compromiso real con estas causas. Sin embargo, al eliminar el carácter obligatorio del apoyo por parte de la RLPT, se corre el riesgo de diluir estos compromisos.
El Consejo Económico y Social también ha emitido un dictamen crítico sobre esta modificación, indicando que no se ha explicado adecuadamente el cambio propuesto ni su relación con las cargas administrativas para las empresas. Este consejo destaca que contar con el respaldo de los órganos representativos del personal no debería considerarse una carga, sino una parte integral del proceso.
En respuesta a estas preocupaciones, Carolina Vidal, secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, junto a Lola Navarro, vicesecretaria general de UGT, han enviado una carta a la ministra Ana Redondo solicitando que se mantenga la obligatoriedad del apoyo por parte de la RLPT. Esta acción refleja el firme compromiso sindical por preservar los derechos laborales en un contexto donde las políticas públicas deben garantizar efectivamente la igualdad y prevenir cualquier forma de violencia.
Las principales preocupaciones giran en torno a que la declaración de apoyo de la Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLPT) se convierte en un criterio de valoración y deja de ser un requisito obligatorio. Esto podría debilitar la representación y derechos laborales, según CCOO y UGT.
El Distintivo busca reconocer la excelencia en materia de igualdad y prevención de violencia contra las mujeres, ofreciendo beneficios como mejoras en contratación, reputación, publicidad y participación en plataformas institucionales.
El Consejo ha señalado que no se justifica adecuadamente la reducción del papel de la RLPT, considerando que su apoyo debería ser un requisito fundamental y no solo un criterio valorable. Critican que el cambio podría tergiversar los objetivos del Distintivo.